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DERECHOS DE AUTOR

Infracción indirecta de derechos de autor

Por Antonio Castán

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1. Hechos.

La Asociación Promusicae y diversas empresas discográficas interponen acción por violación de derechos de autor contra las entidades Optisoft S.L., Piolet Networks S.L. y M Punto 2 Punto Technologies S.A., titulares de una serie de aplicaciones informáticas que hacen posible la implantación de protocolos “Peer to Peer” (P2P) para el intercambio de archivos entre usuarios. Los programas podían ser adquiridos a través de las páginas web de las demandadas. Entre los archivos de audio que intercambiaban los usuarios de dicha tecnología ocupaba un elevado porcentaje los fonogramas musicales sujetos a derechos de propiedad intelectual.

La acción, basada en derechos de autor y en la disciplina de la competencia desleal, solicitaba el cese por los demandados en tal actividad y una indemnización por los daños y perjuicios causados, que las actoras cifraban, teniendo en cuenta el número de descargas producidas y una estimación del precio medio de explotación en Internet de cada canción grabada, en 13.029.599 euros. Ambas acciones son desestimadas. 

2. Pronunciamientos.

La Sentencia comienza por admitir que los intercambios entre usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de los derechos: comunicación pública (en su modalidad de puesta a disposición del público de forma interactiva de las obras) y de reproducción, tanto de los autores como de los productores de fonogramas; sin que quepa aplicar el límite de copia privada. 

El Tribunal, sin embargo, puntualiza que los demandados no son usuarios que actúen de la forma descrita. Se trata de empresas que han elaborado y distribuido el software de intercambio de archivos que permite poner en marcha protocolos “Peer to Peer” de tipo descentralizado, de modo que no tienen intervención alguna en el intercambio de archivos que pueden realizarse directamente entre los usuarios a través de dichas herramientas tecnológicas. Esto impide que se pueda calificar su actuación como una infracción directa de los derechos de propiedad intelectual. 

La sentencia no acepta tampoco que la posición de los demandados pueda ser considerada como la de un proveedor de servicios de Internet sujeto a las responsabilidades previstas en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información. Según el Tribunal “lo que los demandados realizan, respectivamente, es la creación y comercialización de un programa informático. No se trata de prestadores de servicios de intermediación en Internet, pues su misión no es posibilitar el acceso de los usuarios a la red, ni se encargan de la transmisión de datos, ni proporcionan servicios de alojamiento de los mismos, ni tampoco facilitan enlaces a otros contenidos ni incluyen buscadores de éstos”. Esto impide en consecuencia incardinar el comportamiento de los demandados en el ámbito de las responsabilidades que pudieran exigirse a los proveedores de servicios de la sociedad de la información. 

A partir de ahí, el Tribunal examina exhaustivamente la cuestión de determinar si es posible imputar responsabilidad a los demandados por la vía de la infracción indirecta, aquella que sería cometida por aquél que, siendo consciente de ello, indujese o contribuyese a que un tercero realizase una actividad infractora de derechos de propiedad intelectual. 

El Tribunal toma como punto de partida que la infracción indirecta “carece de explícita regulación legal en nuestro ordenamiento jurídico en lo que respecta a la propiedad intelectual en sentido estricto”; que existen antecedentes judiciales sobre imputaciones de responsabilidad por infracción indirecta en el ámbito de la propiedad intelectual que provienen de litigios seguidos en los Estados Unidos de América (el caso Betamax) pero advierte que tales antecedentes se asientan “en principios que no son estrictamente coincidentes con los que inspiran el derecho continental europeo, por lo que se debe ser cuidadoso a la hora de intentar trasladar con cierto automatismo la doctrina jurisprudencial de dicho país”; y que la posibilidad de imputar responsabilidad por infracción indirecta de la propiedad intelectual en el marco legal español es, sin embargo, “una materia controvertida en la doctrina jurídica”. 

Partiendo de esas premisas, el Tribunal rechaza la acción basada en derechos de autor declarando que el alcance de la responsabilidad por hecho ajeno que regula el artículo 1903 del Código Civil tampoco permitiría fundar una responsabilidad como la propugnada por la parte actora. Para la Sentencia “esta previsión legal sólo da lugar a una extensión de responsabilidad a un tercero por un hecho ajeno en situaciones en las que median nexos de jerarquía, subordinación o dependencia, de manera que un sujeto tendría cierta ascendencia sobre otro o incluso la facultad de darle órdenes, instrucciones o se supervisar su conducta, lo que justifica que le alcance responsabilidad por lo que éste hiciera”. 

En lo que respecta a la acción por competencia desleal, la Sentencia rechaza también la posibilidad de subsumir la conducta de los demandados en los actos de imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, en la cláusula general de contravención de la buena fe o en el tipo concurrencial relativo a la infracción de normas. 

3. Comentario.

La infracción indirecta de derechos de propiedad intelectual o industrial sólo está contemplada expresamente en el ordenamiento español en la ley de patentes. Esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid pone de relieve la dificultad de articular acciones judiciales ante una carencia legal. En el ámbito del derecho de autor, además, se trata de una cuestión que no ha sido nunca pacífica y que puede ser entendida de forma distinta según cual sea el sistema en el que se desenvuelva la controversia. De todo ello se hace eco esta sentencia con razonamientos no exentos de razón pero sujetos también a crítica. La situación que describe la sentencia, sin embargo, ha cambiado por completo en España apenas unos meses después de haber sido pronunciada. La reforma de la Ley de propiedad intelectual española de noviembre de 2014 introduce explícitamente la modalidad de responsabilidad indirecta para el inductor, cooperador necesario o receptador. Otra cosa es la interpretación que vaya a darse a esta reforma y las incógnitas que suscita. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

ENGLISH VERSION  

Indirect copyright infringement. Judgment of Madrid Court of Appeal of 31 March 2014               

1. Background.

The association Promusicae and various record companies filed legal proceedings for copyright infringement against Optisoft SL, Piolet Networks SL and M Punto 2 Punto Technologies SA, the owners of a series of computer applications enabling peer-to-peer (P2P) protocols to be set up so that files could be shared among users. The programs could be acquired from the defendants’ websites. A high percentage of the audio files exchanged by users of that technology were copyrighted music phonograms.       

The proceedings, which comprised copyright and unfair competition actions, sought an order for the defendants to cease the aforementioned activities and to pay compensation for damages, which the plaintiffs estimated to be 13,029,599 Euros, taking into account the number of downloads and the average Internet price of each song recorded. Both actions were dismissed. 

2.      Findings.

The judgment began by acknowledging that the sharing of copyrighted files among Internet users without the rightholder’s consent constitutes infringement of the right of communication to the public (making the works available to the public in an interactive manner) and the right of reproduction, both of authors and phonogram producers, and that the private copying limitation did not apply.          

The Court nevertheless pointed out that the defendants were not users acting in the manner described above. They were companies that had produced and distributed the file sharing software which enabled decentralised peer-to-peer protocols to be set up, and so they did not participate in the file sharing that could be carried out directly among users by means of those technological tools. This prevented their conduct from being classified as direct copyright infringement.

The judgment likewise denied that the defendants’ could be considered as Internet service providers subject to the liability provided under the Spanish Information Society Services Act 34/2002. According to the Court, “what the defendants are doing, respectively, is creating and marketing a computer program. They are not intermediary service providers on the Internet, since their mission is not to facilitate users’ access to the Internet; nor do they transmit data or provide data hosting services. They likewise do not provide links to other content or include search engines for that content”. This therefore prevented the defendants’ conduct from falling within the scope of liability applicable to information society service providers.

The Court then went on to comprehensively examine the issue of whether the defendants could be held liable for indirect infringement (secondary liability), i.e., where a party knowingly induces or contributes to copyright infringing acts carried out by another party.

The Court bases its reasoning on the following grounds: indirect infringement “lacks explicit legal regulation in Spanish law in respect of copyright in the strict sense”; there are legal precedents from the USA (Betamax) on the attribution of secondary liability concerning copyright, though the Court warns that those precedents are based “on principles that do not strictly coincide with those which inspired Continental European law, and so care must be taken when attempting to automatically transfer case-law from that country”; and the possibility of attributing liability for indirect copyright infringement under Spanish law is, nevertheless, “a disputed issue in legal doctrine”.

In view of those premises, the Court dismissed the action based on copyright on the grounds that the extent of secondary liability regulated by Article 1903 of the Spanish Civil Code would likewise not enable the liability defended by the plaintiffs to be established. According to the judgment, “this legal provision only gives rise to the extension of secondary liability to a third party in situations where there are links in respect of hierarchy, subordination or dependence at play, with one individual having a certain degree of ascendancy over another, including the power to give orders, instructions or to supervise conduct, which justifies the former’s liability for the latter’s actions”.                     

As regards the unfair competition action, the judgment also rejects the possibility of categorising the defendants’ conduct under acts of imitation including free-riding on another’s efforts, under the general clause on the contravention of good faith, or under infringement of competition rules. 

3. Remarks.

In Spanish law, indirect infringement of intellectual property rights is only expressly provided under the Patent Act. This judgment by Madrid Court of Appeal highlights the problems involved in bringing legal action where there is a deficiency in the law. Furthermore, this has never been a clear-cut issue in the realm of copyright, and it can be construed differently depending on the system in force in the place where the dispute arises. All of this is echoed in this judgment, which propounds reasoning which, despite not lacking reason, is also open to criticism. The situation described by the judgment nevertheless underwent a complete turnaround in Spain just a few months after the judgment was rendered. The reform of the Spanish Copyright Act in November 2014 explicitly introduced the concept of secondary liability for instigators, necessary collaborators and receivers. However, the interpretation of this reform is still uncharted territory. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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