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DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INTERNET

La financiación del canon con cargo a los presupuestos generales del Estado es contraria a Derecho comunitario

Por Patricia Mariscal

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1. Hechos.

En el año 2011 España deroga el sistema de compensación equitativa mediante canon que se venía aplicando hasta entonces e implanta uno nuevo, cuya peculiaridad principal es que se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado. La normativa que regulaba este nuevo sistema fue objeto de impugnación por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma por ser contraria al Derecho de la Unión. Las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJ de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantizaba el carácter equitativo de la misma.

El Tribunal Supremo suspendió el procedimiento y planteó cuestión prejudicial ante el TJ preguntando, en esencia, si un sistema de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado que no permite asegurar que el coste de la misma sea sufragado por los usuarios de copias privadas, y en el que tal importe es fijado dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio, es conforme al artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE.

2. Pronunciamientos.

El razonamiento del Tribunal comienza por afirmar que un sistema de compensación equitativa por copia privada que se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado no ha de ser necesariamente contrario a Derecho comunitario. Sin embargo, tal sistema habría de respetar el principio, ya sentado en sentencias anteriores, de que el deudor efectivo del pago de la compensación no puede ser una persona jurídica ya que éstas nunca podrán ser beneficiarias de la excepción de copia privada. Cuestión distinta es que pueda considerárselas sujetos obligados al pago, pero siempre que posteriormente puedan repercutir el mismo a las personas físicas que realizan las copias privadas, que son quienes en última instancia han de soportar la carga real de esta compensación.  

Pues bien, según el Tribunal comunitario, comoquiera que no existe en el sistema español una afectación de ingresos concretos a unos gastos determinados, resulta que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa es sufragada por todos los contribuyentes, incluidas personas jurídicas, sin que exista mecanismo alguno que permita a éstas –excluidas en todo caso del ámbito del artículo 5.2.b)- solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación o, al menos, solicitar su devolución. De acuerdo con ello, considera que un sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales como el español ha de considerarse contrario a Derecho comunitario, y, en concreto, contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29.

3. Comentario.

La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la Directiva 2001/29/CE. Es de reseñar que el sistema español de compensación equitativa mediante canon, vigente hasta 2011, fue ya sometido a examen del TJ en el asunto Padawan (sentencia de 21 de octubre de 2010, C-467/08) precisamente porque no aseguraba que fueran las personas físicas, beneficiarias de la copia privada, quienes soportaran efectivamente el pago del canon. Posteriores resoluciones del TJ en esta materia (asuntos Stichting de Thuiskopie C-462/09, Amazon Internacional C-521/11, o Copydan C-463/12) no hicieron sino poner de relieve que este peculiar sistema de compensación estaba abocado al fracaso.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información

-Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)  de 21 de octubre de 2010, asunto C‑467/08

-Sentencia del  Tribunal de Justicia (Sala Tercera) , de 16 de junio de 2011, asunto  C‑462/09

-Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de julio de 2013, asunto  C‑521/11

-Sentencia Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 marzo 2015, asunto C-463/12

ENGLISH VERSION

Financing the levy from the General State Budget is incompatible with EU law. Judgment of the Court of Justice of 9 June 2016, EGEDA (C-470/14).

1. Background.

In 2011, Spain abolished the existing scheme for fair compensation by means of a levy and introduced a new procedure, the main feature of which was that it was financed from the General State Budget. The legislation regulating this new system was opposed by all the Spanish copyright collecting societies in the Contentious-Administrative Chamber of the Spanish Supreme Court. The plaintiffs sought the annulment of the law in question on the grounds that it was incompatible with EU law. They argued that the principle established in ECJ case-law whereby the fair compensation should ultimately borne by the natural persons who make private copies is not respected in a system such as the Spanish one, in which the compensation is borne by all taxpayers without drawing any distinctions. They also argued that financing the fair compensation from the General State Budget did not guarantee its fairness.

The Supreme Court stayed the proceedings and made a reference for a preliminary ruling to the ECJ, essentially asking whether a scheme consisting of financing compensation from the General State Budget, which does not ensure that the cost of the compensation is borne by the users of private copies, and in which that cost is set within the budgetary limits established for each financial year, is compatible with Article 5.2.b) of Directive 2001/29/EC.

2. Findings.

The Court begins by stating that a scheme for fair compensation for private copying which is financed from the General State Budget is not necessarily incompatible with EU law. However, such a scheme must respect the principle, established in previous judgments, whereby the debtor of the compensation cannot be a legal person, since such persons will never be able to benefit from the private copying exception. A different matter is the fact that they can be considered as liable for payment, provided that they can subsequently pass the cost on to the natural persons making the private copies, who are ultimately those who must actually be liable for payment of that compensation.

According to the ECJ, since the Spanish system does not provide for the definite allocation of revenue to particular expenditure, the budgetary item intended for the payment of the fair compensation is financed by all taxpayers, including legal persons, and there is no mechanism whatsoever that enables such persons –who are nevertheless excluded from the scope of Article 5.2.b)- to apply for exemption from the obligation to contribute towards the financing of that compensation or at least seek reimbursement. It thus considers that a scheme for financing fair compensation for private copying from the General State Budget, such as the system that has been implemented in Spain, must be considered as incompatible with EU law, and specifically, with the provisions of Article 5.2.b) of Directive 2001/29. 

3. Remarks.

The judgment in question can be considered as the culmination of a whole series of warnings and findings on the incompatibility of the Spanish scheme for financing compensation from the General State Budget with Directive 2001/29/EC, voiced even before that scheme came into being. It is worth noting that the Spanish levy-based scheme for fair compensation, in force until 2011, had been analysed by the ECJ in Padawan (judgment of 21 October 2010, C-467/08) precisely because it did not guarantee that the natural persons who benefited from private copying were the ones who actually paid the levy. Later decisions by the ECJ on this subject (Stichting de Thuiskopie C-462/09, Amazon Internacional C-521/11, or Copydan C-463/12) merely highlighted the fact that this peculiar compensation scheme was doomed to fail.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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