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DERECHOS DE AUTOR

La razonabilidad en la imposición de obligaciones de bloqueo a los intermediarios

Por Pablo Hernández

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1. Hechos.

Las empresas austriacas Constantin Film y Wega, productores cinematográficos, solicitaron ante los tribunales austriacos la adopción de medidas cautelares consistentes en que el proveedor de acceso a Internet, Telekabel, bloqueara el acceso a un sitio de Internet que facilitaba el acceso a sus obras sin su autorización. 

Apoyaban su petición en la previsión del artículo 8.3 de la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información que dispone que los titulares podrán “solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor”. 

El órgano de primera instancia concedió la medida, ordenando a Telekabel que procediera a bloquear el dominio y la dirección IP que utilizaba la página infractora. En apelación, la Corte de Viena mantuvo la obligación de resultado relativa al bloqueo de la página web, pero estimó que correspondía a Telekabel elegir los medios para lograrlo. Ante el Tribunal Supremo, Telekabel planteó que no tenía la condición de intermediario, a los efectos del artículo 8.3 de la Directiva, por cuanto para merecer dicha consideración era exigible una relación especial, contractual, con el infractor de la que él carecía. Telekabel alegó también que no podrían concederse medidas cautelares sin la previa acreditación de accesos ilícitos por parte de algunos clientes del proveedor de acceso. Por último, el operador de telecomunicaciones argumentó que todas las medidas de bloqueo eran eludibles técnicamente y algunas de ellas resultaban excesivamente onerosas. 

El Tribunal Supremo austriaco acordó suspender el procedimiento y formuló tres cuestiones prejudiciales. Las dos primeras referidas al concepto de intermediario y a la exigencia de acreditación de infracciones por parte de clientes del operador de acceso. La tercera, y sin duda más interesante, relativa a la conducta que es exigible al intermediario destinatario de una medida cautelar de bloqueo de una página web para eximirse de responsabilidad. 

2. Pronunciamientos.

La sentencia del Tribunal de Justicia zanjó la primera y segunda de las cuestiones, defendiendo una concepción amplia de intermediario a los efectos del artículo 8.3 de la Directiva de la Sociedad de la Información:  “Cualquier persona que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero” reúne la condición de intermediario. 

El Tribunal adopta esta interpretación con una declarada finalidad de no mermar la protección jurídica a los titulares, y teniendo en cuenta que la protección tiene por objetivo no sólo hacer que cesen las violaciones, sino también evitarlas. 

En relación con la segunda de las cuestiones suscitadas, la Corte de justicia europea tampoco dio la razón al operador, al descartar que fuera preciso acreditar el acceso efectivo a las obras por parte de algunos clientes. Basta, para la concesión de la medida, con que las obras sean accesibles a través del operador de acceso para que éste pueda ser destinatario de una medida cautelar. 

La tercera de las cuestiones planteaba el grado de obligación que puede hacerse recaer en el operador de acceso a la hora de bloquear una página web. El Tribunal deja claro que, dada la realidad de Internet, no puede imponerse una obligación de pleno resultado ya que supondría restringir en exceso otros derechos en conflicto –derecho de información y libertad de empresa- y resultaría contraria a principios generales del Derecho como el de la proporcionalidad. 

La Corte europea considera en su Sentencia que la medida cautelar, a fin de respetar una adecuada ponderación de derechos en conflicto, no debe definir las medidas concretas que deba adoptar el operador para alcanzar el efecto perseguido y, por otro lado, el obligado a aplicarla puede eximirse de responsabilidad demostrando que ha adoptado todas las medidas razonables. 

En este último aspecto, el Tribunal precisa que, con la finalidad de dotar de seguridad jurídica al destinatario de la medida cautelar, el operador ha de tener la posibilidad de verificar ante el juez “que las medidas adoptadas eran efectivamente las que podían esperarse de él para impedir el resultado prohibido”. 

La Sentencia hace un merecido esfuerzo por intentar precisar, apelando a criterios de finalidad y de razonabilidad, cómo debe conducirse el proveedor de acceso. 

En este sentido, el Tribunal señala que la medida debe servir para poner fin a la vulneración, por lo que no estará justificada si afecta inútilmente a “los usuarios de Internet que recurren a los servicios de dicho proveedor para acceder lícitamente a la información.” 

Por otro lado, el Tribunal subraya que las medidas a tomar por el proveedor de acceso deben ser suficientes para “garantizar una protección efectiva del derecho”, entendiendo que se logrará si tiene “como efecto impedir, o al menos, hacer difícilmente realizable, el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de acceder a esas prestaciones puestas a su disposición” de forma ilícita. 

3. Comentario.

La Sentencia del Tribunal de Justicia es claramente positiva para la protección de la propiedad intelectual en la medida en que aclara el derecho de los titulares a requerir la intervención de operadores de acceso para evitar la vulneración de sus derechos en Internet. Y es una resolución realista en la que el Tribunal busca establecer unos criterios de razonabilidad para determinar el grado de exigencia que puede imponerse a un intermediario para que las medidas no resulten inútilmente restrictivas para los usuarios de Internet, ni demasiado gravosas para el operador, pero posibiliten una protección eficaz de los contenidos. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-  DIRECTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

ENGLISH VERSION  

‘Reasonableness’ when imposing blocking injunctions on intermediaries. Judgment of the Court of Justice of 27 March 2014, UPC Telekabel (C-314/12).

1. Background.

The Austrian film producers Constantin Film and Wega applied to the Austrian courts for an injunction ordering the Internet access provider Telekabel to block access to a website that made their works available to the public without their consent.

In support of their petition, they relied on the provisions of Article 8(3) of Directive 2001/29/EC on the Information Society, according to which rightholders may “apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right”.

The court of first instance granted the injunction and ordered Telekabel to block the infringing site’s domain name and IP address. The Viennese Appeal Court  upheld the lower court’s ruling in respect of the blocking of the website, but it ruled that it was for Telekabel to choose the means by which to do so. In the Supreme Court, Telekabel argued that it was not an intermediary for the purposes of Article 8(3) of the Directive, since in order to be classified as such there had to be a special contractual link with the infringer, which it did not have. Telekabel also contended that an injunction could not be granted without firstly attesting to unlawful access by some of the access provider’s customers. Lastly, the telecommunications operator argued that all of the blocking measures could be technically circumvented and that some of them were excessively costly.

The Austrian Supreme Court stayed the proceedings and referred three questions to the CJ for a preliminary ruling. The first two questions refer to the concept of intermediary and to the requirement to attest to infringements by customers of the access provider. The third, and definitely the most interesting, refers to how an intermediary which has received an order to block a website must act in order to avoid liability.       

2. Findings.

The CJ answered the first and second questions by providing a broad interpretation of the concept of intermediary for the purposes of Article 8(3) of the Information Society Directive: “Any person who carries a third party’s infringement of a protected work or other subject-matter in a network” shall be regarded as an intermediary. 

The objective behind the Court’s adoption of this interpretation was to avoid diminishing the legal protection of rightholders, taking into account that such protection is not only aimed at bringing the infringement to an end, but also at preventing it.

With respect to the second question that had been referred, the CJ likewise did not accept the operator’s argument, and deemed it unnecessary to demonstrate that some customers had actually accessed the works. In order for a blocking injunction to be granted against an access provider, it will suffice for the works to be accessible through that party.

The third question addressed the degree of obligation to be imposed on the access provider when blocking a website. The Court made it clear that in view of the nature of the Internet, it is not possible to impose a full obligation since that would imply excessively restricting other conflicting rights (freedom of information and freedom to conduct a business), and it would be contrary to general principles of law, such as the principle of proportionality.

In its judgment, the CJ considers that in order to strike a fair balance between the conflicting rights at play, the specific measures to be taken by the operator in order to achieve the pursued objective should not be defined, and also, the addressee of the injunction may avoid liability by demonstrating that it has taken all reasonable measures.

Regarding this aspect, the Court points out that in order to give the addressee of an injunction legal certainty, the operator must have the possibility of maintaining to the judge “that the measures taken were indeed those which could be expected of him in order to prevent the proscribed result”.

The judgment has made a worthy effort to try and specify how access providers should act by appealing to criteria of objectivity and reasonableness.

In that sense, the Court indicates that the measures must serve to bring an end to the infringement, and so they will not be warranted if they needlessly affect “Internet users who are using the provider’s services in order to lawfully access information.” 

The Court also underscores the fact that the measures to be taken by the access provider must be sufficient in order to “ensure genuine protection of the right”, and it considers that this will be achieved if they have “the effect of preventing unauthorised access to the protected subject-matter or, at least, of making it difficult to achieve and of seriously discouraging Internet users who are using the services of the addressee of that injunction from accessing the subject-matter made available to them” in an unlawful manner.

3. Remarks.

The CJ’s judgment is clearly positive as far as copyright protection is concerned insofar as it clarifies the entitlement of rightholders to seek the intervention of access operators in order to prevent their rights from being infringed on the Internet. It is moreover a realistic judgment in which the Court seeks to establish criteria of ‘reasonableness’ in order to determine the level of stringency to be imposed on an intermediary so that the measures are not unnecessarily restrictive for Internet users or overly costly for the operator, but yet enable content to be effectively protected. 


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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