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PROTECCIÓN DE DATOS

La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular, principales reclamaciones planteadas ante la AEPD

La Agencia resolvió en 2015 casi 13.000 denuncias y reclamaciones, un 15,70% más que el año anterior.

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy su Memoria 2015, que recoge de manera exhaustiva la actividad y el funcionamiento de las distintas áreas de la institución, las tendencias más destacadas, las decisiones y procedimientos más relevantes del año y un completo análisis de los desafíos presentes y futuros en materia de protección de datos. 

El análisis de la actividad anual refleja un incremento en el número de denuncias y reclamaciones resueltas. Así, en 2015 se han resuelto 10.871 denuncias frente a las 9.404 resueltas en 2014 (+15,60%). En cuanto a las reclamaciones de los ciudadanos para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), se han resuelto 2.113 en 2015 frente a las 1.818 de 2014 (+16,23). De estos datos se desprende que ha habido un incremento medio en la resolución de reclamaciones y denuncias de un 15,70% respecto a 2014. En lo que respecta a denuncias y reclamaciones planteadas ante la AEPD por los ciudadanos en 2015, se han recibido un total 10.571, una cifra que supone una consolidación con respecto a años anteriores tras el repunte de 2014. 

La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular se encuentran entre las principales reclamaciones planteadas ante la Agencia Española de Protección de Datos por los ciudadanos. Uno de cada tres afectados denunció ante la AEPD cuestiones relacionadas con el ámbito de la morosidad, en particular la inclusión en ficheros comunes, la reclamación de deudas impagadas o la contratación irregular en servicios ofrecidos por operadores de telecomunicaciones, entidades financieras o compañías energéticas. En relación con estas conductas es preciso incidir que la inclusión indebida en ficheros de morosidad produce unos efectos especialmente negativos para los afectados, por los que las empresas deben extremar su diligencia antes de comunicar una información inexacta. 

En este sentido, el Plan Estratégico 2015-2019 de la Agencia, del que se recogen las líneas principales en la Memoria, incluye una serie de actuaciones centradas tanto en trabajar con las empresas para que mejoren sus políticas de protección de datos en este ámbito como en orientar al ciudadano sobre qué puede hacer para reclamar sus derechos. Estas medidas, sobre las que la AEPD ya está trabajando, incluyen, además de reuniones con los principales sectores infractores para resolver las deficiencias constatadas y auditar la implantación de soluciones, una actualización del plan sectorial de oficio sobre control de datos en contratación telefónica, la elaboración de una Guía para la presentación de quejas y reclamaciones en telecomunicaciones, la colaboración con Administraciones y organizaciones sociales orientadas a la protección de los consumidores y usuarios, y la elaboración de fichas prácticas para los ciudadanos. 

En lo relativo a los procedimientos resueltos iniciados a instancia de ciudadanos que acuden a la Agencia reclamando la tutela de sus derechos –habiéndolo ejercitado previamente ante el responsable del tratamiento, que los ha denegado o no ha respondido- ocupan el primer lugar los procedimientos de cancelación (1.329) seguidos, por este orden, de los referentes al acceso (608), oposición (130) y rectificación (97). Estas cifras ponen de manifiesto, un año más, que los ciudadanos dan prioridad a que las entidades dejen de tratar sus datos personales cuando así lo solicitan.

En el caso de los procedimientos de tutela por el denominado derecho al olvido frente a buscadores, desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro­pea de 2014, la Agencia ha dictado 371 resoluciones, en las que se ha estimado la petición del ciudadano en 157 ocasiones y desestimado en 82. En 131 casos la petición se ha inadmitido, ya que los reclamantes no se habían dirigido con anterioridad al buscador solicitando la cancelación de los datos tal y como exige la legislación. 

En 2015 se atendieron casi 220.000 consultas planteadas por los ciudadanos a través de diferentes canales (+10,6 respecto a 2014), de las que hay que destacar el aumento de las preguntas realizadas a través de la Sede electrónica de la Agencia, con un incremento del 23,6% respecto al año anterior. Estos datos ponen de manifiesto la creciente aceptación de los ciudadanos por mantenerse en contac­to con la Administración utilizando los servicios electrónicos. En este sentido hay que mencionar también que más del 90% de las notificaciones del Registro General de Protección de Datos se realizan a través de internet.

Siguiendo con la inscripción de ficheros en el Registro por parte de los sujetos obligados, el año 2015 finalizó con más de 4,1 millones de ficheros inscritos, cifra que supone un incremento de casi un 10% respecto al cierre del año anterior. De ellos, 3.950.620 ficheros son de titularidad privada (96,17%) y 157.324 de titularidad pública (3,82%).

El gabinete jurídico de la AEPD emitió el pasado año 485 informes en los que dio respuesta a consultas planteadas tanto por órganos de Administraciones Públicas (305) como por entidades privadas (180). En cuanto a informes preceptivos, aquellos que tienen como finalidad integrar los principios y garantías del derecho fundamental a la protección de datos en las regulaciones sectoriales, la Agencia realizó en 2015 un total de 146. En cuanto a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD, del total de 201 sentencias dictadas en 2015, un 76% confirmaron los criterios de la Agencia en cuanto al fondo del asunto. 

Las resoluciones declarativas de infracción han descendido un 5% y el total de las sanciones económicas impuestas en 2015 ha disminuido un 19,35% (13.712.621 euros) con respecto a 2014. Entre las principales causas de esa disminución se sitúa un descenso (-8,7%) en las infracciones declaradas con sanción económica y la utilización de la figura del apercibimiento (+26%) para casos en los que no se impone sanción económica al tratarse fundamentalmente de particulares y pymes a los que se aplican los criterios de disminución de culpabilidad y antijuridicidad exigidos en la LOPD, así como el requisito de no haber sido sancionados o apercibidos previamente.  

Las sanciones de mayor cuantía han recaído en empresas de telecomunicaciones (51% del total), entidades financieras (17%) y empresas encargadas del suministro y comercialización de energía o agua (8,7%), seguidas de las infracciones declaradas por comunicaciones electrónicas comerciales –spam- (6,5%). De estas cifras, en comparación con 2014, hay que destacar la disminución de las sanciones impuestas a las empresas de telecomunicaciones (-34%) o a las de los citados suministros (-35%). Por otro lado, el volumen declarado de sanciones en 2015 sube un 18,7% con respecto a 2014 en el caso de entidades financieras y un 39% en el caso de infracciones por spam. 

En el caso de las Administraciones Públicas, en 2015 se ha producido un ascenso del 11,7% en el número de infracciones declaradas, con un incremento del 30% en los procedimientos resueltos, es decir, 78 procedimientos resueltos han dado lugar a 57 declaraciones de infracción. 

(Fuente de la noticia: Agencia Española de Protección de Datos


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