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PATENTES

Compatibilidad del Reglamento 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente con el Derecho de la Unión Europea

Por Manuel Desantes Real

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1. Hechos.

La Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, autorizó una cooperación reforzada “en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria” en la medida en que a) estuviere basada en el art. 118 TFUE, b) tuviera por objeto “la creación de una patente unitaria, que proporcione una protección uniforme en todo el territorio de los Estados miembros participantes y que será concedida por la OEP” y c) su régimen lingüístico se inspirara en el propuesto por la Comisión el 30 de junio de 2010. España e Italia solicitaron al TJ que anulara la Decisión del Consejo y el Tribunal concluyó (C-274/11 y C-295/11) el 16 de abril de 2013 a) que las cooperaciones reforzadas eran posibles en todos los supuestos de competencias compartidas –como era el caso, pues, según el Tribunal, la propiedad industrial se inscribía en el marco del mercado interior y no en el de la libre competencia- en los que el Tratado exigiría la unanimidad y b) que, en este caso, la creación de tal cooperación reforzada contribuía al proceso de integración (vid. Anuario ELZABURU, 2013, nº 28).

El 17 de diciembre de 2012 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. España solicitó al TJ la anulación del reglamento alegando siete motivos, a saber: infracción de los valores del Estado de Derecho, falta de base jurídica del reglamento impugnado, desviación de poder, infracción del art. 291.2 TFE, violación de los principios enunciados en la Sentencia Meroni y violación de los principios de autonomía y uniformidad del Derecho de la Unión.

2. Pronunciamientos.

El TJ desestima completamente todas las alegaciones de España y concluye lo siguiente: 

  1. El Reglamento 1257/2012 constituye un “acuerdo especial en el sentido del art. 142 CPE”.
  2. Un acto de las instituciones de la UE –en este caso, un reglamento- puede carecer de contenido material y no por ello resultar anulable.
  3. Es posible crear un título de la UE que carezca de autonomía, es decir, cuyos derechos y limitaciones no vengan directamente proclamados por la autoridad creadora –en este caso, la UE- sino por la legislación de un Estado, fuere el que fuere. Tal es el caso de los arts. 5 a 7 del Reglamento 1257/2012.
  4. La base jurídica del art. 118 TFUE es correcta aunque no haya armonización alguna ni produzca una “protección uniforme de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la Unión” sino tan sólo una “protección uniforme” de una concreta patente europea con efecto unitario.
  5. El importe de las tasas anuales de renovación de patentes europeas con efecto unitario no tiene necesariamente que ser uniforme para todos los Estados miembros contratantes.
  6. No existe problema de delegación de competencias de ejecución de la Unión Europea a la Oficina Europea de Patentes puesto que son los Estados miembros los que han llevado a cabo tal delegación.
  7. La aplicabilidad de un reglamento no puede hacerse depender de factores externos, salvo que el propio reglamento habilite para ello, lo que ocurre en este caso, dado que el Reglamento 1257/2012 habilita a los Estados miembros para crear el Tribunal Unificado de Patentes (TUP).
  8. En el momento en el que entre en vigor el Acuerdo TUP el Reglamento 1257/2012 se aplicará a los veinticinco Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, si bien a los que no hayan ratificado todavía el TUP no les resultarán aplicables los preceptos relativos a la patente europea con efecto unitario.

3. Comentarios.

La Sentencia de 5 de mayo de 2015 (C-416/13) abre una caja de pandora cuyas consecuencias trascienden sin duda el marco de la patente europea con efecto unitario. En general, se trata de una Sentencia decepcionante desde un punto de vista técnico-jurídico y que plantea más problemas de los que resuelve, si bien elevando el problema al sustraerlo del asunto concreto desde la especie –el Derecho de patentes y, en concreto, la patente de la Unión Europea como título específico de propiedad industrial- hasta la categoría –el Derecho de la Unión Europea-, abriendo de este modo no pocos flancos para futuros conflictos de mayor calado. Sorprendentemente, no parece incidir en el meollo de la cuestión, a saber, si la patente europea con efecto unitario es o no un verdadero título de propiedad industrial.

Por otra parte, el discurso es pobre, repetitivo y parece en ocasiones predeterminado por el resultado: en cualquier caso, se encuentra muy alejado de los notables razonamientos a los que el Tribunal nos tiene acostumbrados. No sería de extrañar que, por una vía u otra, volvieran a aflorar gran parte de los temas –vinculación entre los Reglamentos impugnados y el CPE, exégesis del art. 118 TFUE, concepto de “título” de propiedad industrial, delegación de las tareas de ejecución de actos de las instituciones de la UE a los Estados miembros o a organizaciones internacionales, valor de los considerandos en los actos de las instituciones y distinción entre la no aplicabilidad de un acto y la no aplicabilidad de sus consecuencias …- que el Tribunal ha cerrado en falso- en estas sentencia.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2015, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-  Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria

- Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de abril de 2013, asuntos acumulados C-274/11 y C-295/11

- Reglamento (UE) Nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente

ENGLISH VERSION 

Compatibility of Regulation 1257/2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with EU law. Judgment of the Court of Justice of 5 May 2015, Spain v the European Parliament and the Council (C-146/13). 

1. Background.

Council Decision 2011/167/EU of 10 March 2011 authorised enhanced cooperation “in the area of the creation of unitary patent protection” insofar as: a) it was based on Art. 118 TFEU; b) it was aimed at “creating a unitary patent which would provide uniform protection throughout the territories of the participating Member States and would be granted by the European Patent Office”; and c) its linguistic regime was inspired by the Commission’s proposal of 30 June 2010. Spain and Italy applied to the CJ for annulment of the Council Decision, and the Court, on 16 April 2013, concluded that: a) enhanced cooperation was possible in all shared competence scenarios (as was the case here since, according to the Court, intellectual property fell within the scope of the internal market, not free competition rules) in which the Treaty required unanimity; and b) in this case, the creation of such enhanced cooperation contributed to the integration process (see ELZABURU Review 2013, no. 28).

On 17 December 2012, the European Parliament and the Council adopted Regulation 1257/2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection. Spain filed action with the CJ seeking the annulment of the Regulation on the basis of seven pleas in law, namely: infringement of the values of the rule of law; a lack of legal basis for the contested Regulation; a misuse of powers; infringement of Art. 291.2 TFEU; infringement of the principles laid down in the Meroni judgment; and infringement of the principles of autonomy and uniform application of EU law.

2. Findings.

The CJ fully dismissed all of the grounds for annulment put forward by Spain and concluded as follows:

  1. Regulation 1257/2012 constitutes a “special agreement within the meaning of Art. 142 EPC”.
  2. An act by the EU institutions, in this case a regulation, can be devoid of substantial content and yet not be voidable on that basis.
  3. It is possible to create an EU title that is not autonomous, i.e., its rights and limitations are not directly proclaimed by the authority that created it –in this case, the EU-, but rather by the laws of any Member State. This is the case of Arts. 5 to 7 of Regulation 1257/2012.
  4. The legal basis of Art. 118 TFEU is adequate even though there is no harmonisation whatsoever and it does not provide “uniform protection of intellectual property rights throughout the Union”; instead, it only affords “uniform protection” of a specific European patent with unitary effect (EPUE).
  5. The amount of the annual renewal fees for EPUEs does not necessarily have to be uniform for all the participating Member States.
  6. There is no problem with regard to the EU’s delegating implementing powers to the EPO, given that it is the Member States which have made that delegation.
  7. The applicability of a regulation cannot hinge on external factors unless the regulation itself makes provision for same, which is the case here, since Regulation 1257/2012 enables the Member States to create the Unified Patent Court (UPC).
  8. h. When the UPC Agreement comes into force, Regulation 1257/2012 will apply to the 25 Member States participating in enhanced cooperation. However, the provisions relating to the EPUE will not apply to those which have yet to ratify that Agreement. 

3. Remarks.

This judgment of 5 May 2015 (C-416/13) opens a Pandora’s box, and its consequences certainly transcend the scope of the EPUE. Overall, it is a disappointing judgment from a technical and legal standpoint, raising more problems than it solves. The judgment magnifies the issue by extracting it from the specific matter at hand and shifting it from species -Patent Law, in particular, the European patent as a specific intellectual property title- to class –EU law-, thus setting the stage for weightier disputes in the future. Surprisingly, it does not seem to touch on the heart of the issue, i.e., whether or not the EPUE is a real intellectual property title.

Furthermore, the discourse is poor, repetitive and occasionally seems to be predetermined by the outcome. It is certainly far removed from the remarkable reasoning that we are used to reading from the Court. It would be no surprise if, one way or another, most of these issues –the link between the contested Regulations and the EPC, the exegesis of Art. 118 TFEU, the concept of intellectual property “title”, the delegation of tasks concerning the implementation of acts by the EU institutions to the Member States or to international organisations, the value of recitals in the institutions’ acts and the distinction between the inapplicability of an act and the inapplicability of its consequences-, under which the Court had falsely drawn a line in this judgment, will rear their heads again. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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