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¿Puede volver a pasar otro caso Gowex? Las instituciones no han aprendido

Por Miguel Pappenheim

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Miguel Pappenheim

No vamos a entrar a recordar qué pasó, ni porqué, pero sí realizar una enumeración de las instituciones que no cumplieron su función en esos primeros días de julio de 2014, y cómo se han resuelto o no sus fallos de alerta temprana y reacción.

Como ya se sabe, la responsabilidad por la elaboración de la información a publicar relativa a los emisores de los instrumentos negociados corresponderá, al menos, a su entidad emisora y a sus administradores, y que estos serán responsables por los daños y perjuicios causados a los titulares de los valores como resultado de que dicha información no presente una imagen fiel del emisor, las instituciones no estuvieron entonces a la altura de las circunstancias, y están aún hoy lejos de estarlo. Si bien entonces se dijo que se debían de endurecer los requisitos de información del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para asegurar que las cuentas que se presenten se ajusten a la realidad, que igualmente se debían de incrementar las responsabilidades de la entidad rectora del índice (Bolsas y Mercados Españoles, BME) y también aumentar los controles sobre la rectora por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); ¿cuál es la situación actual?

La CNMV, organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos, que ya en su momento no actuó con la debida diligencia y rapidez por haber dejado que las acciones de Gowex siguieran cotizando dos días después de que se supiera de la falsedad de las cuentas, del 1 al 3 de julio de 2014, y que sin duda limitó la posibilidad de reembolso a los inversores y/o al traslado a otras entidades comercializadoras, gestoras o depositarias del patrimonio de sus partícipes, debió de ser dicho organismo quien instara la insolvencia de la empresa tecnológica para que el Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN), pudieran haber hecho frente a los pagos garantizados hasta 100.000 euros por cuenta, y después acudir a la vía concursal y reclamar la devolución de los bienes a sus titulares.

La CNMV, en el ámbito de sus competencias respecto a la supervisión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), recordó entonces que solo se centraban en la vigilancia de las conductas de abuso de mercado y al cumplimiento de los procedimientos que rigen el funcionamiento del MAB. Poderes muy limitados si se tiene en cuenta que era la principal institución encargada de vigilar a una empresa que llegó a valer unos 1.400 millones de euros, sobre unas cuentas falseadas durante años.

Pues si como dice la CNMV, “la inversión a través de entidades no autorizadas comporta elevados riesgos de pérdida del capital, ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores”, lo mismo cabe decir en sentido contrario, por lo que no se explica que no asumiera su responsabilidad. La Ley del Mercado de Valores es muy clara al respecto y especifica que la CNMV se creó para “la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas fisicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos, el ejercicio sobre ellas de la potestad sancionadora y las demás funciones que se le atribuyen en esta Ley”. Y no solo eso, sino que “velará por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines”. Cualquiera de estas facultades, no fueron puestas en marcha entonces, ni siquiera como Circulares, recomendaciones de cómo se debía actuar, ni como otras medidas de desarrollo interno de la CNMV, facultada para ello.

Pues bien, actualmente la única medida de reforma que ha puesto en marcha la CNMV ha sido la Circular 1/2015, de 23 de junio, sobre datos e información estadística de las infraestructuras del mercado, cuyo fin es “establecer y regular los registros, bases de datos internos o estadísticos y documentos que reflejen y hayan de contener informaciones relativas a la estructura y la operativa y a actividades sobre instrumentos financieros realizadas, en su caso, en las entidades comprendidas en las letras a) y b) del artículo 84.1 de la LMV, y que han de ser capturadas y guardadas por esas entidades para ser puestas a disposición de la CNMV a efectos del ejercicio de sus funciones de supervisión, incluidas tareas de comprobación o conciliación de dicha información”. Poco nos parece, sobre todo porque como sigue esta Circular “los registros e informaciones de naturaleza contable o financiera de las sociedades rectoras, gestoras o administradoras de las referidas infraestructuras de mercados, aun cuando estén asociados o sean resultantes de la estructura, de la operativa o de las actividades que se realicen en estas sociedades, no son objeto de esta Circular”, lo que sin duda parcela mucho la información necesaria para que la CNMV pueda desarrollar debidamente sus funciones.

Por otro lado, otro responsable de la actuación lenta ante la crisis de Gowex, dirigido y gestionado por BME, ha sido el MAB, regulado por su propio Reglamento que desarrolla el Título XI de la Ley del Mercado de Valores, sobre Sistemas multilaterales de negociación. Pues bien, su objeto social es exclusivo respecto de la gestión del sistema, a fin de “que permita reunir, dentro del sistema y según sus normas no discrecionales, los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley”. Pues bien, su Reglamento contiene explícitamente qué instrumentos financieros pueden negociarse, la información pública de los valores admitidos a negociación, a fin de que los inversores puedan fundamentar sus decisiones, con la descripción del tipo y naturaleza de las actividades empresariales de la entidad emisora (Gowex).

Además, la CNMV pudo recabar de BME cuanta información adicional fuera precisa para velar por el correcto funcionamiento del MAB, y existe la opción de establecer un proceso de negociación y conclusión de operaciones. Es más “el alcance de la información deberá tener presente la naturaleza de los valores y la de los inversores cuyas órdenes puedan ejecutarse en el Sistema”. Esto es, BME como responsable de la organización y funcionamiento internos del MAB, y titular de los medios necesarios para gestionar el mercado de una manera correcta y transparente, no cumplió con sus competencias, ni supo poner los medios necesarios para llevarlas a cabo.

No solo de manera directa, sino indirecta el MAB no cumplió con sus facultades, pues entre los derechos y obligaciones de la empresa tecnológica, la del nombramiento de un asesor registrado, este organismo debió de “velar porque los emisores cumplan correctamente, tanto desde la perspectiva formal como sustantiva, con sus obligaciones de información frente a la sociedad rectora y frente a los inversores”. Además, entre ellos, hay “supuestos de interrupción, suspensión y exclusión de negociación de los valores negociados”, acción que tampoco se tomó ni en tiempo ni en forma debida. Este Reglamento también establece un procedimiento para la exclusión de negociación de los valores, especificando las obligaciones de la entidad emisora, además de la necesidad de una comunicación trimestral de los valores emitidos por las entidades.

Si bien es cierto que determinados requisitos de transparencia posteriores a la negociación, autorizados en todo caso por la CNMV, hablan de aplazar la publicación de los datos de las operaciones realizadas en función de su tipo o volumen, de todas formas esta normativa se aplica e interpreta a la luz del Reglamento 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros.

En definitiva, la responsabilidad del MAB y de la CNMV, en este caso por su falta de actuación temprana, no fue menor puesto que deberían haber suspendido la cotización de modo inmediato y no tras dos sesiones de pérdidas inadmisibles, situación que provocó un gran perjuicio a los accionistas, al permitir que se operara sin información completa.

A todo esto, este julio pasado Gowex (y nueve sociedades más del grupo) trasmitió un Hecho Relevante al Mercado Alternativo Bursátil, solicitando en el Decanato del Juzgado de lo Mercantil de Madrid su concurso voluntario de acreedores. Aún el tribunal no ha procedido a admitirlo ni a comunicarlo a las partes afectadas…

Debido a que ya se solicitó hace más de un año el concurso, y que no fue admitido, decisión que evitó que se calificara como culpable en ese momento por irregularidades contables, el motivo de acudir a esta vía es el estado de insolvencia en que se encuentra la empresa de wifi (ahora reorientada al negocio de las Smart Cities) y que le impide cumplir regularmente con sus obligaciones. En este sentido, en un intento de recuperar la viabilidad y rentabilidad del negocio, Gowex ha seguido desarrollando su actividad con algunas restructuraciones importantes en plantilla y en su contabilidad. 


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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