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Díez y Romeo analiza las claves de la comercialización conjunta de derechos del fútbol

Por Jaime Rodríguez Díez

El bufete de abogados Díez y Romeo analiza las características del nuevo sistema de comercialización conjunta de los derechos del fútbol, tras la publicación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril.

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Con la implantación del nuevo sistema de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del fútbol, que supone el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, resultan necesarias articular una serie de condiciones que rijan esa nueva explotación conjunta. Lo cual solo ha sido posible mediante la intervención de la Administración en el mercado de las retransmisiones televisivas del fútbol. 

1.- Los motivos de la intervención en el mercado de los derechos audiovisuales del fútbol

Dos son las razones que legitiman la intervención urgente del Gobierno en el mercado de derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, según el bufete de abogados Díez y Romeo:

  • La dimensión y relevancia social del fútbol profesional en España, que condiciona los hábitos de consumo. 
  • La necesidad de promover la competencia en el mercado de la televisión de pago, debido a las dificultades del sector para autorregularse. 

La primera de ellas, la relevancia social del fútbol profesional en España se justifica a razón de las siguientes manifestaciones.

El número de federados fue de 855.987 en 2013 (25,2% de las licencias federativas), y participan en competiciones oficiales a través de 21.584 clubes.

Por otro lado, el CIS (Barómetro de junio de 2014) revela que el 48% de la población dice estar interesada en el fútbol y el 67,4% es simpatizante de un club. Y de estos simpatizantes, el 74,9 % ven sus partidos por televisión; el 15,5% los ven a través de plataformas de pago; y el 32% asisten al estadio para verlo en directo. Se destaca también que el 30,1% de los simpatizantes compran productos con la marca de su equipo. Lo que evidencia un condicionamiento general en los hábitos de consumo como ha podido comprobar también el despacho madrileño Díez y Romeo.

Hasta tal punto es relevante la incidencia del fútbol profesional, que contribuye al impulso de sectores muy importantes en España como el turismo, la publicidad y el patrocinio, la comercialización de las TIC. 

La segunda razón que justifica la intervención normativa del Gobierno es la dificultad de los operadores para adoptar, por la vía de la autorregulación, un modelo eficiente de gestión de sus derechos audiovisuales. El modelo de venta individual, vigente desde la temporada 1997/1998, ha estado sometido a una permanente revisión por los Tribunales y los reguladores de la competencia ante las tensiones entre los clubes oferentes, y los operadores demandantes de los derechos audiovisuales.

Es decir, las dificultades del mercado de las retransmisiones televisivas del fútbol para autorregularse han llevado a los actores a reclamar la actuación urgente del Gobierno. 

2.- Las máximas generales 

El artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, resulta claro al respecto determinando varias máximas al respecto. 

La primera de ellas es que el nuevo sistema de explotación deberá regirse por el principio de libertad de empresa acorde con la normativa europea y nacional. 

En segundo lugar, las condiciones generales de la comercialización han de publicarse por las entidades comercializadoras incluyendo, entre otras cuestiones, los requisitos para su adjudicación y explotación. Pero antes de ello, dichas entidades tendrán que solicitar un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que de su parecer sobre dichas condiciones de comercialización. La CNMC tendrá el plazo de 1 mes desde la petición para realizar el informe. 

En tercer lugar, las condiciones de comercialización deberán integrar, como mínimo, el alcance de los lotes de derechos objeto de comercialización, individualizando: 

  • Los contenidos incluidos en cada lote.
  • El ámbito geográfico para su explotación.
  • Si su emisión es en abierto o en acceso condicional.
  • Los que serán objeto de explotación exclusiva o no exclusiva. 

Igualmente, se deberá precisar la fecha y horario de celebración de cada uno de los eventos comercializados o las condiciones que permitan su determinación a los adjudicatarios. 

En cualquier caso, se deberá garantizar la comercialización de los derechos de los acontecimientos de interés general para la sociedad (Art. 20 LGCA):

  • Los juegos olímpicos de invierno y de verano.
  • Los partidos oficiales de la selección española de fútbol y de baloncesto.
  • Las semifinales y la final de la Eurocopa y del Mundial de fútbol.
  • La final de la Champions League y de la Copa del Rey de fútbol.
  • Un partido por jornada de la LPF de Primera División, designado con una antelación mínima de 10 días.
  • Grandes Premios de F-1 que se celebren en España.
  • Grandes Premios de motociclismo que se celebren en España.
  • Participación de la Selección Española en Campeonatos de Europa y del Mundo de balonmano.
  • La Vuelta Ciclista a España.
  • El Campeonato del Mundo de ciclismo.
  • La participación española en la Copa Davis de tenis.
  • La participación de tenistas españoles en las semifinales y la final de Roland Garros.
  • Participación española en los Campeonatos del Mundo y Europa de atletismo y natación.
  • GP o competiciones nacionales e internacionales que se celebren en España y cuenten con subvención pública estatal o autonómica.

 3.- Sobre la convocatoria de adjudicación de derechos

Con la nueva normativa, se da primacía a la adjudicación de los derechos audiovisuales a través de un proceso de concurrencia competitiva garantizado por los principios de publicidad del procedimiento, transparencia, y no discriminación entre licitadores.

Los criterios objetivos de adjudicación que deben figurar en la convocatoria, deben ser, al menos:

  • La rentabilidad económica de la oferta.
  • El interés deportivo de la competición.
  • El crecimiento y el valor futuro de los derechos audiovisuales que pueda aportar el adjudicatario.

La adjudicación de cada lote o paquete se realizará de manera independiente. Y la duración de los contratos de comercialización no será superior a 3 años.

También se establecen unas limitaciones: una misma persona o entidad no podrá ser titular o adquirir derechos exclusivos de explotación en el mercado nacional correspondientes a más de dos paquetes o lotes. Esta limitación opera tanto en el proceso de licitación o posteriormente mediante adquisición o cesión de derechos adquiridos por terceros, salvo que en algún lote o paquete no existieran licitadores o adquirentes u otras ofertas económicamente equivalentes.

La falta de explotación de los derechos audiovisuales por los adjudicatarios, dará derecho a las entidades comercializadoras a resolver el contrato y adjudicarlo a otro licitador. Eso sí, sin perjuicio de las estipulaciones acordadas.


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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