Conócenos

PIRATERÍA

Interés público de las medidas aduaneras y competencia de las autoridades aduaneras para comprobar la vulneración de la propiedad intelectual

Por Juan José Caselles

  • Imprimir

1. Hechos.

Sintax Trading importó en Estonia botellas de enjuagues bucales expedidas por una sociedad ucraniana. Acerra puso en conocimiento de la aduana que dichas botellas vulneraban su derecho sobre un modelo registrado. La aduana suspendió el levante de las mercancías a fin de realizar un examen complementario, lo que le permitió observar una gran similitud entre la forma de las botellas importadas y el modelo perteneciente a Acerra. Al sospechar que se había vulnerado un derecho de propiedad intelectual, la aduana decomisó la mercancía e instó a Acerra a que presentara un informe, confirmando ésta las sospechas. La aduana declaró que la mercancía vulneraba un derecho de propiedad intelectual en el sentido del Reglamento nº 1383/2003 y, en consecuencia, denegó la solicitud de Sintax de obtener el levante de la mercancía. 

Tras diversos recursos por parte de Sintax, se ordenó el levante de la mercancía declarando que dicho Reglamento no permitía a las autoridades aduaneras decidir de oficio sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual y que las autoridades aduaneras no podían retener las mercancías una vez expirado el plazo de 10 días previsto. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estonia albergaba dudas sobre el levantamiento de la retención, puesto que el Derecho estonio permite a las autoridades aduaneras incoar de oficio un procedimiento contradictorio a fin de pronunciarse, en cuanto al fondo, sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual. 

2. Pronunciamientos.

El TJ declara que las disposiciones del Reglamento 1383/2003 no excluyen por sí mismas que el procedimiento para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz del Derecho nacional pueda ser incoado de oficio por las autoridades aduaneras, a falta de iniciativa del titular del derecho de que se trate. 

El Reglamento nº 1383/2003 no tiene únicamente por objeto proteger derechos e intereses privados, sino también intereses públicos. Habida cuenta de que los objetivos de dicho Reglamento consisten en impedir la comercialización de mercancías que, además de vulnerar derechos de propiedad intelectual, inducen a error a los consumidores haciéndoles correr a veces riesgos para su salud y seguridad, personas distintas de los titulares de aquellos derechos pueden invocar, a fin de eliminar esos riesgos, un interés legítimo en que se declare la vulneración de tales derechos. De ahí que el Reglamento no se oponga a que los Estados miembros establezcan que las aduanas puedan incoar de oficio el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales. 

La cuestión de si las autoridades aduaneras pueden tramitar dicho procedimiento y pronunciarse sobre el fondo para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales,  serán aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran las mercancías. El legislador de la Unión no excluye que pueda designarse como autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo a una autoridad distinta de la autoridad judicial, reiterando el TJ que esta posibilidad está también permitida por el artículo 49 del Acuerdo ADPIC y declarando que las normas de ejercicio de tal competencia corresponden al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal. 

El TJ concluye que nada se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento sobre el fondo, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recurso que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión y, en particular, el citado Reglamento, confieren a los justiciables. 

3. Comentario.

La trascendencia de esta sentencia radica en tres extremos: a) declara el interés público de las medidas aduaneras, permitiendo la incoación de oficio por la aduana del procedimiento sobre el fondo incluso en caso de inacción del titular del derecho de propiedad industrial o intelectual presuntamente vulnerado; b) deja abierta la posibilidad de que, en virtud del principio de autonomía procesal, se atribuya la competencia sobre el fondo también a las autoridades aduaneras, actualmente atribuida en España tanto a los Juzgados penales como los civiles –mercantiles-; y c) suscita una cuestión muy sensible en nuestro país: si la facultad de la aduana de incoar de oficio el procedimiento podría convertirse en obligación de los funcionarios de denunciar los hechos delictivos de los que tengan conocimiento -en virtud del artículo 262 Ley de Enjuiciamiento Criminal.- y, en caso de no hacerlo, en un delito de omisión del deber de perseguir los hechos delictivos -de acuerdo con el artículo 408 Código Penal-. El debate está servido. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-  REGLAMENTO (CE) No 1383/2003 DEL CONSEJO de 22 de julio de 2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos

- Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la ronda Uruguay (1986-1994).

ENGLISH VERSION  

Public interest in border measures and the customs authorities’ power to establish the infringement of intellectual property rights. Judgment of the Court of Justice of 9 April 2014, Sintax Trading (C-583/12).

1. Background.

Sintax Trading imported bottles of mouthwash supplied by a Ukrainian company into Estonia. Acerra informed Customs that those bottles infringed its registered design rights. Customs suspended the release of the goods in order to carry out a further investigation, which revealed a strong similarity between the shape of the bottles which had been imported and Acerra’s design. Suspecting that intellectual property rights had been infringed, Customs seized the goods and requested an opinion from Acerra, which confirmed those suspicions. Customs declared that the goods infringed intellectual property rights within the meaning of Regulation 1383/2003 and consequently rejected Sintax’s application to obtain the release of the goods.  

Following a number of appeals by Sintax, the release of the goods was ordered on the grounds that the aforementioned Regulation did not authorise the customs authorities to decide, ex officio, whether intellectual property rights had been infringed, or to detain goods after the expiry of the ten-day period prescribed to that effect. Nevertheless, the Estonian Supreme Court had doubts about the release of the goods, given that under Estonian law the customs authorities may conduct, themselves and on their own initiative, adversarial proceedings in order to issue a decision on the merits as to the existence of an infringement of an intellectual property right.

2. Findings.

The CJ declared that the provisions of Regulation 1383/2003 do not in themselves preclude proceedings to determine whether there has been an infringement of an intellectual property right under national law from being commenced on the initiative of the customs authorities, in the absence of any initiative by the rightholder concerned.

The objective of Regulation 1383/2003 is not only to protect private rights and interests, but also to protect public interests. Given that the Regulation seeks to prevent the marketing of goods which, besides infringing intellectual property rights, may deceive consumers and in some cases endanger their health and safety, parties other than the rightholders may invoke a legitimate interest in establishing the infringement of those rights in order to eliminate those risks. Therefore, the Regulation does not preclude the Member States from providing that the customs authorities may themselves initiate proceedings to determine whether there has been an infringement of an intellectual property right under national law.          

As regards the issue of whether the customs authorities may conduct those proceedings and adopt a decision on the merits in order to determine whether there has been an infringement of an intellectual property right under national law, it is the law in force in the Member State in which the goods are situated which will be applicable in order to make that determination. The EU legislature has not ruled out the possibility that an authority other than a judicial authority may be designated as the authority competent to give a decision on the merits of a case. The CJ reiterates that this possibility is also provided under Article 49 of the TRIPS Agreement, and declares that it is for the national law of each Member State to lay down the rules for the exercise of such powers pursuant to the principle of procedural autonomy. 

The CJ concludes that there is nothing to prevent the customs authorities, in the absence of any initiative by the holder of the intellectual property right, from initiating and conducting proceedings on the merits themselves, provided that the relevant decisions taken by those authorities may be subject to appeal, ensuring that the rights derived by individuals from EU law and, in particular, from the aforementioned Regulation, are safeguarded.

3. Remarks.

There are three significant aspects in this judgment, namely: a) it declares that there is public interest in border measures and enables the   customs authorities to initiate proceedings on the merits themselves, even when the holder of the allegedly infringed intellectual property right has not taken any action; b) it leaves open the possibility that, by virtue of the principle of procedural autonomy, jurisdiction to issue an opinion on the merits, which in Spain is currently held by both the criminal and civil (commercial) courts, can also be held by the customs authorities; and c) it raises a very sensitive issue in Spain, specifically, whether the customs authorities’ power to initiate proceedings ex officio could transform into the duty of customs officials to report any offences of which they become aware, pursuant to Article 262 of the Spanish Criminal Procedure Act, and in the event that they do not do so, into breach of the duty to pursue offences, under Article 408 of the Spanish Criminal Code. The debate is on. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

Widgets Magazine

Comentarios jurisprudenciales

CASE STUDY & MASTER CLASS

ebook gratuito

LOPD EN DESPACHOS DE ABOGADOS

  • Caso práctico: absorción o adquisición del despacho por otra entidad

    Tanto el despacho como persona jurídica, como los integrantes del mismo, los terceros a los que se ceden esos datos, y aquellos que prestan servicios al despacho y tienen acceso a datos de carácter personal, están obligados al secreto y al deber de guardar esos datos, 

  • Caso práctico: Lexnet

    El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero será nulo cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza, o el tipo de actividad de aquel a quien se pretenden comunicar.

  • Caso práctico: almacenamiento de información

    Como decimoctava entrega de la serie de artículos sobre protección de datos personales en los bufetes de abogados, hoy les mostraré un caso práctico sobre almacenamiento de información personal y las ventajas del despacho digital.

ENTREVISTAS

COLABORA CON NOSOTROS

Colabora

Envianos un artículo sobre nuevas tecnologías aplicadas al ámbito jurídico

Colaborar

Enviar Artículo

He leído y acepto las condiciones de la Política de Privacidad y el Aviso Legal

(*) Campos obligatorios

feedburner

Reciba LAW & TIC de forma gratuita.

GESTIÓN DE DESPACHOS

  • ¿Por qué es importante implementar el marketing en una empresa de servicios jurídicos?

    Hoy en día, el mercado legal está inmerso en una etapa de dinamismo que se está llevando a cabo a través de numerosas integraciones y/o fusiones entre despachos de diferente perfil que lo que buscan es crear una marca más sólida con la que poder prestar un servicio más completo a sus clientes.

  • La web y el blog, primeras piedras del camino hacia el posicionamiento SEO

    ¿Recuerdas cuando captar clientes se reducía al ‘boca a oreja’ y al prestigio del despacho? ¿Todo iba mucho más rodado, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo por el que ahora ya no es tan fácil? Muy sencillo: se ha constituido un nuevo canal de captación que aún tiene mucho potencial: internet, la web y Google, el mayor canal de información y búsqueda de contenidos de España.

Pablo García Mexía

Abogado, Cofundador de Syntagma, Centro de estudios estratégicos.

1

Carlos Pérez Sanz

Socio del área de Information Technology y Compliance de ECIJA.

1

Raúl Rubio

Partner, Information Technology & Communications Baker & McKenzie

1

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17