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Rocío de Rossello, CR Consultores Legales

"La jurisprudencia española ya ha empezado a pronunciarse en materia de Derecho al Olvido, reconociendo en la mayoría de casos el derecho de los particulares frente a la negativa del buscador a retirar los resultados"

Entrevistamos a Rocío de Rosselló, abogado asociado Responsable del Departamento de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en CR Consultores Legales

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- ¿Qué valor ofrece el área de Derecho TIC a los clientes de CR Consultores Legales? ¿A qué tipo de clientes y casos se debe esta sección del despacho? 

Ante el avance imparable de las nuevas tecnologías nuestra firma fue una de las pioneras en crear un área especializada en Derecho TIC integrada por un grupo de profesionales altamente cualificados. 

El valor que ofrece el área de Derecho TIC del despacho es su especialización en la materia, garantizando que cualquier empresa (pequeña, mediana o grande) o profesional que decide emprender un negocio en Internet o diseñar una app lo haga con todas las garantías, siendo conocedores del mundo del marketing digital y defendiendo sus intereses ante cualquier contingencia relacionada con el Derecho Digital. 

El cliente tipo que contrata nuestros servicios son empresas y grupos de empresas nacionales e internacionales del sector servicios, así como de los sectores industrial, químico, editorial, informático, audiovisual, publicitario, educación e inmobiliario. 

- Para una empresa, entidad o corporación ¿cuáles son las razones que justifican realizar periódicamente una auditoría legal de cumplimiento legal en el área de Derecho TIC? ¿Hasta qué punto contar con esta modalidad de compliance supone para una empresa una muestra de calidad de cara a sus clientes y un elemento diferencial frente a sus competidores? 

Los principales motivos que trasladamos a nuestros clientes para la realización de auditorías legales en materia de Derecho TIC cuyos servicios incluyen consultoría y auditoría en protección de datos, auditoria web y mantenimiento son las siguientes:

  • para potenciar la imagen de marca de la empresa frente a terceros generando confianza, seguridad y prevención en materia de privacidad, consiguiendo por tanto beneficios directos para el negocio.
  • porque se trata de una imposición legal y en caso de incumplimiento las sanciones oscilan entre los 900 euros y 600.000 euros.
  • supone un incremento de seguridad en los sistemas de trabajo en el manejo de datos personales.
  • evitar la duplicidad de los costes que en muchas ocasiones se generan relacionados con los proveedores web cuando existen desavenencias por no haberse regulado derechos de propiedad intelectual asociados, o bien porque su regulación es defectuosa. 

El elemento diferencial de esta modalidad de compliance supone que la empresa se ha adaptado a los nuevos modelos de negocio con todas las garantías. Una vez nuestra firma ha puesto al día y asegurado el cumplimiento de su negocio en materia de Derecho TIC, servicio que actualizará anualmente, podrá obtener los correspondientes sellos de garantía que también le tramitaremos, lo que le permitirá la optimización de las ventas y un rápido retorno de la inversión efectuada, así como una clara ventaja competitiva frente a aquellos que no cumplen. 

- Hace un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó la resolución conocida popularmente como “sentencia del derecho al olvido de datos personales en Internet”. Un año después de dictarse el fallo ¿cuál es la valoración que le merece la sentencia?

La Sentencia del Derecho al Olvido ha creado un precedente de cumplimiento de la legislación europea en materia de protección de datos por empresas establecidas en un Estado miembro, lo que les obliga como mínimo a atender las peticiones de los ciudadanos de ejercitar el derecho al olvido y ponderando en cada caso concreto los intereses en juego; esto es, el derecho a proteger la vida privada de una persona física versus el derecho a la información. 

Señalar aquí que el gigante Google, en sus inicios, se pronunciaba en contra del derecho al olvido porque afirmaba que imponerles la obligación de censurar contenidos ajenos restringía la libertad de expresión y no protegía la vida privada, sin embargo, ahora ya dispone de un modelo en su web para su ejercicio. 

En este sentido, apuntar que la jurisprudencia española ya ha empezado a pronunciarse en la materia, reconociendo en la mayoría de casos el derecho de los particulares frente a la negativa del buscador a retirar los resultados. Existen aproximadamente unos treinta pronunciamientos.

- Desde la perspectiva de la protección jurídica de la privacidad ¿podría señalarnos cuáles son los principales riesgos que trae consigo el Bring Your Own Device - BYOD?

Ante el dilema que se plantean las empresas a raíz de la proliferación de los smartphones privados, sobre permitir o no al trabajador el acceso mediante la configuración de su dispositivo móvil a los recursos de la empresa (el correo electrónico corporativo, servidores de archivos, bases de datos, aplicaciones, datos corporativos y el acceso y almacenamiento de datos personales); lo primero que han de cuestionarse aquellas es si realmente el acceso a los recursos de la empresa va a incrementar la eficiencia del trabajador en el desempeño de sus funciones o por el contrario, si dicho acceso y los costes de seguridad asociados a la configuración de los dispositivos, no merece la pena asumirlos por el escaso retorno de la inversión efectuada y los riesgos de fuga de información empresarial. 

Desde la perspectiva de la protección jurídica de la privacidad, el uso de dispositivos móviles privados con finalidades empresariales conlleva una serie de riesgos, que se asocian principalmente a la fuga de información empresarial, con acceso por terceros a información confidencial y a los elevados costes de seguridad que tiene que asumir la empresa para configurar los dispositivos privados garantizando la privacidad del trabajador. 

La deriva de un tiempo hacia ahora que se está experimentando de que todo -o al menos gran parte- del Derecho se encamina a encuadrarse en una dimensión tecnológica o de Derecho TIC ¿considera usted que justificaría la creación de juzgados especializados en Derecho TIC? ¿Qué nivel de conocimiento TIC encuentran ustedes en los jueces?

El derecho TIC constituye una rama del derecho en el que convergen aspectos del derecho penal, derecho civil, derecho mercantil o derecho laboral, lo que a priori podría entenderse que supone una disciplina no especializada integrada en otras áreas del derecho. No obstante, nuestra formación y experiencia profesional en la materia nos obliga a afirmar rotundamente que el derecho TIC constituye una rama especializada del derecho, ya que junto a los conocimientos jurídicos se deben tener unos conocimientos técnicos e informáticos sólidos o contar con la ayuda de un experto informático para su ejercicio. Consideramos que la creación de juzgados especializados en Derecho TIC agilizaría por un lado el tiempo en el que se dictaminan los pronunciamientos judiciales, que muchas veces se dilatan por falta de conocimiento, y por otro, contemplarían aspectos técnicos difíciles de tener en cuenta en los actuales pronunciamientos.

 - La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual operada por Ley 21/2014, de 4 de noviembre, aborda el derecho de cita. Con respecto al ejercicio de este derecho por los usuarios de redes sociales ¿qué novedades trae consigo y, de cara al público general que utiliza Internet, qué cosas se pueden y no se pueden hacer a la hora de citar contenidos ajenos? 

En relación al sujeto que debe pagar por agregar contenidos, la ley lo limita teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad empresarial desarrollada y la finalidad de la puesta a disposición. Por lo que solo pagarán los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento. 

El particular y/o autónomo propietario de un sitio web o de un blog con una finalidad ajena a la agregación de contenidos puede poner a disposición del público en su web contenidos de publicaciones periódicas o webs de actualización periódica, siempre y cuando la puesta a disposición no tenga una finalidad comercial y lo sea a título informativo o para tratar algún tema de actualidad.

Igualmente podrá colocar en su web enlaces a dichos contenidos, ya que la opción de pago por el mero hecho de enlazar a los contenidos de los editores de medios de comunicación no se contempla expresamente, salvo expresa prohibición de las webs a las que se pretende enlazar. El pagar por enlazar escaparía a la propia naturaleza de Internet cuyo pilar básico descansa en poder compartir la información. 

- ¿Qué papel está desempeñando LexNet en el ámbito de los despachos? ¿Realmente se trata de una herramienta indispensable que está ayudando al abogado, o por el contrario, considera que está pasando desapercibida y que aún resulta pronto valorarla?

Aún es pronto para valorarla aunque, partiendo de la redacción actual del proyecto de reforma de la LEC, todos los abogados nos veremos obligados a usarla para el desarrollo de nuestra actividad profesional a partir de enero de 2016. A priori nos obligará a estar pendientes de la recepción de las notificaciones, las 24 horas del día los 365 días del año y los siete días de la semana con incremento de los riesgos ya que hasta ahora estaba acotado en días y horas. 

- Los nuevos modelos de negocio basados en el diseño de aplicaciones para móviles ¿qué riesgos generan a nivel de privacidad?

Una gran cantidad de datos personales se ponen a disposición de todos los agentes que intervienen, ya sean desarrolladores de aplicaciones, fabricantes de dispositivos y sistemas operativos, almacenes y/o tiendas de aplicaciones, proveedores de publicidad y de servicios analíticos cuando decidimos bajarnos una aplicación, lo que puede tener un fuerte impacto en la privacidad del usuario. Datos como la ubicación, los contactos, la identidad, los números de tarjeta de crédito, el historial de navegación, las claves de autenticación en redes sociales, el email, el número de dispositivo, fotos, vídeos, etc.

Por lo que el creador de una aplicación debe partir del principio “Privacy by Design” (PbD) lo que supone que ya desde la fase de creación de una aplicación, se implanten unos mecanismos para proteger la privacidad de los usuarios finales.


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