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DERECHOS DE AUTOR

Enlaces en internet y comunicación pública

Por Pablo Hernández

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1. Hechos.

¿Quién realiza enlaces en internet, efectúa actos de comunicación pública?. Esta es la cuestión esencial del conocido como caso Svensson. Varios periodistas suecos demandaron por daños a una empresa de prensa que publicaba en su página web enlaces a través de los cuales los usuarios eran conducidos a los artículos de prensa de los periodistas reclamantes, que se encontraban en sus publicaciones originales disponibles en la red. Los actores subrayaban que el usuario no percibía claramente que había sido redirigido a la página donde se encontraban los textos en origen. La demandada, por el contrario, sostenía que al usuario le resultaba evidente su traslado a otra página de internet. El artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información reconoce el derecho exclusivo en favor de los autores a autorizar cualquier comunicación pública de sus obras, incluida la puesta a disposición de las mismas a través de medios interactivos. Con apoyo en este artículo, los reclamantes consideraban que los enlaces suponían actos de comunicación pública no autorizados, mientras que la página reclamada mantenía que no realizaba transmisión alguna de las obras, “dado que su actividad se limitaba a indicar a sus clientes las páginas de internet en las que se encontraban las obras que les interesaban.” 

El Tribunal sueco planteó cuatro cuestiones prejudiciales: a) la primera relativa a si merece la consideración de comunicación pública la actividad de enlazar a una obra en internet; b) la segunda referente a conocer si la decisión a la primera cuestión podría verse afectada por el hecho de que la obra enlazada esté libremente accesible en internet; c) si debería tenerse en cuenta la percepción por el usuario de encontrarse o no en la misma página web; y d) por último, si los Estados miembros podrían otorgar una protección más amplio de sus derechos exclusivos que el contemplado en la Directiva. 

2. Pronunciamientos.

Para decidir la primera cuestión, el Tribunal aclaró que la comunicación pública comprendía dos elementos acumulativos: el acto de comunicar  y la comunicación a un público nuevo. En relación con el primero de estos elementos, el Tribunal determinó con claridad que el acto de facilitar enlaces en una página web sobre los que el usuario puede pulsar y ser conducido a obras protegidas era un acto de “puesta a disposición” y, por tanto, acto de comunicación en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva. Ahora bien, la Corte de justicia no estimó que estuviera presente el segundo de los elementos que deben estar presentes en un acto de comunicación pública. Para el Tribunal, el término “público” requiere no sólo la existencia de un número indeterminado de destinatarios potenciales, sino un público “que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público.

A partir de este análisis de principio, el Tribunal da respuesta al caso concreto desestimando que existiera una comunicación pública ya que la comunicación controvertida “no conduce a comunicar dichas obras a un público nuevo” porque, “sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente.” 

La inexistencia de un público nuevo determina que no fuera precisa una nueva autorización de los titulares de derechos por cuanto estos ya tuvieron en consideración a ese público al autorizar la primera puesta a disposición de las obras en la red. 

Para el Tribunal el “look and feel” del internauta usuario del enlace tampoco es relevante, y no existe un acto de explotación separado que requiera autorización si “la obra aparece dando la impresión de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace”. 

La última cuestión no es menos importante que las anteriores, aunque acaso haya pasado más desapercibida por no lidiar con la cuestión central debatida. Afecta a la capacidad de los legisladores nacionales para configurar el contenido de los derechos de autor una vez que ya han sido armonizados a nivel comunitario. El derecho de comunicación pública a una audiencia no presente en el lugar en que se origina la comunicación (considerando 23 de la Directiva) es armonizado a nivel comunitario con la “finalidad de eliminar las diferencias legislativas  la inseguridad jurídica que existen en torno a la protección de los derechos de autor”, señala la Sentencia. Por este motivo, no es admisible que “un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya igualmente actos distintos de los previstos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva”, pues “entrañaría la creación de disparidades legislativas y, por tanto, de inseguridad jurídica para los terceros.” Ya que el considerando séptimo de la Directiva subrayaba que no pretendía suprimir o evitar las diferencias legislativas que no afectaran al funcionamiento del mercado interior, el Tribunal explica que el mercado  resultaría afectado negativamente si el concepto de comunicación pública abarcara contenidos distintos en los diferentes países. 

3. Comentario.

La Sentencia Svensson ha tenido una enorme repercusión en el marco jurídico de los derechos de autor y, en nuestro país, altera declaraciones reiteradas de nuestros tribunales que consideraban que el mero acto de enlazar no afectaba al derecho de comunicación pública. A partir de esta resolución, el titular del derecho podrá actuar frente a aquellos enlaces que conduzcan a obras que sean ofrecidas desde terceras páginas sin el consentimiento del autor. Las consecuencias no son menores y las primeras resoluciones que tienen en cuenta esta nueva doctrina ya se han producido, aunque sorprendentemente por vía penal. Tampoco es menor las consecuencias que pueden derivarse de la imposibilidad de los Estados para delimitar los derechos de autor con mayor -y, ciertamente, podría decirse igualmente “menor”- contenido que el derivado de la norma comunitaria cuya armonización se configura con un carácter pleno. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-  DIRECTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. 

ENGLISH VERSION  

Internet links and communication to the public. Judgment of the Court of Justice of 13 February 2014, Svensson (C-466/12).

1. Background.  

Is a person who supplies Internet links carrying out acts of communication to the public? This is essentially the crux of the Svensson case. A number of Swedish journalists brought action for damages against a press company that published links on its website through which users were directed to the claimants’ press articles, which could be found in the original publications available on the Internet. The claimants emphasised the fact that it was not clear to users that they had been redirected to the website where the original texts could be found. The defendant, however, argued that it was clear to users that they had been redirected to another site. Article 3(1) of Directive 2001/29/EC on the Information Society provides that authors have the exclusive right to authorise any communication to the public of their works, including making them available via interactive media. On the basis of this article, the claimants considered that the links constituted unauthorised acts of communication to the public, whilst the website in question maintained that it did not carry out any transmission of the works, since “its action is limited to indicating to its clients the websites on which the works that are of interest to them are to be found.

The Swedish court referred four questions for a preliminary ruling: a) firstly, whether supplying a clickable link on a website can constitute communication to the public; b) secondly, whether the assessment of the first question can be affected by the fact that the linked work is freely accessible on the Internet; c) whether the user’s impression of being on the same or a different website should be taken into account; and d) lastly, whether the Member States can give wider protection to authors’ exclusive rights than what is provided under the Directive.   

2. Findings.

In order to answer the first question, the Court clarified that communication to the public included two cumulative criteria, namely, an act of communication and communication to a new public. As regards the first criterion, the Court was clear on the fact that providing clickable links on a website which can direct users to protected works can be considered as “making available”, and thus an act of communication within the meaning of Article 3(1) of the Directive. Nevertheless, the CJ did not consider that the second criterion necessary in an act of communication to the public was present. In the Court’s view, the term “public” not only requires the existence of an indeterminate number of potential recipients, but also a public “that was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication to the public.

On the basis of this analysis, the Court responds to this specific case by denying the occurrence of an act of communication to the public, since the communication at issue “does not lead to the works in question being communicated to a new public” given that “access to the works on that site was not subject to any restrictive measures, all Internet users could therefore have free access to them.

The absence of a new public meant that fresh authorisation from the copyright holders was not required, since they had already taken that public into account when they authorised the initial communication to the public of the works on the Internet.

As far as the Court was concerned, the “look and feel” perceived by the Internet user who clicks on the link is likewise irrelevant, and there is no separate act of exploitation requiring authorisation if “the work appears in such a way as to give the impression that it is appearing on the site on which that link is found.

The last question is no less important than the previous questions, although it may have gone more unnoticed as it does not deal with the central issue under debate. It affects the national legislators’ ability to configure the content of copyright once it has been harmonised on a Community level. Communication to the public not present at the place where the communication originates (recital 23 of the Directive) is harmonised on a Community level in order “to remedy the legislative differences and legal uncertainty that exist in relation to copyright protection”, according to the judgment. For that reason, it is inadmissible that “a Member State may give wider protection to copyright holders by laying down that the concept of communication to the public also includes activities other than those referred to in Article 3(1) of Directive 2001/29”, since it would “have the effect of creating legislative differences and thus, for third parties, legal uncertainty.” Since recital 7 of the Directive highlighted that it did not seek to remove or prevent legislative differences that did not affect the functioning of the internal market, the Court explains that the market would be adversely affected if the concept of communication to the public covered different content in the different countries.

3. Remarks.

The Svensson judgment has had a huge impact on the legal framework of copyright and, in Spain, it has altered reiterated declarations from the Spanish courts which had held that the mere act of linking did not affect the right of communication to the public. Based on this decision, copyright holders will be able to take action against links which direct to works being offered on third-party sites without the author’s consent. The repercussions are considerable, and the first judgments taking this new legal doctrine into account have already been rendered, though surprisingly by the criminal courts. The consequences potentially deriving from the fact that the Member States cannot broaden (or indeed reduce) the content of copyright with respect to the provisions of the fully harmonised EU law will also be considerable. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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