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“El Gobierno está transmitiendo mensajes contradictorios sobre si las descargas son ilegales”

Entidades de gestión, asociaciones de creadores y abogados en materia de Propiedad Intelectual consideran "errónea" la reforma de la copia privada –donde establece que el canon es asumido por los Presupuestos Generales del Estado-, en la futura Ley de Propiedad Intelectual.

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José Manuel Tourné, FAP José Manuel Tourné

No cabe duda que el anteproyecto del Gobierno que pretende modificar la Ley de Propiedad Intelectual es un reflejo del difícil escenario que, durante los últimos años, pretende determinar qué ocurre con los derechos de autor en el entorno digital.

Ya en su Exposición de Motivos, la normativa actual en esta materia  es incapaz de “adaptarse satisfactoriamente a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han venido produciendo”. Aprobado por el Consejo de Ministros afronta su tramitación parlamentaria, no con pocos reproches y alegaciones presentados desde los diferentes colectivos afectados.

Una reforma que, “aunque con buenas intenciones, resulta insuficiente”. Son declaraciones realizadas por Antonio Cueto, senior-counsel de Bird&Bird, en el seno del desayuno-tertulia informativa organizada por el Grupo Francis Lefebvre, la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI) y la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) que, bajo el tema de “La Ley de Propiedad Intelectual: Medidas urgentes y reforma parcial de la LPI” ha querido debatir sobre los aspectos más importantes por los que atraviesa la industria de lo intangible y las pretensiones de este anteproyecto.

Sobre la mesa, un mercado que sigue experimentando una gran revolución en las comunicaciones con la aparición de las redes sociales y multiplicidad de dispositivos – en 2016 habrá casi 19.000 millones de dispositivos conectados a la red, según Cisco-, que han transformado las reglas del juego audiovisual: si bien ha incrementado sus oportunidades de negocio, determinados sectores han sufrido una notable recesión en sus números.

No obstante, como explica el presidente de ADEPI, Antonio Guisasola, el sector musical empezó a reaccionar antes y actualmente existe una oferta legal amplia acompañada de una visión optimista de las posibilidades de este negocio. “Ahí tenemos el ejemplo de Spotify, donde España fue uno de los cinco primeros países en ofrecer sus servicios de streaming de canciones”. Para Guisasola, “España no es más pirata que otros países, sino que en nuestro país es mucho más fácil vulnerar estos derechos y salir impune”, aclara. Y va aún más allá: “Somos el único país de Europa donde aún se debate si el P2P es legal”.

Los expertos se detuvieron en las tres principales modificaciones que contempla la futura ley: las medidas que afectan a las entidades de gestión, concebidas como un intento de “liberalizar el mercado con la aparición de otros agentes, como las agencias de intermediación”; la reforma de la copia privada, y la regulación de las funciones y competencias de la Sección Segunda Comisión de Propiedad Intelectual.

Generar conciencia y jurisprudencia contradictoria

En opinión de José Manuel Tourné, director general de la FAP, “existe el inconveniente añadido de que desde el Gobierno, se están transmitiendo mensajes contradictorios sobre si las descargas son legales”. Tourné considera muy necesario una labor de formación no sólo desde las administraciones públicas, sino desde las instituciones académicas “empezando por el propio colegio”. No en vano el director de la FAP fue uno de los impulsores de que la asignatura Educación para la Ciudadanía integrara la protección de la propiedad intelectual en su temario.

En la misma línea se muestra el abogado de Bird&Bird, argumentando que no existe un criterio único en la jurisprudencia"encontrándonos, no pocas veces, con resoluciones judiciales contradictorias".

Límites a la copia privada

Sin duda, una de los puntos más controvertidos de la reforma es el apartado de la copia privada, un retroceso para los derechos de los usuarios según la mayoría de agentes sociales, que lo ven como un paso previo a que desaparezca la copia privada.  Los Presupuestos Generales del Estado asumen el anterior canon mediante una partida de cinco millones de euros, cantidad “insuficiente” para las entidades de gestión, que destinaban parte de ese dinero a obras sociales dirigidas a los autores.

Para el responsable de ADEPI, es “un sinsentido” el que para justificar esa universalización del pago del canon digital se limite el derecho a que solo el usuario que compre la obra en soporte físico puede generar una copia y solo serían lícitas aquellas que se copien de un soporte original adquirido por el usuario. El resto serán actos ilícitos salvo que sean actos licenciados, como el de comprar una canción en iTunes, por ejemplo, una modificación que no ha dejado indiferente a nadie.

Papel de las entidades de gestión

Otro de los apartados de la reforma de la Ley está relacionado con el papel que realizan las entidades de gestión, consideradas por los intervinientes como “necesarias, conocedoras del mercado y con la experiencia acumulada”. Unas instituciones que, a diferencia del resto de agencias, están sometidas a unas obligaciones por Ley incluso, la potestad del Estado para influir en sus tarifas, sobre precios ya negociados anteriormente con las asociaciones culturales y de autores.

Además, denuncian que el anteproyecto de ley haya sido aprobado por el Consejo de Ministros sin haber abierto antes un periodo de consultas y de debates, en el que deberían haber tenido voto los agentes implicados.

En definitiva, un encuentro que –moderado por Ignacio de San Juan, director general de AEDPI, tuvo como principales conclusiones que la futura Ley de PI aportara valor y generara riqueza y empleo, para lo que “debía, en primer lugar, tomarse en serio”, que el legislador tuviera un criterio, concienciar a jueces, fiscales, abogados y ciudadanos que es un valor que representa casi el 4% de nuestro PIB y, por lo tanto, ha de tener los instrumentos necesarios de protección.

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