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PROPIEDAD INTELECTUAL

Interpretación del sistema de compensación equitativa por copia privada previsto en el artículo 5.2 de la Directiva 2001/29/CE

Por Patricia Mariscal

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013, caso VG Wort (C-457/11 a C-460/11)

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1.- Hechos. 

VG Wort -entidad de gestión colectiva de los autores y editores de obras literarias en Alemania- demanda a varias casas fabricantes de ordenadores, impresoras y demás material informático (concretamente Kyocera, Epson y Xerox) con motivo de las cantidades debidas por estas compañías en concepto de compensación equitativa por copia privada a la entidad de gestión demandante durante los años 2001 a 2007. El litigio llega al Bundesgerischtshof alemán, que requiere para su resolución de la interpretación por parte del TJ de algunas cuestiones relativas al límite previsto en el artículo 5.2 de la llamada Directiva de derechos de autor en la sociedad de la información. 

2.- Pronunciamientos. 

Varios son los temas abordados en esta resolución. En primer término, se plantea una cuestión relativa al momento en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar su derecho interno de conformidad con lo dispuesto en una Directiva. Concretamente, el Tribunal alemán se pregunta si la Directiva 2001/29/CE tiene aplicación en Alemania desde su entrada en vigor o bien desde el momento de expiración del plazo para su transposición. Pues bien, según el TJ, la obligación de interpretar el derecho nacional de acuerdo a lo establecido en una determinada Directiva es exigible únicamente desde la fecha en que expira el plazo para su transposición. 

 En las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta se pregunta al Tribunal sobre la eventual incidencia que puedan tener ciertas circunstancias en la subsistencia de la obligación de pago de la compensación equitativa a los titulares de derechos. Concretamente se plantea si el hecho de que un titular haya autorizado la reproducción de su obra tiene repercusiones en la compensación equitativa que se establece y, si tal fuera el caso, podría llegar a suprimirse. La respuesta del Tribunal a este respecto es clara: en el supuesto de que un Estado miembro –tal es el caso de Alemania- haya decidido excluir, en virtud del citado artículo 5.2, el derecho del titular a autorizar la reproducción de sus obras o prestaciones en determinadas circunstancias, un eventual acto de autorización adoptado por éste carece de efectos jurídicos en el referido Estado. Otro tanto se puede decir para el caso de que el titular haya adoptado medidas tecnológicas dirigidas a impedir la copia de sus obras: la compensación equitativa no se elimina, pues estas medidas son perfectamente compatibles con la excepción de copia privada. Ahora bien, nada impide que el Estado miembro pueda hacer depender el nivel concreto de la compensación en función de la aplicación o no de tales medidas tecnológicas. 

Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre si una reproducción llevada a cabo por un ordenador personal y una impresora, conectados entre sí, es una copia privada susceptible de generar la obligación de pagar una compensación equitativa. Respecto de esta cuestión, el Tribunal diferencia entre el soporte (elemento material sobre el que se reproduce una obra) y el medio (proceso) de reproducción. Si bien este último puede ser cualquiera que permita llegar a un resultado similar que el obtenido mediante la técnica fotográfica, la copia privada únicamente puede llevarse a cabo a partir de un soporte analógico (papel). Ello se traduce en que no es copia privada la realizada de un archivo contenido en un ordenador, si bien éste si puede ser utilizado conjuntamente con una impresora, reproducir un documento en formato analógico. 

Por último, se plantea la cuestión relativa a la famosa dicotomía “obligado al pago/deudor” de la compensación. A tal respecto, afirma el Tribunal que incumbe al que causa el perjuicio reparar el perjuicio sufrido, financiando la compensación que se abonará al titular. Sin embargo, nada impide, habida cuenta las dificultades prácticas asociadas a este sistema de compensación, que los Estados miembros puedan cobrar tal compensación gravando a quienes fabrican, importan o distribuyen los equipos, aparatos y soportes de reproducción, que a su vez repercutirán este coste sobre los usuarios privados. 

3.- Comentario.

 La presente sentencia viene a perfilar lo ya dicho en las anteriores de 21 de octubre de 2010 y 16 de junio de 2011 (asuntos C-467/08 “Padawan” y C-462/09 “Stichting”) por este Tribunal en relación a la interpretación del límite de copia privada y la compensación equitativa previstos en la Directiva 2001/29/CE. Cabe destacar, por si aun existía alguna duda al respecto, el pronunciamiento relativo a la compatibilidad del establecimiento de medidas tecnológicas de protección con el mantenimiento de la compensación equitativa. Asimismo, resulta interesante, sobre todo desde la óptica de nuestro peculiar sistema de compensación equitativa con cargo a los presupuestos generales de Estado, la relación de causalidad que, según el Tribunal, necesariamente ha de existir entre la producción del daño (la realización de las copias privadas) y el pago de la compensación.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2013, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).

Documentos citados: 

- Sentencia del Tribunal de Justicia (UE), de 27 junio 2013, EDJ 2013/118459 (ver fichero adjunto). 

- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, EDL 2001/22888 (ver fichero adjunto). 

- Sentencia del Tribunal de Justicia (UE), de 21 octubre 2010, EDJ 2010/205553 (ver fichero adjunto). 

- Sentencia del Tribunal de Justicia (UE), de 16 junio 2011, EDJ 2011/101745 (ver fichero adjunto). 

 ENGLISH VERSION 

Interpretation of the system of fair compensation for private copying pursuant to Article 5.2 of Directive 2001/29/EC.

Judgment of the Court of Justice of 27 June 2013, VG Wort (C-457/11 to C-460/11). 

1.- Background. 

VG Wort, a collecting society for authors and publishers of literary works in Germany, lodged a complaint against various manufacturers of computers, printers and other computing equipment (namely, Kyocera, Epson, and Xerox) claiming outstanding amounts owed by these companies to the plaintiff as fair compensation for private copying from 2001 to 2007. The conflict reached Germany's Bundesgerischtshof, which before issuing a decision referred some questions relating to the scope of Article 5.2 of the so-called Information Society Directive to the Court of Justice for preliminary rulings. 

2.- Findings. 

The judgment has addressed various issues. First of all, it raised the question of the time from which national courts should interpret their internal law in conformity with the content of a Directive. Specifically, the German court asked if Directive 2001/29/EC was applicable in Germany from the date of entry into force or from the final date for transposition. According to the Court of Justice, the obligation to interpret national law in accordance with the provisions of a specific directive has effect only after the period for the transposition of the directive has expired. 

By the fourth and fifth questions the Court was asked to rule on the possible impact of certain circumstances on the obligation to provide fair compensation to rightholders. Specifically, the question was raised as to whether authorization of reproduction of a work by a rightholder has any impact on the fair compensation provided for, and, where appropriate, whether such authorization may mean that no compensation is due. The Court's reply in this regard is clear: where a Member State – e.g., Germany – has decided to exclude the right of rightholders to authorize reproduction of their works or other subject matter in specific circumstances under the said Article 5.2, any authorizing act by rightholders would be devoid of legal effects under the law of that State. The same applies for cases in which rightholders adopt technological measures aimed at preventing reproduction of their works: fair compensation is not excluded, inasmuch as these measures are wholly compatible with the private copying exception. However, there is nothing to prevent Member States from making the actual level of compensation dependent on whether or not the said technological measures are applied. 

By the first and second questions the Court was asked to render judgment on whether or not reproduction carried out using a personal computer and a connected printer is to be considered a private copy subject to the obligation to pay fair compensation. In its reply to this question, the Court made a distinction between the medium (the material element on which a work is reproduced) and the means (process) used for reproduction. Although the latter can be any process that has an effect similar to that obtained via any kind of photographic technique, private copying can only be carried out on an analogue medium (paper). This means that a copy contained in a file stored on a computer is not a private copy, even though the latter can, together with a printer, be used to reproduce a document in analogue format. 

Finally, the Court addressed a question relating to the famous dichotomy between who bears the obligation to provide compensation and who is liable for payment. In this regard the Court held that it is up to the party that causes harm to make good the harm suffered by financing the compensation to be paid to rightholders. However, in view of the practical difficulties associated with the system of compensation, nothing prevents the Member States from charging for compensation by placing a levy on those who manufacture, import, or distribute devices intended to make reproductions, for them, in their turn, to pass the costs of the levy on to private users.  

3.- Remarks. 

This judgment elaborates on the content of the Court's earlier judgments of 21 October 2010 and 16 June 2011 (cases C-467/08 “Padawan” and C-462/09 “Stichting”) in relation to interpretation of the private copying exception and fair compensation provided for under Directive 2001/29/EC. The Court's ruling that technological protection measures are compatible with a system to provide fair compensation serves to dispel any lingering doubts on this issue. In addition, from the standpoint of our own peculiar system of providing fair compensation from the federal budget, it is interesting to note the causal link which, according to the Court, must necessarily exist between the cause of the damage (making private copies) and payment of compensation. 


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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