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DERECHO AL OLVIDO

El Tribunal Supremo precisa el alcance del “derecho al olvido” frente a los medios de comunicación

Por Javier Martínez Bavière

Por Santiago Menéndez-Abascal Cabiedes

Pedro Alemán Abogados

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Las autoridades en materia de protección de datos y los tribunales continúan delimitando el alcance del “derecho al olvido” reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la famosa sentencia de 13 de mayo de 2014. En su reciente Sentencia, de 15 de octubre de 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse por primera vez sobre este derecho. 

La sentencia del Tribunal Supremo es de especial interés porque, a diferencia de la referida sentencia del TJUE, que examinaba aisladamente el papel de los motores de búsqueda, determina la responsabilidad de los editores de páginas web o webmasters en esta materia, y precisa el modo en que éstos deben atender, cuando proceda, las solicitudes “derecho al olvido”. En el caso enjuiciado por el Supremo, se trataba de datos personales (nombres y apellidos) incluidos en una noticia archivada en la hemeroteca digital de un conocido medio de comunicación que informaba sobre una detención policial producida en 1985 en relación con un delito de tráfico de drogas. 

La sentencia es especialmente novedosa porque frente a la idea errónea según la cual los motores de búsquedas habrían de ser los destinatarios preferentes de toda solicitud dirigida a eliminar o limitar la difusión de información personal publicada en Internet, establece la posibilidad de exigir del editor la adopción de medidas encaminadas a alcanzar ese objetivo. 

El Tribunal Supremo advierte así acertadamente que no corresponde en solitario a los motores de búsqueda la función de canalizar el conjunto de solicitudes de “derecho al olvido” de ciudadanos europeos, que los convierte de facto en árbitros encargados de equilibrar los derechos en juego existentes en cada solicitud. Por el contrario, dado que los editores de páginas web tienen a su disposición medios técnicos que les permiten limitar y controlar el alcance de la divulgación de los datos personales incluidos en sus páginas web, incluida su indexación –o su aparición entre los resultados– por los principales motores de búsqueda del mercado, el Tribunal Supremo concluye que los interesados están facultados para exigir al titular de una hemeroteca digital la adopción de tales medidas. 

Tal como expone el Tribunal Supremo: 

Aunque la STJUE del caso Google analizó la responsabilidad de los gestores de motores de búsqueda en Internet (tales como Google, Yahoo, Bing, etc.) […] ello no significa que los editores de las páginas web no tengan la condición de responsables del tratamiento de esos datos personales, con los consiguientes deberes de respetar el principio de calidad de datos y atender el ejercicio de los derechos que la normativa de protección de datos otorga a los afectados, y la responsabilidad derivada de no respetar estas exigencias legales. Los editores de páginas web tienen la posibilidad de indicar a los motores de búsqueda en Internet que desean que una información determinada, publicada en su sitio, sea excluida total o parcialmente de los índices automáticos de los motores, mediante el uso de protocolos de exclusión como robot.txt , o de códigos como noindex o noarchive.” 

La decisión del Tribunal Supremo abre la vía a una defensa más eficaz y proporcionada del llamado “derecho al olvido”. En primer lugar, porque las medidas que adopta el editor permiten en un solo paso la desaparición de resultados del conjunto de los principales motores de búsqueda, y no solo de aquél contra el que el interesado hubiera optado por dirigirse. Las medidas que tome el editor resultan, por ello, definitivamente eficaces. 

Por otro lado, la medida es más proporcionada y respetuosa de los derechos fundamentales en conflicto, el derecho a la información y el derecho a la protección de datos de carácter personal, porque el editor, a diferencia de un motor de búsqueda, tiene conocimiento del contexto informativo de la noticia que publica, generalmente elaborada por él mismo o por sus propias fuentes, y tiene por ello indudablemente una mayor capacidad para apreciar en cada caso la justificación del bloqueo de la información o de la restricción de su difusión, o para rechazar motivadamente la solicitud cuando deba prevalecer el interés general. 

Según el Tribunal Supremo, la difusión en línea de una información lícita y de interés público (como es el caso de una noticia sobre una detención policial en 1985) puede dejar de estar justificada con el paso del tiempo, especialmente si las personas mencionadas en las informaciones carecen de relevancia pública y los hechos vinculados a esas personas no tienen interés histórico. Así, según la Sala, aunque una información sea veraz y exacta, el tratamiento de los datos personales incorporados en las noticias, transcurrido un tiempo, puede resultar inadecuado y excesivo para la finalidad con la que los datos personales fueron inicialmente recogidos y tratados. En estos supuestos, la adopción por parte de los editores de protocolos o instrucciones de exclusión son, a juicio del Supremo, el modo más adecuado y proporcionado de preservar la privacidad de los afectados: 

Tal medida es correcta puesto que supone dar satisfacción al derecho de cancelación que la normativa de protección de datos da a los afectados por un tratamiento de datos personales que no reúna los requisitos de calidad establecidos en dicha normativa, y no afecta desproporcionadamente a la libertad de información que ampara las hemerotecas digitales en Internet. Dicha medida permite que esas informaciones gravemente perturbadoras para el honor y la intimidad de los afectados, sobre hechos ocurridos muchos años antes, no resulten vinculadas a sus datos personales en las listas de resultados de los buscadores de Internet tales como Google, Yahoo, Bing, etc., al no existir un interés público ni histórico en que tal vinculación esté a disposición del público general mediante las listas de resultados de estos buscadores.” 

Como explica bien el Tribunal Supremo, los protocolos de exclusión son herramientas estándar de uso ampliamente extendido, que permiten al editor de cualquier información accesible en Internet instruir a los motores de búsqueda para que no la incluyan en sus índices, o lo hagan con límites muy precisos. Por ejemplo, es posible instruir a los buscadores para que no indexen un contenido o para que dejen de hacerlo transcurrido un determinado lapso temporal. Así, por ejemplo, aparte del conocido protocolo robots.txt, o de la metaetiqueta noindex, existen diversas otras como la metaetiqueta unavailable_after que permite establecer una fecha a partir de la cual un determinado contenido no debe seguir apareciendo enlazado en los resultados de los buscadores. Sin duda, se trata de una herramienta muy útil para garantizar el principio de calidad en el procesamiento de datos personales. 

Acierta asimismo a nuestro juicio el Tribunal Supremo al declarar que el “derecho al olvido” no avala la alteración de las informaciones publicadas en las hemerotecas digitales, porque algo así supondría una injerencia desproporcionada en el derecho a la libertad de información. En palabras del Alto Tribunal, “el llamado "derecho al olvido digital" no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente publicadas en su día.” Del mismo modo, tampoco es admisible excluir las informaciones de los “buscadores internos” de los periódicos en línea porque ese tipo de restricción conduciría igualmente a “un sacrificio desproporcionado de la libertad de información protegida en el art. 20.1.d de la Constitución.” 

La Sala parte del supuesto correcto de que el “derecho al olvido” encuentra su límite en la libertad de información y no permite reescribir la historia o construir un pasado a medida. Así, en tan solo tres párrafos –que transcribimos por su claridad– el Tribunal Supremo ofrece una aproximación extraordinariamente precisa, que será sin duda una guía útil para los jueces y tribunales, al contenido esencial del “derecho al olvido”: 

El llamado "derecho al olvido digital", que es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos. 

Tampoco justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su gusto, controlando el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas, "posicionando" a su antojo los resultados de las búsquedas en Internet, de modo que los más favorables ocupen las primeras posiciones. De admitirse esta tesis, se perturbarían gravemente los mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten sus decisiones en la vida democrática de un país.” 

Esta trascendental sentencia articula con notable rigor técnico una vía para la protección del derecho a la protección de datos de los ciudadanos complementaria, aunque indudablemente más eficaz, al tiempo que proporcionada y respetuosa de la libertad de información, que la de acudir directamente a los motores de búsqueda para obtener de ellos el bloqueo de resultados. Cabe esperar ahora que tanto los jueces y tribunales, como la Agencia Española de Protección de Datos, acudan a ella en su labor de tutela de los derechos de los ciudadanos. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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