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Tuenti: la red social made in Spain

Por Eloi Font Mante

Socio fundador de Font Advocats, especialistas en Derecho Digital

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Tuenti, apócope de “Tu Entidad”, es, sin discusión, la red social española por excelencia y una de las plataformas digitales más completas que existen en la actualidad. Ofrece a sus usuarios servicios de chat, juegos y voz online (a través de ‘Tuenti Móvil’, Operador Móvil Virtual de Movistar) y permite el intercambio de mensajes, fotos, vídeos, páginas o eventos.

Esta red social, fundada en el año 2006 por 4 adolescentes y que hoy cuenta con 14 millones de usuarios, tiene un marcado perfil español, no solo porque está gestionada por una sociedad española (Tuenti Technologies, S.L.) y participada en un 90% por Movistar, sino porque hasta julio de 2012 solamente se dirigía a usuarios del territorio español.

Es importante destacar la singularidad española de Tuenti no solo porque resulta ser una excepción (la mayoría de las principales redes sociales se gestionan por entidades de EE.UU.), sino también porque Tuenti es, a todas luces, un prestador de servicios de la sociedad de la información establecido en España (artículo 2.1 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

Este necesario acercamiento al ordenamiento jurídico español ha llevado a Tuenti a tener unas detalladas y extensas Condiciones de Uso (¡16 páginas!) para poder cumplir con la estricta legislación española y para poder atender las distintas exigencias que la Agencia Española de Protección de Datos le trasladó en el año 2009, sobre todo para limitar el acceso a usuarios menores de 14 años. En este sentido, cabe destacar que Tuenti procedió, en aquel momento, a borrar todos los perfiles de los usuarios que no acreditaron tener dicha edad.

Las Condiciones de Uso de Tuenti establecen de forma expresa la presunción de que cuando un usuario publica contenidos en su perfil tiene todos los derechos sobre los mismos y que el usuario otorga a Tuenti, únicamente en relación con el servicio solicitado, una licencia mundial, no exclusiva y por el tiempo en el que esté de alta para (i) reproducir y comunicar públicamente los contenidos y (ii) transformarlos al objeto de adaptarlos a las necesidad técnicas que sean necesarias.

Igualmente, Tuenti deja claro que puede limitar las publicaciones y que prohíbe a los usuarios, entre otros usos, compartir imágenes o fotografías que recojan imágenes o datos personales de terceros sin haber obtenido su consentimiento o que hayan sido puestas a disposición por otros usuarios, configurando a los usuarios de esta red social como auténticos “Responsables de Tratamiento” a la luz de lo previsto por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en el “Dictamen 5/2009 sobre redes sociales en línea”.

En el supuesto de que se infrinjan derechos de otros usuarios, Tuenti tiene habilitado un sistema de notificación de infracciones que funciona a través de un formulario online (un tanto confuso) o por correo postal, acompañando determinada documentación:

  • identificación del contenido, datos personales y/o derecho protegido que haya sido vulnerado;
  • identificación del reclamante (email y teléfono) para poder ser contactado por Tuenti;
  • copia del documento de identificación del reclamante (DNI, Pasaporte u otro documentación similar), y
  • declaración firmada en la que el reclamante manifieste que la información denunciada es veraz.

Llama la atención que, en unas Condiciones de Uso tan detalladas y extensas, no se prevea el proceso a seguir, los plazos a tener en cuenta ni el procedimiento de oposición por parte de los usuarios denunciados, de manera que todo se deja a discreción de Tuenti.

En conclusión, si bien las Condiciones de Uso de Tuenti cumplen en buena medida los requisitos exigibles desde un punto de vista jurídico, en mi opinión, no por ello es menos criticable la posición del Grupo de Trabajo del Artículo 29 en el Dictamen 5/2009 que prevé que, cuando no aplique la “exención doméstica”, los usuarios de una red social puedan ser considerados “Responsables de Tratamiento”. Este supuesto abre la puerta a un incumplimiento sistemático y en masa de la legislación vigente en materia de protección de datos personales al trasladar a los usuarios una excesiva carga obligacional.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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