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La regla del "conocimiento efectivo" en Internet: Evolución jurisprudencial de los Tribunales españoles

Por Joan Subirana López

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En este artículo, Joan Subirana analiza la responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet por actos de terceros y la evolución de la jurisprudencia española.

¿Cuál es hoy la responsabilidad jurídica atribuible a un prestador de servicios en Internet por los actos realizados por un tercero?

El término “conocimiento efectivo”, previsto en los arts. 16 y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), se ha venido interpretando de distinta manera por parte de los Tribunales españoles a lo largo de los años, lo cual tiene especial trascendencia a la hora de imputar responsabilidades jurídicas a un prestador de servicios en Internet por los actos realizados por un tercero.

Antes de todo, recordemos cómo se define el “conocimiento efectivo” en la LSSICE:

"Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse".

En un principio, los Tribunales españoles realizaron una interpretación estricta y rigurosa del concepto de “conocimiento efectivo” [entre otras, cabe citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20.12.2005 (asunto “Aprendizmason.org”), 9.04.2008 (asunto “World Network”) y 16.04.2008 (asunto “Derecho.com”)].

Así, en el asunto “Aprendizmason.org”, la AP de Madrid desestimó la existencia de responsabilidad del prestador de servicios a pesar de que el demandante había remitido por conducto notarial un requerimiento al prestador de servicios notificándole un atentado contra su honor. El tribunal entendió que, para que el prestador de servicios incurriera en responsabilidad, era requisito previo e ineludible la existencia de una resolución del órgano competente.

Por su parte, en el expediente “Derecho.com”, y a pesar de que el Tribunal admitió unas medidas cautelares consistentes en el cese de las publicaciones en las que se infringía el derecho al honor del demandante, el mismo Tribunal desestimó la existencia de responsabilidad del prestador de servicios al entender que este únicamente tuvo conocimiento efectivo de la infracción desde el momento posterior al dictamen de la sentencia.

Por lo tanto, en un inicio, en todas las resoluciones judiciales -aunque con algunos matices- los tribunales exigían que, para que hubiera responsabilidad del prestador de servicios, tenía que existir una resolución judicial previa que determinase la concurrencia del ilícito y que se pusiera en conocimiento del mismo prestador. Es decir, a pesar de que la vulneración de un derecho fuera evidente, los tribunales siempre desestimaron las demandas interpuestas contra los prestadores de servicios en base al derecho a la libertad de expresión y para evitar cargar al prestador con la obligación de revisar y comprobar continuamente los contenidos en sus plataformas.

Posteriormente, el Tribunal Supremo, con la sentencia de fecha 9.12.2009 (asunto “Putasage.com”), marcó un antes y un después. En ella, el Tribunal realizó una interpretación más amplia del “conocimiento efectivo”, no circunscribiendo su concurrencia única y exclusivamente a la existencia de una resolución de un órgano competente, sino que entendió que dicho conocimiento también se puede obtener cuando la intromisión al derecho al honor del afectado se produce de forma flagrante.

Esta sentencia del Tribunal Supremo marcó la línea a seguir en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios, y fueron muchas las sentencias dictadas a su amparo, entre las cuales, cabe destacar la sentencia del TS de 10.02.2011 (asunto “Alasbarricadas.com”) o la sentencia de la AP de Toledo de 1.06.2012 (asunto “Talavera3000.com”).

En un último giro interpretativo del artículo 16 LSSICE (y, por extensión del art. 17 LSSICE), destacan las sentencias dictadas por el TS con fecha 26.02.2013 (asunto “Eleconomista.es”) y, más recientemente, el 7.01.2014 (asunto “Meristation.com”). En dichas sentencias, el ataque al honor se produce por comentarios de los usuarios a las noticias –en la sección “comentarios”- y por comentarios dentro de un foro. En ambos supuestos, también en sintonía con la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 10.10.2013 (asunto “Delfi”), el Tribunal Supremo estima la existencia de responsabilidad del prestador de servicios y le exige que tenga la diligencia necesaria para filtrar los contenidos sin necesidad de requerimiento del afectado, al tratarse de casos evidentes de intromisión al derecho al honor.

En resumen, en un primer momento, y para considerar la responsabilidad del prestador de servicios, los Tribunales españoles exigían una previa resolución judicial que decretase la existencia de la ilicitud. Ello comportaba que, por el componente viral que tiene Internet, la resolución judicial que declaraba la infracción acababa siendo virtualmente intrascendente, y, además, por el “Efecto Streisand”, los perjuicios al afectado continuaban latentes. El único consuelo pasaba sólo por ser indemnizado.

Por el contrario, hoy, y con una interpretación más acorde a la realidad teniendo en cuenta los efectos expansivos de Internet, los Tribunales españoles no exigen una previa resolución judicial siempre y cuando la intromisión a los derechos del perjudicado sea manifiesta y evidente, llegando incluso a exigir una especial diligencia del prestador de servicios sin necesidad de requerimiento previo.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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