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Plazo para cumplir con la obligación de pago de la remuneración justa al titular de la protección de una obtención vegetal

Por Patricia García

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1. Hechos.

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV) es una asociación de titulares de variedades vegetales protegidas. Una de las especies que gestiona es la cebada de invierno “FINITA”. La entidad solicita cada año a los agricultores información acerca de la eventual siembra de las variedades cuyos derechos administra, enviándoles impresos de declaración de cultivo. La asociación tuvo conocimiento de que durante la campaña comercial 2010/2011 la sociedad agrícola Gerhard und JürgenVogel GbR, y los señores G. y J. Vogel, como socios personalmente responsables (Vogel) habían cultivado cebada de invierno “FINITA”. Los agricultores, que no mantenían ninguna relación contractual con la actora, no respondieron ni a la solicitud de información remitida por STV en mayo de 2012, ni a la reclamación de pago realizada en junio.

El 18 de marzo de 2013 STV demanda a Vogel, exigiendo una cantidad como reparación del perjuicio sufrido. Los demandados se oponen a dicha indemnización, alegando que al estar legitimados para el cultivo (amparados por el art. 14.1 del Reglamento nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las variedades vegetales) debían pagar, como máximo, un importe reducido en concepto de remuneración justa. El Landgericht Mannheim plantea dos cuestiones prejudiciales en relación con el nacimiento de la obligación de pago de la remuneración justa antes de la siembra y el plazo temporal para su cumplimiento.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia resuelve ambas cuestiones de manera conjunta. Recuerda, en primer lugar, el principio de autorización contenido en el art. 13.2 del Reglamento (CE) nº 2100/94, en cuya virtud los agricultores deben recabar el permiso del titular de la protección de una variedad vegetal para realizar ciertas operaciones con su material, entre ellas la producción o reproducción. El art. 14.1 excepciona esta obligación, autorizando expresamente a aquellos agricultores que utilicen el producto obtenido del cultivo de material de propagación cumpliendo con las condiciones previstas, lo que se conoce como “excepción agrícola” o “privilegio del agricultor”. Uno de los requisitos para su aplicación, contenido en el apartado 3º, exige pagar una remuneración justa al titular, eximiendo de su abono a los pequeños agricultores. La sentencia gira en torno al plazo del que disponen para efectuar dicho pago y, por tanto, acogerse a la excepción del art. 14 para no obtener la autorización. Ahora bien, si no ha existido tal remuneración, debe considerarse que el agricultor no estaba autorizado y realizaba una de las operaciones prohibidas por el art. 13, lo que permitiría al titular emprender las correspondientes acciones judiciales de cese e indemnización contempladas en el art. 94 para los casos de infracción. En los casos de dolo o negligencia, la indemnización comprende el perjuicio causado.

El TJ aplica el Reglamento (CE) nº 1768/95 de adopción de normas de desarrollo de la excepción agrícola del art. 14.3 del Reglamento 2100/94 para determinar este plazo. Con apoyo en el art. 6, fija el momento a partir del cual la remuneración justa es exigible: la resiembra. El titular puede determinar las circunstancias del pago, pero nunca puede establecer una fecha de abono anterior a la utilización efectiva del producto de la cosecha por parte del agricultor.

Para los casos en que el titular no fije el plazo, el TJ niega que tenga un carácter temporal ilimitado y aplica el previsto en el art. 7 que, aunque se refiere al ámbito de los pequeños agricultores, señala como periodo de pago de la remuneración la campaña de comercialización, que comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio del año natural siguiente.

En resumen, para que un agricultor pueda acogerse a la excepción del art. 14 del Reglamento nº 2100/94 y no esté obligado a conseguir el permiso de su titular para utilizar el producto de la cosecha de una variedad vegetal protegida, debe abonar la remuneración justa antes del 30 de junio siguiente a la fecha de la resiembra. 

3. Comentario.

La excepción del art. 14 del Reglamento nº 2100/94 persigue salvaguardar la producción agrícola en atención al interés público. Sin embargo, no debemos olvidar que este título de propiedad industrial trata de fomentar el fitomejoramiento en beneficio de toda la sociedad, concediendo un derecho de exclusiva a quien ha invertido tiempo y recursos en investigar variedades que aumenten la productividad y calidad de las ya existentes.

La decisión del Tribunal de Justicia sin duda pretende el equilibrio entre estos dos objetivos, mientras cubre una aparente laguna del Reglamento: los agricultores están legitimados para utilizar el producto de la cosecha de una variedad protegida sin recabar la autorización de su titular, pero garantiza a este último la obtención de una remuneración justa en un plazo razonable, que no puede ser ilimitado porque vaciaría de contenido las acciones judiciales que le amparan ante un supuesto de infracción. No obstante, si ese plazo fuese indeterminado, los agricultores podrían tratar de retrasar el pago indefinidamente, sin que el titular pudiese ejercitar acciones judiciales.

 (Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2015, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

- Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

- Reglamento (CE) núm. 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

ENGLISH VERSION 

Time period for complying with the obligation to pay equitable remuneration to the holder of plant variety rights. Judgment of the Court of Justice of 25 June 2015, Saatgut-Treuhandverwaltungs (C-242/14).

1. Background.

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV) is an association of plant variety right holders. One of the species that it manages is the winter barley variety “FINITA”. Each year, the association asks farmers to provide information on any planting of protected plant varieties for which STV administers the rights, sending planting declaration forms to them for that purpose. The association learned that in the marketing year 2010/2011, the agricultural company Gerhard und Jürgen Vogel GbR, and Mssrs. G. and J. Vogel, the personally liable partners in that company (Vogel), had planted “FINITA” winter barley. The farmers, who had no contractual relations with the plaintiff, did not respond to either the request for information that STV had sent in May 2012 or to the payment claim made in June.

On 18 March 2013, STV sued Vogel, seeking compensation as redress for the damages sustained. The defendants objected to the payment of such compensation and argued that since they were entitled to carry out the planting (under Art. 14.1 of Regulation 2100/94 on Community plant variety rights), they owed, at most, a reduced fee as equitable remuneration. The Landgericht Mannheim referred two questions to the CJ concerning when the obligation to pay equitable remuneration before sowing comes into existence, and the time period for complying with that obligation.

2. Findings.

The CJ answered both questions together. It first of all referred to the authorisation requirement laid down in Art. 13.2 of Regulation (EC) 2100/94, according to which farmers must obtain permission from the holder of the plant variety rights for, inter alia, production and reproduction of their material. Art. 14.1 establishes a derogation from that obligation, insofar as it expressly authorises farmers to use the product of the harvest which they have obtained by planting propagating material where they fulfil certain conditions. That derogation is known as the “agricultural exemption”, or “farmer’s privilege”. One of the conditions for the derogation to apply, laid down in Article 14.3, requires payment of equitable remuneration to the rightholder, with small farmers being exempt from that payment. The judgment centres on the time period in which farmers may make the payment and thus avail themselves of the derogation from the obligation to obtain authorisation pursuant to Art. 14. Nevertheless, if that remuneration has not been paid, it must be considered that the farmer was not authorised and performed one of the acts prohibited under Art. 13, which would entitle the rightholder to bring the pertinent legal action, including an injunction and a compensation claim, provided for in Art. 94 for cases of infringement. In cases of intent or negligence, the compensation shall cover the damage caused.

The CJ applies Regulation (EC) 1768/95, which establishes the implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14.3 of Regulation 2100/94, in order to determine the time period. Based on Art. 6, it fixes the point as of which equitable remuneration is required, namely, the date of reseeding. The rightholder may determine the circumstances of the payment but can never establish a payment date which is earlier than the date on which the farmer actually makes use of the product of the harvest.

Where the rightholder does not establish a time period, the CJ considers that it cannot be indefinite and applies the provisions of Art. 7 which, despite referring to small farmers, states that the period for payment of the remuneration is the marketing year, which starts on 1 July and ends on 30 June of the subsequent calendar year.

Basically, in order for farmers to be able to benefit from the derogation provided for in Art. 14 of Regulation 2100/94 and not be required to obtain authorisation from the rightholder in order to use the product of the harvest of a protected plant variety, they must pay equitable remuneration by 30 June following the date of reseeding.

3. Remarks.

The purpose of the derogation provided for in Art. 14 of Regulation 2100/94 is to safeguard agricultural production in the public interest. However, we should not forget that this intellectual property right seeks to stimulate plant breeding for the benefit of society as a whole, since it confers exclusive rights on those who have invested time and resources into researching varieties that increase the productivity and quality of existing varieties. 

The CJ’s decision certainly endeavours to strike a balance between those two objectives, whilst filling an apparent gap in the Regulation. In that regard, farmers are entitled to use the product of the harvest of a protected variety without obtaining the rightholder’s authorisation. However, the latter is guaranteed equitable remuneration within a reasonable time period, which cannot be indefinite since that would render the right to legal remedies ineffective in the event of infringement. In fact, if that time period were unlimited, farmers could attempt to defer the payment indefinitely, and rightholders would not be able to bring legal action. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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