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Contratos que prevén la obligación de una empresa domiciliada en un Estado miembro de la UE de ceder los derechos sobre una marca a una empresa domiciliada en un tercer Estado

Por Manuel Desantes Real

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1. Hechos.

Taser international, empresa domiciliada en Estados Unidos, celebró en el año 2008 varios contratos de distribución sin exclusividad con la empresa rumana Gate 4, en los que esta última se comprometía a ceder a aquélla las marcas Taser International registradas o cuyo registro había sido solicitado en Rumanía. Ante la negativa de Gate 4 a ceder las marcas, Taser international interpuso demanda ante el Tribunal de Distrito de Bucarest, pese a que los contratos establecían cláusulas atributivas de competencia a favor de un tribunal situado en Estados Unidos. El demandado compareció sin impugnar la competencia y el juez estimó la demanda ordenando el registro de la cesión.

Confirmada la sentencia por el Tribunal Superior de Bucarest, el Tribunal Supremo rumano entendió que debía conocer de oficio sobre el tema concreto de la jurisdicción de los tribunales rumanos y elevó al TJ tres cuestiones prejudiciales. La primera se pregunta si la existencia de una cláusula atributiva de jurisdicción hacia los tribunales de un tercer Estado es un impedimento o no para la aplicación de la prórroga tácita de competencia contenida en el art. 24 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales (Reg. Bruselas I), hoy art. 26 tras la aplicación del Reglamento 1215/2012. En caso de que no lo fuera, la segunda cuestión es de extraordinaria relevancia para la propiedad industrial e intelectual: una solicitud de ejecución de una obligación contractual de ceder derechos sobre marcas ¿debe calificarse como comprendida en un derecho real y por tanto afectada por la competencia exclusiva de los tribunales del Estado donde la marca ha sido registrada de acuerdo con el art. 22, punto 4, del Reg. Bruselas I (hoy art. 24, punto 4, del Reglamento 1215/2012) o como una obligación contractual y por tanto sometida al régimen general del Reglamento?. En fin, y para el caso de que no fuere así, la tercera cuestión preguntaba al TJ si el tribunal de instancia estaba obligado en el caso de autos a declararse competente por sumisión tácita.

2. Pronunciamientos.

El TJ responde afirmativamente a la primera y a la tercera cuestión interpretando en sentido amplio el art. 24 del Reg. Bruselas I, como ya había hecho en sentencias anteriores (por ejemplo, en la de 20 de mayo de 2010, CCP Vienna Insurance Group, C-111/09): la regla general sobre la prórroga tácita de competencia se aplica siempre, salvo en los casos que figuran expresamente entre las excepciones previstas en el mismo precepto, y la prórroga expresa de competencia, aún realizada a favor de un Estado tercero, no se encuentra entre tales excepciones. En consecuencia, el art. 24 impide al juez ante el que se ha sometido el litigio declararse incompetente de oficio si el demandado no ha impugnado tal competencia. Sin embargo, el TJ nos deja con la miel en los labios al dejar sin contestar la segunda cuestión estimando que carece de relevancia para el caso concreto, puesto que tanto la competencia exclusiva del art. 22, punto 4, cuanto la prórroga tácita de competencia del art. 24 conducen a la competencia de los tribunales rumanos.

3. Comentario.

El asunto comentado presenta dos aspectos relevantes. Por una parte, el valor de la prórroga de competencia judicial internacional tácita a favor de los tribunales de un Estado miembro cuando el contrato contiene una cláusula de competencia expresa a favor de los tribunales de un Estado tercero. Asumiendo que el Reg. Bruselas I resulta aplicable (si la cláusula hubiera sido redactada a favor de los tribunales mexicanos la respuesta debería encontrarse en el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005 y no en el Reg. Bruselas I), el TJ no hace sino reafirmar la primacía de la prórroga tácita (posterior) sobre la expresa (anterior), lo que es correcto, y ello con independencia de que el tribunal elegido tácitamente por las partes se corresponda (como en este caso) o no con el del domicilio del demandado y con independencia de que la cláusula expresa se refiera a los tribunales de un Estado miembro o de un Estado tercero.

El segundo aspecto, empero, resulta francamente censurable. El TJ ha dejado pasar una ocasión excelente para concretar el alcance de la norma sobre competencia exclusiva en materia de derechos de propiedad industrial. Lamentablemente, tampoco es posible recurrir como fuente de inspiración a las conclusiones del Abogado General Szpunar porque, a petición suya, el TJ decidió que el asunto fuera juzgado sin conclusiones.

Y el TJ ha escurrido el bulto, a mi modo de ver, con un razonamiento equivocado: la cuestión carece de interés porque, a la postre, los tribunales rumanos van a ser igualmente competentes. Pues bien, ello no es así por dos razones. En primer lugar, porque el art. 22 (competencia exclusiva de los tribunales del Estado del registro) se limita a determinar la competencia judicial internacional mientras que el art. 24 (competencia única del tribunal de un Estado miembro ante el que comparece el demandado) afecta tanto a la competencia judicial internacional cuanto a la competencia territorial interna. Pero sobre todo, en segundo lugar, porque las consecuencias de la declaración de competencia por una u otra vía son bien distintas: por un lado, las competencias exclusivas no admiten excepción alguna, se refieren a supuestos específicos establecidos en una lista cerrada, prevalecen explícitamente sobre cualquier acuerdo entre las partes, sea expreso o tácito, obligan en todo caso al tribunal a valorar de oficio su competencia (art. 25 Reg. Bruselas I, hoy art. 27 tras la aplicación del Reglamento 1215/2012) y constituyen un motivo para oponerse al reconocimiento y a la ejecución de la resolución judicial (art. 33.2 Reg. Bruselas I, hoy art. 45.1.e.ii tras la aplicación del Reglamento 1215/2012); por otro, la competencia fundada en un acuerdo tácito es competencia única (no exclusiva), admite excepciones y matices, tiene carácter general, obliga al tribunal a controlar de oficio sólo cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro (art. 26 Reg. Bruselas I, hoy art. 28 tras la aplicación del Reglamento 1215/2012) y su inaplicación en un asunto concreto no impide el reconocimiento y la ejecución de la sentencia en los otros Estados miembros.

En mi opinión, por tanto, el TJ debería haber contestado a la segunda cuestión prejudicial, y debería haberlo hecho interpretando restrictivamente el art. 22, punto 4, del Reg. Bruselas I y refiriendo la competencia exclusiva de los tribunales del Estado del registro a aquellas cuestiones específicamente relacionadas con los aspectos registrales, entre las que no se encuentran aquéllas derivadas de una obligación contractual, en este caso, de la obligación de ceder los derechos sobre una marca.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

-Reglamento (UE) Nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

- Sentencia Tribunal de Justicia (UE) Sala 4ª de 20 mayo de 2010 asunto C-111/2009

- Convenio de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de Elección de Foro, hecho en La Haya.

ENGLISH VERSION

Agreements under which a company domiciled in an EU Member State is obliged to assign the rights in a trademark to another domiciled in a third country. Clause conferring international jurisdiction, tacit prorogation of jurisdiction and qualification of the obligation as contractual or as a right in rem. Judgment of the Court of Justice of 17 March 2016, Taser International (C-175/15). 

1. Background.

In the year 2008 Taser international, a U.S. corporation, entered into certain non-exclusive distribution agreements with the Romanian company Gate 4. Under those agreements the latter undertook to assign to the former the Taser International trademarks which it had registered or had applied for in Romania. 

As Gate 4 subsequently refused to fulfil that obligation, Taser International  brought a legal action before the District Court in Bucharest, even though the agreements between the parties contained clauses conferring jurisdiction on a court in the United States. The defendant entered an appearance in the proceedings without contesting the jurisdiction of the Romanian court. In due course the court delivered a judgment upholding the complaint and ordering the defendant to proceed with the assignment.

When the Bucharest Court of Appeal upheld that judgment, Gate 4 took the case to the Romanian High Court of Justice which, on the understanding that, although the parties had never challenged the jurisdiction of the Romanian courts, it should rule on the issue of its own motion, stayed the proceedings and referred three questions to the ECJ for a preliminary ruling. The first is whether there may be tacit prorogation of jurisdiction in accordance with article 24 of Regulation 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Reg. Brussels I), now article 26 of Regulation 1215/2012 (Brussels I recast), despite the existence of a clause in the contract conferring jurisdiction on the courts of a third country. If the answer is affirmative, then we come to the second question which is one of extraordinary relevance for intellectual property: should a request for enforcement of a contractual obligation to assign rights in trademarks be regarded as coming within the scope of a right in rem and therefore be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the state where the marks have been registered, in accordance with article 22.4 of Reg. Brussels I (article 24.4 of Brussels I recast), or should it be considered nothing more than a contractual obligation and therefore be subject to the general scheme of the Regulation? Lastly, the third question is whether  the court seised is precluded through article 24 (article 26 of Brussels I recast)  from declaring of its own motion that it does not have jurisdiction when the defendant has entered an appearance before that court without contesting the jurisdiction.

2. Findings.

The ECJ responds affirmatively to the first and third questions, interpreting in a broad sense article 24 of  Reg. Brussels I as it had already done in previous judgments (e.g., that of 11 September 2014,  CCP Vienna Insurance Group, C-112/09): the general rule concerning the tacit prorogation of jurisdiction always applies other than in the exceptional cases specifically mentioned in that same provision, and the express prorogation of jurisdiction in favour of the courts of a third country is not among those exceptions. However, the ECJ falls short of our expectations in leaving the second question unanswered on the ground that it is of no relevance in this particular case because jurisdiction, whether stemming from article 22.4 or from article 24, would in any event correspond to the Romanian courts.

3. Remarks.

There are two relevant aspects to the judgment discussed here. On the one hand, it is thereby confirmed that there may indeed be tacit prorogation of international jurisdiction in favour of the courts of a Member State even though the agreement between the parties contains a clause specifically conferring jurisdiction on the courts of a third country. Thus, provided that Reg. Brussels I is applicable (bearing in mind that if in this case the clause in the contract had, for example, designated the courts of Mexico the answer would have had to come from the Hague Convention on Choice of Court Agreements of 2005 and not from Reg. Brussels I), the (later) tacit prorogation prevails over the (earlier) express prorogation, irrespective of whether the court tacitly chosen by the parties corresponds to the defendant’s domicile (as it does in this case) or not, and of whether the clause in the agreement refers to the courts of a Member State or to those of a third country.

The second aspect, however, is one clearly open to criticism. The ECJ has missed an excellent opportunity to define the scope of the provision relating to exclusive jurisdiction in the field of intellectual property rights. Nor is it possible, unfortunately, to draw inspiration from the conclusions that Advocate General Szpunar might have reached in that regard, given that the court decided, at his request, to proceed to judgment without an opinion.

The ECJ has avoided that issue on the basis of reasoning that is, in my view, mistaken: that the question is devoid of interest because, in the final analysis, the courts of Romania have jurisdiction in the one way or the other. There are two reasons why that is not so. First, article 22 (exclusive jurisdiction of the courts of the State of registration) only determines international jurisdiction, whereas article 24 (sole jurisdiction of the court of a Member State before which the defendant has entered an appearance) affects both international jurisdiction and internal territorial jurisdiction. Second, and more important still, the consequences in the one case and the other are very different. On the one hand, no exceptions are contemplated in the case of exclusive jurisdiction, which is applicable in a specific list of circumstances and prevails over any agreement between the parties, be it express or tacit, obliges the court to determine of its own motion whether it has jurisdiction  (article 25 of Reg. Brussels I, now article 27 of Brussels I recast), and constitutes a ground for contesting the recognition and enforcement of the judgment (article 33.2 of Reg. Brussels I, now article 45.1e(ii) of Brussels I recast). On the other, when stemming from a tacit agreement jurisdiction is sole (not exclusive), is open to exceptions and nuances, is of a general character, obliges the court to determine whether it has jurisdiction only when the defendant is domiciled in a Member State (article 26 of Reg. Brussels I, now article 28 of Brussels I recast), and the non-application thereof in a given matter does not prevent the judgment from being recognized and enforced in the other Member States.

In my opinion, therefore, the ECJ should have responded to the referring court’s second question and should have done so by interpreting article 22.4 of Reg.  Brussels I restrictively, confining the exclusive jurisdiction of the courts of the Member State of registration to issues specifically relating to matters of registration, which do not extend to those stemming from a contractual obligation such as, in the present case, the obligation to assign the rights in a trademark. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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