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La Audiencia Provincial de Pontevedra confirma que la difusión de información publicada por mandato legal en boletines oficiales es lícita

Por María Ruiz Latorre y Ana M.ª Belizón Cebada, Pedro Alemán Abogados.

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El pasado diciembre, la sección 6º de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sentencia741/2014) confirmó la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Vigo que había  desestimado una demanda interpuesta frente a la Diputación Provincial de Pontevedra, la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra y Google Spain, S.L. por supuesta intromisión en el derecho al honor del demandante. El objeto de la demanda era la aparición entre los resultados del buscador de Google de un enlace a la página del Boletín Oficial de Pontevedra en la que se publicaba una sanción administrativa por importe de 150 euros que fueposteriormente anulada. La demanda instaba la retirada de Internet de la informaciónpersonal del actor, y una indemnización.

El Juzgado de Primera Instancia consideró que la publicación de la resolución sancionadora se había realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, tras varios intentos fallidos de notificación al interesado, con el fin de darle conocimiento de l aresolución. La publicación estaba, por ello, amparada por el artículo 8.1. de la Ley 1/1982.

Con respecto a Google Spain, S.L., el Juzgado estimó su excepción procesal de falta de legitimación pasiva por entender que había quedado acreditado que no es esa sociedad, sino Google Inc., quien gestiona el buscador de Google.

La Audiencia Provincial de Pontevedra confirma íntegramente la sentencia de primera instancia sobre la base de los siguientes fundamentos:

(i) La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra actuó de conformidad con la ley al ordenarla publicación de la resolución. El artículo 59 de la Ley 30/1992 exige la publicación cuando una resolución no ha podido ser notificada al interesado, precisamente en garantía de los derechos de los interesados y para evitar su indefensión.

(ii) La Diputación Provincial de Pontevedra actuó también conforme a derecho. Como gestora y responsable del Boletín de Pontevedra, esa administración "se limitó a acatar la norma y mandato de otros órganos administrativos ".

(iii) En cuanto a Google Spain, S.L., la Audiencia Provincial, sin cuestionar el pronunciamiento relativo a su falta de legitimación pasiva, añade que el artículo 16 de la Ley34/2002 excluiría en todo caso su responsabilidad, por falta de conocimiento efectivo de la pretendida ilicitud de la información publicada en el Boletín. La Audiencia Provincial recuerda la doctrina establecida por el Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativode 17 de noviembre de 2010) según la cual "el ciudadano está obligado a soportar el daño que se le puede derivar de que la información publicada en los Boletines Oficiales pueda trascender al conocimiento público a través de los buscadores de Internet, así como que ese derecho individual carece de protección legal, frente al derecho general a la información. " La Audiencia Provincial señala asimismo que Google Spain, S.L. no habría tenido tampoco conocimiento de la hipotética falsedad o ilicitud de la información porque el actor nunca se dirigió a ella antes de interponer la demanda. La Audiencia Provincial recuerda también que el buscador de Google es un servicio automático y neutral, y que no se le puede imponer un aobligación de monitorizar el contenido.

Por último, aunque es irrelevante porque la Audiencia Provincial considera que no ha yintromisión en el derecho al honor del actor, la Sentencia rechaza también la pretensión indemnizatoria " ante la ausencia total de pruebas " de un daño.

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