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Ricard Martínez

“Desde un punto de vista jurídico la privacidad es un derecho cuya titularidad es irrenunciable”

Entrevistamos a Ricard Martínez, Presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos.

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- ¿Qué opinión le merecen las novedades que trae consigo el nuevo Reglamento General de PPDD de la UE?

Me merecen una valoración positiva en algunos aunque no exenta de dificultades en otros. En cierta medida, inducen una cultura de privacidad desde la responsabilidad y el diseño que consolida el modelo europeo de protección de datos.

Sin embargo, el funcionamiento de la ventanilla única y la tutela de los derechos, la fijación de criterios interpretativos homogéneos, las autorizaciones previas gestionadas a nivel nacional o una figura disminuida y en parte discrecional del delegado de protección de datos generan incertidumbre. 

- ¿Cómo cambia la protección de datos en Europa?

De una parte presuntamente se unifica, desaparecen las barreras y los obstáculos derivados de veintiocho legislaciones diversas. Por otra parte, adquiere una cierta complejidad técnica lo que no significa que ello sea malo sino todo lo contrario. Apostamos por un modelo de economía digital basada en la privacidad que promete ser muy interesante.

Sin embargo, hay un elemento preocupante. El régimen sancionador se incrementa significativamente y podría ser asimétrico. Esto puede tener una lectura positiva ya que cuando se sancione a una PYME podrá modularse el impacto y a la vez las sanciones serán disuasorias para quienes por tamaño podían absorberlas. Pero hay un peligro que conocemos bien en España. Un modelo basado en materia de régimen sancionador establece diferencias entre el sector público y el privado, generando resquemor en este último, que se acaba especializando en multas sectoriales que se mantienen en el tiempo en volumen e infractores, y que utiliza la sanción como símbolo de eficiencia y ejemplaridad no es un modelo en el que necesariamente se esté garantizando el derecho fundamental a la protección de datos.   

- ¿Es la privacidad un derecho renunciable por el ciudadano?

Su pregunta se enmarca en un debate ya clásico sobre los derechos de la personalidad que se definieron como irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Así que desde un punto de vista jurídico hablamos de un derecho cuya titularidad es irrenunciable. Sin embargo, la realidad es que es un derecho con el que todas las personas negocian en el mercado. Pagamos las apps, el correo electrónico, la mensajería privada en el móvil o nuestra red social con datos personales. Y no hay nada malo en ello. Ahora bien, si en aras de la seguridad o el negocio como sociedad banalizamos el derecho fundamental a la protección de datos debemos ser conscientes que no sólo renunciamos a este derecho, sino a la garantía de nuestras libertades en un mundo digital. 

- ¿Está necesariamente reñida la Big Data con el respeto a la privacidad?

¿Está reñida la investigación biotecnológica con el derecho a la vida? La respuesta es la misma una y otra realidad deben coexistir armónicamente. Son los usos inadecuados de esta tecnología lo que no es admisible, es el perfilar personas con fines discriminatorios, el segmentar a la población, el manipular las preferencias del usuario y consumidor lo que está reñido con la privacidad. 

- ¿Hasta qué punto nuestra privacidad está en riesgo con respecto a todas las aplicaciones móviles que empiezan a lanzarse en materia de ejercicio deportivo y en el área de salud?

Dependerá de qué es lo que contrate el usuario cuando descarga esa aplicación. La cuestión es relativamente sencilla. El usuario que se baja la aplicación no lee las condiciones, no se da cuenta de que el proveedor está en un país donde existen posibilidades de tratamiento no admisibles en España. Es aquí donde está el peligro. Y creo que hay que ser intelectualmente honestos, nos enfrentamos a problemas muy complejos más allá del usuario inconsciente. El más grave es el de la asimetría negociadora de las partes. La doctrina del consentimiento como fuente esencial de legitimación en este tipo de casos resulta obsoleta y radicalmente ineficaz. Deberíamos considerar muy seriamente el impacto en la privacidad en este tipo de casos.

 - ¿Frena la privacidad el desarrollo económico y tecnológico?

No, esto es una afirmación indemostrable rayana en lo falaz. ¿Es más cómodo avanzar, meter la pata y disculparse? ¿Es más rentable que el legislador regule dos años después cuando en realidad ya toca buscar nuevos nichos tecnológicos? La respuesta es más que evidente. El desarrollo tecnológico debe respetar el Derecho, todo el Ordenamiento sin excepciones no hay derechos fundamentales con minúsculas.

Pero es que además si uno entiende cómo se despliega el cumplimiento normativo en protección de datos personales sabe que los procesos de gestión de la información mejoran de un modo sustancial, y con ello la toma de decisiones, la seguridad de los sistemas y la confianza del cliente.  

- ¿Se comercia hoy día con nuestros datos personales? ¿Será el tráfico de datos un nuevo mercado clandestino gestionado por mafias internacionales?

Las cifras apuntan en esa línea. No es bueno usar el concepto “comerciar” con los datos con un valor negativo. Puede que el propio usuario esté interesado en ese comercio y obtenga beneficios de él. La cuestión es cuando esa venta de datos se cimenta sobre incumplimientos normativos, uso inadecuado de los datos e incluso la comisión de delitos. Esto es sencillamente intolerable y debe ser perseguido.

- ¿Se podrá impedir que Facebook utilice nuestros datos de Whatsapp?

Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla o unívoca. Pero si hay al menos una línea clara, el alta en ambas redes o servicios se basó en un contrato de pay for privacy en virtud del cual el usuario acepto ciertas contraprestaciones. Si la realidad de las condiciones legales ha variado en protección de datos se impone cumplir con el deber de información e incluso obtener un nuevo consentimiento. 

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