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CIBEROCUPACIÓN

España ya es el cuarto país del mundo con más demandas en materia de ciberocupación

Los ciberocupas provocan más de 1.000 demandas por robo de propiedad intelectual en España al año mientras el número de nombres de dominio objeto de demandas presentado ante la OMPI creció un 22% en 2013.


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El dominio .UNO se convertirá en el dominio de las comunidades hispanohablantes

La “ciberocupación” podemos definirla como una modalidad de usurpación en el ámbito marcario que se realiza registrando dominios de Internet, que como tal es realizada de mala fe, y que de un tiempo a esta parte está ocasionando grandes trastornos y pérdidas en la esfera jurídica y patrimonial de sus legítimos propietarios.

Así lo viene denunciando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en múltiples informes y foros de debate que se vienen sucediendo. Situación que en los últimos meses se ha agravado de forma exponencial al ser admitidos nuevos dominios genéricos de nivel superior (gLTD), lo que comporta un riesgo aún mayor de experimentar estas prácticas ciberabusivas. En este sentido, los últimos datos dados a conocer por la OMPI evidencian un crecimiento entorno a un 22% (datos del 2013) en el número de nombres de dominio que han sido objeto de demandas, superando ya la cifra de seis mil dominios. Y en lo que respecta a España, las prácticas de ciberocupación de las que se tienen constancia suponen ya más de 1.000 demandas, dato que encaraman a nuestro país en el cuarto puesto del ranking mundial en cuanto a países que sufren esta lacra. 

Lo realmente curioso, a diferencia de otros ordenamientos nacionales, es que en España la ciberocupación no viene tipificada en nuestro Código Penal como delito. En este sentido, el ciberocupa sabe aprovecharse del procedimiento establecido para registrar los nombres de dominio regido por el principio jurídico registral del “Prius in tempore, prius in iure” al adelantarse a los dueños y titulares legítimos de los derechos marcarios.

El objetivo del ciberocupa no es otro que la especulación con esos nombres de dominio conseguidos torticeramente. Y la víctima y parte perjudicada en todo el proceso no es otra que los titulares de los derechos. Práctica antijurídica que suele acompañarse de otras, en cambio, sí tipificadas como delictivas como así ocurre con la figura de la extorsión que supone la presión que padece el legítimo dueño de tener que abonar importantes cantidades si quiere obtener el reconocimiento en sus derechos sobre los nombres de dominio, evitando entrar en la indeseable dinámica de tener que afrontar largos y costosos procedimientos ante los tribunales para hacer valer sus derechos.


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