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#DÍADEINTERNET

El derecho de acceso a una Internet abierta

Por Pablo García Mexía

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Sin acceso a la infraestructura, no hay acceso a Internet. El soporte físico resulta imprescindible, ya que es obviamente esa infraestructura la que la señal digitalizada con arreglo al protocolo TCP/IP emplea en su difusión. De ahí la importancia, si se quiere “refleja”, pero no por ello pequeña, de garantizar ese acceso.

Muchos países y organizaciones internacionales regulan ya el acceso a Internet como un derecho básico. Se trata de Estonia desde 2000, Grecia desde 2001 (incluso como un derecho constitucional), la Unión Europea desde 2002, España y Finlandia desde 2003, Alemania desde 2004, Turquía desde 2010 y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) desde 2011, por solo citar los más relevantes. Un paso más allá lo daban Finlandia en octubre de 2009 y España, desde marzo de 2011, al conceder un derecho al acceso a Internet, no por cualquier medio, sino por banda ancha, es decir, de alta velocidad, con un mínimo de 1 Mb por segundo en sentido descendente; en el caso de Finlandia, el derecho se ampliaba a una capacidad de 100 Mb por segundo en 2015.

Otro grupo de Estados y organizaciones internacionales reconocen el acceso a Internet como un derecho instrumental, consecuencia del derecho a la libertad de expresión. Los ejemplos más relevantes son los de Portugal, Rusia o Ucrania; y también las Naciones Unidas, a raíz de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de mayo de 2011. Pero quizá sobre todo el de Francia, a raíz de una sentencia de su Consejo Constitucional de 2009, que incide exactamente en esta línea.

Es justamente esa importancia general la que a mi juicio basta y sobra para propugnar el acceso a Internet como un auténtico derecho ciudadano, autónomo respecto de cualesquiera otros derechos o libertades (incluidas las libertades de expresión e información). Además, el acceso a la Red garantiza, no solamente el ejercicio de las libertades de expresión e información, sino el de tantas otras, desde la de pensamiento o el derecho de asociación o a la participación política, hasta la libertad de empresa, por no mencionar más que estos ejemplos.

En cualquier caso, más trascendente que el optar por una u otra vía de garantía, es asegurar que el acceso a la Red nunca falte a ninguna persona. Sin duda por ello, la máxima autoridad europea en materia de derechos humanos, el Tribunal de Estrasburgo, declaraba en una sentencia señera de 2012, el caso Ahmet Yildirim, que la Red se ha convertido hoy en un medio de tanta importancia, que restringir el acceso a Internet equivale a socavar de manera inaceptable la libertad de expresión e información.

Y quizá también por ello, un texto de importancia clave, y aún insuficientemente conocido, la Guía de derechos humanos para usuarios de Internet del Consejo de Europa (2014), lo ha incluido entre sus postulados. Y lo ha hecho reivindicando además un acceso libre de discriminaciones, a lo que en consecuencia sería una Red neutral.

Ya en 2013 señalé que esa Red neutral debe garantizar lo que podríamos denominar un derecho de acceso (a ser posible, de alta velocidad) “libre de brechas digitales”, es decir, sin discriminación alguna por razón de edad, sexo, discapacidad o lugar de residencia. En esto insiste igualmente en su Guía el Consejo de Europa.

Eso sí, nada de lo antedicho tendría en el fondo sentido si Internet no hubiera sido diseñada por sus inventores y no hubiera (en lo esencial) permanecido hasta hoy día como una Red abierta. En su apertura a otras redes, hace 50 años y ahora; en su capilaridad de extremo a extremo; en su apertura a cualesquiera contenidos (mal que pese a quienes pretenden acallarlos o vallarlos), en todo ello radica la clave de su éxito. Y la clave de su carácter vital en la actual vida social.

Esto es lo que el mundo celebra en el día de Internet. El poder acceder a una Red que vertebra el mundo entero. Una Red que como quizá nunca antes, nos brinda increíbles potencialidades para la participación política. Una Red que ofrece vías inmensas de innovación y progreso económico y social. Y una Red que debe preservar la misma apertura que la ha llevado a ser todo esto que hoy es. 

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Pablo García Mexía

Abogado, Cofundador de Syntagma, Centro de estudios estratégicos.

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Socio del área de Information Technology y Compliance de ECIJA.

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