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PATENTES Y MARCAS

El Tribunal considera que los retrasos prolongados de los procedimientos administrativos para el registro de una patente suponen una violación del Art. 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos

Por Pedro Saturio

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2013, caso Kristiansen (Caso 25498/08).

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1.- Hechos. 

El 30 de noviembre de 1990 Arne Kristiansen (ciudadano noruego) presentó una solicitud de patente para proteger un método de propulsión de aeronaves y barcos ante la Oficina Noruega de Propiedad Industrial (“NIPO”), que recibió el número 19905214.

La opinión preliminar emitida por la NIPO el 21 de marzo de 1991 fue desfavorable, y en ella se requirió que el solicitante realizara una prueba en un instituto de investigación independiente que demostrara los efectos técnicos de la invención. 

El 30 de septiembre de 1990 el solicitante presentó su contestación, cuestionando la necesidad de realizar dicha prueba, destacando su elevado coste y comunicando la existencia de prototipos en construcción que podían ser probados en presencia de representantes de la NIPO. 

A partir de ese momento se produjo un intercambio de comunicaciones entre el solicitante y la NIPO, que concluyó con la decisión de ésta de archivar el caso el 18 de febrero de 2000

El solicitante decidió recurrir al Defensor del Pueblo para Asuntos Civiles y, como consecuencia de ello, la NIPO anuló su decisión anterior y reabrió la tramitación del caso el 30 de agosto de 2001. No obstante, el 2 de octubre de 2001 la NIPO decidió nuevamente rechazar la solicitud.

 El 27 de noviembre de 2001 el solicitante presentó un recurso ante la Cámara de Recursos de la NIPO. La Cámara de Recursos indicó que sólo la parte correspondiente a la aplicación de la invención en barcos podría ser concedida. Tras varias comunicaciones con el solicitante, el 14 de noviembre de 2005 la Cámara de Recursos emitió una decisión por la cual el caso volvió de nuevo a la NIPO. 

En 2006 la NIPO sugirió al solicitante que realizase cambios concretos en las reivindicaciones para hacer patentable el objeto de la invención. No obstante, el solicitante mostró su desacuerdo y la solicitud fue rechazada por falta de novedad el 20 de junio de 2007

El 20 de agosto de 2007 el solicitante presentó un segundo recurso ante la Cámara de Recursos de la NIPO. Esta determinó que se cumplían las condiciones de patentabilidad de la invención en barcos pero no en aeronaves, y propuso al solicitante dividir la solicitud en dos partes, una relativa a barcos y otra relativa a aeronaves. 

El 22 de septiembre de 2008 la Cámara de Recursos confirmó la decisión de la NIPO de rechazar la solicitud, indicando que no existía novedad en lo referente a su aplicación en aeronaves y que la solicitud podría haber prosperado si se hubiera restringido a su aplicación en barcos. Esta decisión no ha sido recurrida ante los Tribunales de Noruega.

Posteriormente Arne Kristiansen y Tyvik SA (compañía noruega que se hizo con el 50% de la solicitud de patente) presentaron una demanda contra el Reino de Noruega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basada en el Art. 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los demandantes alegaron que, debido a la duración excesiva de los procedimientos ante las autoridades nacionales competentes y teniendo en cuenta la limitación de la protección de la patente a 20 años (hubiera caducado como máximo el 30 de noviembre de 2010), su derecho de acceso a los tribunales en un tiempo razonable se había convertido en un derecho “ilusorio”, lo que implicaba una violación del Art. 6.1 de la Convención.  

2.- Pronunciamientos. 

El Tribunal destacó que el tiempo medio de tramitación de las solicitudes de patente sin prioridad en la NIPO era de dos a tres años, mientras que en el presente casó fue de dieciocho. A este respecto, el Gobierno de Noruega reconoció retrasos de seis años de las autoridades de patentes para este caso, y alegó que el primer solicitante también contribuyó a dilatar el procedimiento. 

Tras declarar la demanda admisible, el Tribunal aceptó los argumentos de los demandantes de que, en la práctica, la duración de los procedimientos administrativos ante las autoridades de patentes en este caso dejaba sin sentido cualquier ejercicio de su derecho de acceso a un tribunal, concluyendo que había habido una violación del Art. 6.1 de la Convención en cuanto al mencionado derecho de acceso a un tribunal. 

Por otra parte, los demandantes pidieron una compensación económica del Gobierno de Noruega de casi 400 millones de euros por varios conceptos. El Tribunal determinó que la compensación justa sólo podía basarse en el hecho de que los demandantes no se pudieron beneficiar de todas las garantías del Art. 6.1 de la Convención, e indicó que no podía especular sobre el resultado de cualquier posible proceso judicial de revisión que pudiera haber tenido lugar en otras circunstancias, por lo que únicamente fijó una compensación de 15.000 euros en concepto de daños morales.  

3.- Comentario. 

La sentencia supone una llamada de atención a las autoridades de patentes para evitar que los procedimientos administrativos de examen y de recurso se dilaten de manera excesiva. 

El caso expuesto hace evidente la necesidad de que las oficinas de patentes presten mayor atención a aquellos casos más complicados o especiales, poniendo sus medios a disposición del solicitante y actuando con diligencia debida. 

Este caso guarda un cierto paralelismo con la célebre patente del ratón de Harvard u “oncomouse”, cuya tramitación ante la Oficina Europea de Patentes comenzó en junio de 1985, y, en la que, tras un largo proceso de oposiciones, la decisión final de la Cámara de Recursos de dicha Oficina no fue emitida hasta julio de 2004. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2013, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu). 

Documentos citados: 

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2013, caso Kristiansen (Caso 25498/08), EDJ 2013/50833 (ver fichero adjunto). 

- Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, EDL 1979/3822 (ver fichero adjunto). 

 

ENGLISH VERSION 

Prolonged delays in administrative proceedings to register a patent infringe Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. 

Judgment of the European Court of Human Rights of 2 May 2013, Kristiansen (Case 25498/08). 

1.- Background. 

On 30 November 1990 Arne Kristiansen (a Norwegian citizen) filed application for a patent which the Norwegian Industrial Property Office (“NIPO”) for a method of propulsion of aircraft and sea vessels, which was assigned no. 19905214

The preliminary opinion issued by NIPO on 21 March 1991 was adverse and required the applicant to perform a test at an independent research institute to demonstrate the technical effects of the invention. 

On 30 September 1990 the applicant submitted his reply, questioning the need to perform the test in view of the high cost but reporting that prototypes were under construction and could be tested in the presence of representatives from NIPO. 

Subsequently there was an exchange of correspondence between the applicant and NIPO, which concluded with the latter's decision to shelve the case on 18 February 2000

The applicant decided to lodge an appeal with the Parliamentary Ombudsman for Civil Matters, as a result of which NIPO annulled its earlier decision and reopened prosecution of the case on 30 August 2001. However, on 2 October 2001 NIPO once again decided to refuse the application. 

On 27 November 2001 the applicant lodged an appeal before NIPO's Board of Appeals.  The Board of Appeals indicated that the part of the application corresponding to sea vessels might be patentable. After various exchanges with the applicant, on 14 November 2005 the Board of Appeals returned the application to NIPO.

In 2006 NIPO suggested to the applicant that specific changes be made to the patent claims in order to render the subject matter of the application patentable. However, the applicant disagreed and the application was refused due to lack of novelty on 20 June 2007

On 20 August 2007 the applicant lodged a second appeal to NIPO's Board of Appeals. This time the Board ruled that the conditions for granting a patent had been fulfilled in respect of sea vessels but not aircraft and proposed that the application be divided into two parts, one for sea vessels and the other for aircraft. 

On 22 September 2008 the Board of Appeals upheld NIPO's decision to refuse the application, indicating that it lacked novelty in respect of aviation and that it could have succeeded if the claims had been limited to sea vessels. The applicant did not appeal this decision to the Norwegian courts.

Subsequently, Arne Kristiansen and Tyvik SA (a Norwegian company that had acquired 50% of the patent application) lodged a complaint against the Kingdom of Norway with the European Court of Human Rights under Article 34 of the Convention on Human Rights. The applicants argued that, as a result of the excessive length of the proceedings before the national patent authorities and the 20-year limitation on patent protection (protection would have expired on 20 November 2010 at the latest), their right of access to the courts within a reasonable time frame had become “illusory”, which amounted to a violation of Article 6.1 of the Convention. 

2.- Findings. 

The Court emphasized that the average prosecution time for patent applications without priority before NIPO was two to three years, whereas in the case at hand it had taken eighteen years. In this regard, the Norwegian government admitted delays by the patent authorities in this case totalling six years but alleged that the first applicant had also contributed to extending the proceedings. 

After deeming the complaint admissible, the Court accepted the arguments of the applicants that, in practice, the duration of the administrative proceedings before the patent authorities in this case meant that their right of access to a court was indeed illusory, concluding that Article 6.1 of the Convention had been breached in respect of the said access to a court. 

In addition, the applicants requested damages from the Norwegian Government amounting to nearly 400 million euros on the basis of various claims. The Court ruled that fair compensation could only be based on the fact that the applicants did not have the benefit of all the guarantees of Article 6.1 of the Convention and observed that it could not speculate as to the outcome of any judicial review proceedings that the applicants could have pursued in other circumstances. As a consequence, the Court awarded only a total amount of 15,000 euros as moral damages. 

3.- Remarks. 

The judgment is a wake-up call to patent authorities to ensure that administrative proceedings of examination and appeal are not subject to excessive delay. 

The case at hand clearly demonstrates the need for Patent Offices to pay more attention to more complicated or special cases, making their resources available to the applicant and acting with due diligence. 

This case has certain parallels with Harvard College's famous “OncoMouse” patent application, filed with the European Patent Office in June 1985, and, after a long and drawn-out opposition procedure, the final decision of the EPO's Board of Appeal was at long last issued in July 2004.


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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