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DERECHOS DE AUTOR

Las copias de fuentes ilícitas y la remuneración por copia privada

Por Pablo Hernández

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1. Hechos.

En Holanda la legislación sobre copia privada dispone que una Fundación (Stichting Onderhaldelingen thuiskopie vergoeding) fije el importe a pagar por copia privada. Al hacerlo, este organismo tenía en cuenta el daño resultante de las copias realizadas a partir de una fuente ilegal. ACI y otras empresas obligadas a abonar el importe de la copia privada consideraron que esas reproducciones no formaban parte del concepto de copia privada y, por tanto, no deberían tenerse en cuenta en el cálculo del daño. El caso alcanzó al Tribunal Supremo de los Países Bajos que planteó varias cuestiones prejudiciales. El tema capital se recogía en las dos primeras cuestiones y puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿Se aplica también la limitación por copia privada a las copias realizadas a partir de una infracción del derecho de autor?. Aparte de este asunto, se planteaba una tercera cuestión relacionada con la legitimación para activar las medidas procesales previstas en la Directiva 2004/48/CE de protección del derecho de autor. Las compañías deudoras de la copia privada habían recurrido a esta normativa para reaccionar frente a las reclamaciones de los derechos de autor. ¿Podrían hacerlo? 

2. Pronunciamientos.

Para responder a la principal cuestión planteada, la Corte de Justicia comenzó explicando la necesidad de interpretar restrictivamente las excepciones y limitaciones que se establecen a los derechos de autor en la normativa comunitaria. Para ello esgrime, como primer argumento, la doctrina tradicional de interpretación restrictiva de un límite a un principio general, pero también señala que el juego de la regla de los tres pasos, y el considerando 44 de la Directiva 2001/29/ce9 conducen a que la interpretación de la restricción deba ser estricta. No puede imponerse a los titulares una privación de su derecho de reproducción que les imponga tolerar vulneraciones de sus derechos que puedan acompañar a la realización de copias privadas. El Tribunal estima que una norma nacional que lo contemplara fomentaría la circulación de copias falsas, menoscabando la explotación normal de éstas, y ocasionando un perjuicio injustificado a los titulares de derechos. El Tribunal considera, además, que su decisión a este respecto no puede depender de la aplicación de ciertas medidas tecnológicas. Es el Estado el que establece el límite y el que tiene que garantizar su correcta aplicación; lo que no se ve alterado por el grado de aplicación de las medidas anticopia. La Sentencia, transcribiendo lo ya afirmado respecto a la copia privada en sentencias anteriores como Padawan y Thuiskopie, señala también el deber de mantener un justo equilibrio entre los titulares y los beneficiarios de la limitación. Si se computara en la valoración del daño las copias de fuente ilícita, se estaría penalizando indirectamente a todos los usuarios con independencia de su comportamiento, haciéndoles asumir un coste adicional por las copias ilícitas. 

La Tercera de las cuestiones fue resuelta por el Tribunal vinculando las medidas de protección reconocidas en la Directiva 2004/48/CE a los titulares de los derechos, por lo que “... no pueden ser interpretadas como destinadas a regular las distintas medidas y procedimientos puestos a disposición de quienes no son ellos mismos titulares de tales derechos y que no afectan exclusivamente a un menoscabo de estos derechos.” 

3. Comentario.

La sentencia ACI Adam viene a moldear decisivamente el modelo europeo de copia privada con la expulsión de las copias de fuente ilícita. El efecto conjunto de esta resolución y de la vieja sentencia de Padawan, que circunscribía el deber de remuneración a los particulares, conforman un panorama muy limitado de juego de la compensación por copia privada. El gobierno español ha hecho un uso intensivo de esta doctrina y, sin duda, del contenido de la resolución en el que se reconoce que los Estados pueden establecer limitaciones más restrictivas que las que podría acogerse a la luz de la Directiva. Veremos si esta previsión permite al Estado español justificar la cifra reducida de indemnización fijada por copia privada en los últimos años. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

- DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

- DIRECTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

 

ENGLISH VERSION  

Copies made from unlawful sources and remuneration for private copying. Judgment of the Court of Justice of 10 April 2014, ACI Adam (C-435/12).

1. Background.

Under Dutch private copying legislation, the levy for making private copies is fixed by a Foundation (Stichting Onderhaldelingen thuiskopie vergoeding). In determining the amount payable, this body takes into account the harm resulting from copies made from an unlawful source. ACI and other companies required to pay this private copying levy considered that those reproductions did not form part of the concept of private copying, and so they should not be taken into account when calculating said harm. The case went to the Dutch Supreme Court, which referred a number of questions to the CJ for a preliminary ruling. The key issue in this case lies in the first two questions, and it can be summed up as follows: Does the private copying limitation also apply to copies made on the back of copyright infringement? Aside from that issue, a third question was referred concerning standing to activate the procedural measures laid down in Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights. The companies required to pay the private copying levy had relied on that provision in order to react against the copyright claims. Were they able to do so?  

2.      Findings.

In order to respond to the main question that had been raised, the CJ commenced by explaining the need to strictly interpret the exceptions and limitations to copyright laid down in EU law. It first of all refers to the traditional legal doctrine of interpreting a limitation on a general principle in a strict manner, but it also indicates that the “three-stage test” and recital 44 of Directive 2001/29/EC call for a strict interpretation of the limitation. Rightholders cannot be deprived of their reproduction rights and forced to tolerate any infringement of their rights occurring as a result of private copying. The Court held that any national law that allowed this would be encouraging the circulation of counterfeited or pirated works, which would adversely affect the normal exploitation of those works and unreasonably prejudice rightholders. The Court also held that its decision in that regard could not rely on the application of certain technological measures. It is for the Member State to establish the exception and to ensure that it is applied correctly, and this is not altered by the extent to which anti-copying measures are applied. The judgment, transcribing what it had already affirmed in respect of private copying in previous decisions such as Padawan and Thuiskopie, also pointed to the obligation to strike a fair balance between the rightholders and the beneficiaries of the limitation. Including copies from unlawful sources in the calculation of the harm caused would mean indirectly penalising all users, regardless of their conduct, by making them pay an additional fee for unlawful copies.           

The Court resolved the third question by linking the protective measures laid down in Directive 2004/48/EC to the rightholders, and so “they cannot be interpreted as being intended to govern the various measures and procedures available to persons who are not themselves the proprietors of such rights, and which do not relate solely to an infringement of those rights.”

3. Remarks.

The ACI Adam judgment has decisively shaped the European private copying model with the expulsion of copies made from an unlawful source. The combined effect of this decision and the previous Padawan judgment, which circumscribed the payment obligation to private individuals, has led to a very limited playing field for private copying compensation. The Spanish government has made intensive use of this doctrine and certainly of the finding which recognises that Member States may establish stricter limitations than those laid down in the Directive. We will see whether that provision enables the Spanish State to justify the reduced level of compensation fixed for private copying in recent years.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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