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De nuevo, el derecho al olvido

Por Eva Beato Barriuso y Mónica Muñoz González

Abogadas de Ceca Magán.

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El derecho al olvido se contempla en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de los mismos. Hasta la fecha, la Comisión Europea lo ha definido en el artículo 17 denominado "Derecho al olvido y a la supresión" como el derecho de las personas a que sus datos dejen de ser procesados y sean eliminados cuando ya no sean necesarios para sus fines legítimos.

En nuestro Ordenamiento Jurídico, la protección de datos de carácter personal tiene la categoría de Derecho Fundamental, y los derechos que los interesados pueden ejercitar, en su condición de titulares de sus datos de carácter personal, son los conocidos como los derechos ARCO (derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición); así se contempla en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

El Derecho al olvido está de plena actualidad atendiendo a las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Niilo Jääskinen, presentadas el pasado 25 de junio (Asunto C-131/129 dando respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en relación a un procedimiento seguido ante dicho órgano jurisdiccional a instancia de Google Spain, S.L. y Google Inc. (en adelante, Google) frente a la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, la Agencia), y a una resolución de dicho organismo, en virtud de la cual se había estimado la reclamación presentada por un particular relacionada con la información indexada en dicho buscador. En dicha resolución la Agencia requería al buscador accediendo al ejercicio del derecho solicitado por el particular; sin embargo, al mismo tiempo, desestimó la reclamación frente al periódico que, en su día, había publicado la información sobre el reclamante.

Teniendo en cuenta los antecedentes de hecho de dicho procedimiento, la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, en su Auto de 27 de febrero del pasado año, decidió plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras el estudio del funcionamiento de los denominados "robots" de Google a la hora de indexar datos (que no tratarlos).

El concepto de indexar en el marco de Internet implica la acción de agregar una o más páginas web a las bases de datos de los buscadores, para que aparezcan en los resultados de las búsquedas de los mismos; en ese sentido, un elevado índice de usuarios acceden a determinados sitios web por medio de los buscadores, entre otros, Google.

La Audiencia Nacional ha centrado el planteamiento de la cuestión prejudicial en tres elementos, sobre la interpretación de la Directiva 95/46/CE, sobre Protección de datos; a saber:

-El ámbito de aplicación territorial de la legislación sobre protección de datos de carácter personal, y su aplicación a Google.

-El análisis de la actuación de los proveedores de servicios de búsqueda en Internet, definiendo si la indexación de los datos puede considerarse un tratamiento de los mismos.

-El alcance del derecho al olvido.

Centrándonos en las dos últimas cuestiones, lo importante es –como ya han afirmado las voces más autorizadas- definir si la actividad característica del funcionamiento de un motor de búsqueda vía Internet, relativa a información que contiene datos de carácter personal, constituye un tratamiento de datos, habida cuenta que no es lo mismo –tratar- que –indexar- datos. Una vez realizada esa tarea, se podrán determinar, en su caso, las obligaciones que han de cumplir los buscadores tipo Google.

Por lo tanto, desde que tuvimos oportunidad de conocer el contenido del informe referido, y habida cuenta de la perspectiva del tiempo transcurrido, entendemos que han de darse respuesta a las siguientes cuestiones:

-¿Se va a dotar al derecho al olvido de contenido propio? ¿Se va a permitir un derecho al olvido generalizado?

-¿Qué requisitos han de cumplir los interesados para poder esgrimir dicho derecho?

-¿Frente a quiénes se va a poder ejercitar?

-¿Qué plazo se va a conferir, en el caso de poder hacerlo, a los interesados?

-¿Quién va a tener responsabilidad sobre la información indexada en Internet?

-¿Es legítima la actividad de los buscadores de Internet? ¿Se obligará a los buscadores que borren información sobre terceros que han sido facilitada por otros?

A falta del contenido de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, previsiblemente, se conocerá a finales de año, la principal conclusión del informe del Abogado General se centra en afirmar que entre el derecho al olvido y la libertad de expresión debe prevalecer éste último. Desde luego, no se trata de desentrañar una cuestión sencilla de resolver, por cuanto se podría llegar a la situación de decidir qué información que contiene datos de carácter personal, prima sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Según las conclusiones del Abogado General, la solicitud al motor de búsqueda de eliminar determinados resultados en base a la normativa sobre protección de datos, supondría una injerencia en la libertad de expresión en la red, con la posibilidad de negar la historia.

Aunque todo parece indicar que los fundamentos de dicha Sentencia van a refrendar los del informe del Abogado General está por ver cuáles van a ser los límites del derecho al olvido y frente a quién se puede ejercitar.

Y, más aún, una vez más se pone de manifiesto que las cuestiones planteadas no encuentran respuestas en el marco regulatorio vigente, existiendo zonas de desprotección que han de ser objeto de atención inmediata. Tanto la Sentencia que va a dictar el Tribunal de Justicia Europeo, como el Reglamento Europeo de Protección de Datos parecen ser las mejores oportunidades para llevarlo a cabo, con la única finalidad- tan necesaria- de otorgar seguridad jurídica.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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