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Espionaje, protección de datos y seguridad nacional

Por Andrés Bruno Moreno

Abogado y CEO en Milcontratos.com

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A raíz del último escándalo estadounidense sobre la revelación de la política de control y vigilancia de las comunicaciones de los ciudadanos por parte de un ex empleado de la CIA (Edward Snowden), nos replanteamos por enésima vez qué seguridad existe en relación a nuestra información personal.

En Estados Unidos existe un régimen de protección de datos de carácter personal que, en apariencia, poco tiene que ver con el europeo. Una razón histórica que justificaría este hecho la encontramos en la Alemania nazi, donde el gobierno nacionalsocialista utilizó de forma indiscriminada todo tipo de datos de carácter personal para la aniquilación de la comunidad judía.

Es más, los alemanes utilizaron un método de tarjetas perforadas para la identificación sistematizada de los judíos en Europa (tarjetas Hollerith) y que, curiosamente, eran fabricadas por IBM, empresa estadounidense, a través de su filial alemana denominada Deutsche Hollerith Maschinen GmbH (Dehomag).

No en vano, tras las atrocidades cometidas por los nazis, en 1970 será la sociedad alemana la que exija una ley de protección de datos que garantice el derecho a la privacidad más íntima de los ciudadanos, ley que sentó las bases del sistema actual europeo.

En el otro extremo está Estados Unidos, que básicamente considera la seguridad de su país por encima de la privacidad de los ciudadanos. Y es aquí donde el señor Edward Snowden parece discrepar. Según sus propias declaraciones, el gobierno estadounidense puede acceder a miles de llamadas telefónicas, habiendo creado un gigantesco registro para el control de los ciudadanos. Igualmente tiene acceso a los servidores de Internet, y ha solicitado datos de forma sistemática a los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Microsoft o Apple.

Según el propio Snowden, no existe un motivo concreto para llevar a cabo este control de los ciudadanos, mientras que por el contrario, Barack Obama asevera que esta política es básica para la seguridad del país, y que de esta manera se han evitado importantes daños a los ciudadanos.

Lo que parece claro es que la protección de datos en Estados Unidos no es una prioridad. Veamos algunos ejemplos:

A raíz de la violación y asesinato de una niña en el Estado de California, se promulgó la llamada Ley Megan. Básicamente lo que se ha conseguido es que todo el que sea condenado por un delito sexual pueda ser localizado por cualquiera a través de una web. Así, cualquier persona del mundo puede localizar dónde vive, saber su nombre y apellidos, el color de ojos, la altura y hasta ver una foto en primer plano del sujeto. La web en cuestión es esta: http://www.meganslaw.ca.gov.

En el Estado de Texas, donde miles de ciudadanos voluntarios vigilan armados la frontera con México para evitar la entrada ilegal de inmigrantes, se han instalado cámaras de seguridad cuyas imágenes pueden ser seguidas por cualquiera vía Internet en la siguiente web: http://www.blueservo.net.

En España, la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y el Reglamento que la desarrolla, trata de garantizar la seguridad de la información de las persona físicas, y en especial el honor y la intimidad personal y familiar. No podemos obviar que lo que protege esta Ley son derechos fundamentales que a su vez están reconocidos por la Constitución Española de 1978, por lo que nuestro país otorga, en principio, una gran importancia a la protección de datos de las personas físicas (no se aplica a empresas o entidades).

Sin embargo, la LOPD, como todas las leyes, tiene sus excepciones, y hay datos que o no se rigen por esta Ley, o se rigen por sus propias disposiciones, como es el caso de las materias clasificadas (Ley 97/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales), los datos para investigación del terrorismo y delincuencia organizada, datos electorales, estadísticos, Fuerzas Armadas, cámaras de videovigilancia de las Fuerzas Armadas, Registro Civil y Registro Central de penados y rebeldes.

Además, a todo español se le podrá denegar los derechos de acceso (derecho a saber qué datos una entidad tiene de mi), rectificación (derecho a modificar los datos incorrectos) o cancelación (derecho a que se borren mis datos) cuando se trate de asuntos para la defensa del Estado o la seguridad pública, Hacienda Pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

Por tanto, aunque existe intención de protección, las excepciones a favor de la seguridad del Estado desvirtúan en gran medida dicha protección en España.

Y retomando el caso Snowden, que al final lejos de ser un espionaje tecnológico es más un quebrantamiento de un acuerdo de confidencialidad suscrito con la CIA, no podemos olvidar que en nuestra sociedad actual, incluido el gobierno de Estados Unidos, somos muy vulnerables y nuestros datos están disponibles para casi cualquiera en cualquier parte del mundo, y no precisamente porque nos espíen, sino porque servimos nuestra información personal en bandeja:

Google sabe y conoce tus búsquedas, por lo tanto te ofrece resultados personalizados y publicidad adecuada a tus gustos gracias a unas agresivas “cookies” que te rastrean tus movimientos. Si no lo hace Google, lo hacen otras páginas web  a las que accedes que, aunque se supone que has de dar tu consentimiento expreso para el uso de “cookies”, no lo solicitan.

A Facebook le regalamos nuestras imágenes, nuestras preferencias, inclinaciones políticas, religiosas y opiniones personales.

A los sistemas operativos (incluidos los programas informáticos de los cajeros del banco) les regalamos toda nuestra información personal, contraseñas, qué cosas compramos y en qué gastamos nuestro dinero.

Y para finalizar, ahora depositamos en “la Nube” todos nuestros datos (Dropbox, Google Drive, Amazon Cloud Drive, Gmail, Hotmail, Yahoo! y un largo etcétera) donde estas empresas tienen barra libre de nuestros datos, y por lo tanto los Estados también.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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