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Preinstalación de programas y su situación jurídica

Por Darío López Rincón

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Darío López Rincón

En el mundo actual, casi todo puede ser utilizado como un espacio publicitario o una plataforma para llegar al consumidor, lo que supone que las grandes empresas, en particular aquellas de corte tecnológico, estén procediendo a convertir sus productos en un muestrario de servicios o aplicaciones propias, con el objetivo de que el consumidor las utilice en detrimento de las versiones de la competencia. 

¿Qué son los programas preinstalados? 

De conformidad a la doctrina, serían: Todas aquellas aplicaciones introducidas en el dispositivo electrónico, con carácter previo a su venta al usuario final, cabe reseñar, que existen múltiples actores involucrados en el proceso de fabricación y venta del dispositivo, que pueden proceder a instalar sus programas propios, o los de aquellas sociedades con las que tengan algún tipo de acuerdo: 

  • Fabricante del dispositivo: empresa encargada del diseño y creación del aparato electrónico, así como del soporte físico (hardware). Como ejemplos, tenemos a Apple, Samsung o Huawei. 
  • Desarrollador del sistema operativo: empresa encargada de elaborar el programa base (software)que permitirá funcionar el dispositivo. Como ejemplos, tenemos a Apple con su sistema IOS, a Microsoft con su sistema Windows, o a Google con su sistema Android. 
  • Operador de telecomunicaciones: empresa, que a raíz de su actividad de suministro de servicios de telecomunicaciones (internet, teléfono...), procederá a comercializar el producto configurado y listo para funcionar. Como ejemplos, tenemos a Movistar/Telefónica, Vodafone u Orange. 
  • Sociedades afines a la anteriores: bien porque exista algún tipo de acuerdo de colaboración, o porque ambas pertenecen al mismo grupo de empresas. Como ejemplos tenemos a Movistar y su filial Tuenti, o a Microsoft y su filial LinkedIn. 

¿Cuál es su regulación? 

Esta materia responde la normativa sobre protección de consumidores y usuarios: 

A nivel comunitario:

  • Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre prácticas comerciales desleales). 
  • Directiva 2013/11/CE y Reglamento nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativos a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y por las que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. 

Con respecto a la normativa española más relevante, que en gran medida transpone lo acordado a nivel europeo y lo adapta al sistema español, cabe destacar: 

¿Cuál es su situación jurídica actual? 

El pasado 7 de Septiembre del presente 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha dictaminado la licitud de la venta de dispositivos electrónicos con programas preinstalados (en el caso de autos se trata de un ordenador portátil), basándose en dos puntos principales: 

No existe práctica comercial desleal, ya que no se dan los elementos necesarios: 

  • No es contraria a las exigencias de la diligencia profesional: la preinstalación de programas responde a las expectativas de gran parte de los consumidores que demandan la adquisición de ordenadores completamente configurados y de utilización inmediata. De los mencionados programas se procede a informar de manera detallada al usuario, con carácter previo a la venta, y además, se da la posibilidad por parte del fabricante, tras el primer uso, de rescindir el contrato de compra-venta o de suscribir el acuerdo de usuario final. 
  • No distorsiona el comportamiento económico del consumidor: se ha informado con carácter previo a la venta, de que el modelo no se comercializaba sin los programas preinstalados. La cuestión de que pudiera existir un ordenador de distinto fabricante, sin programas de base, y con especificaciones técnicas similares, que pidiera haber mermado de manera apreciable la capacidad de adoptar una decisión, se deja al arbitrio del tribunal nacional competente.  

No existe práctica comercial engañosa, ya que en el contento de unas ofertas conjuntas de ordenador y programas preinstalados, la falta de indicación del precio de estas aplicaciones instaladas no supone una información sustancial, al no impedir que el consumidor tome una decisión sobre una transacción con pleno conocimiento de causa, ni conducirle a tomar una decisión que de otro modo no hubiera realizado. 

Conclusiones 

  • Los programas preinstalados son todas aquellas aplicaciones incluidas de base en un dispositivo electrónico. 
  • De conformidad al TJUE, es una práctica lícita, siempre que se informe con carácter previo de sus detalles, y no suponga una merma de su capacidad económica o de su potestad para decidir comprarlo o no. 

Bibliografía 

Materiales y fuentes oficiales 

Sentencia TJUE - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d59a34b8d1a3a84929bd87a0bd4a948e3c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3mSe0?text=&docid=183106&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=611152 

Nota de prensa TJUE - http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160086es.pdf 

Legislación 

Citada e indexada en el propio artículo.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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