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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Inteligencia Artificial y Machine Learning en el ejercicio profesional del derecho

Por Javier Antonio Nisa Ávila

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Javier Antonio Nisa

La inteligencia artificial es un software codificado con capacidad de toma de decisiones que puede ejecutar cualquier tarea y acción al igual que un ser humano, pero con una capacidad de computación superior a la biológica. La definición que acabamos de realizar podría ser una de tantas que definan la morfología jurídica básica con la que construir la normativa necesaria en inteligencia artificial. Las primeras aplicaciones históricas en inteligencia artificial las encontramos en Egipto con sistemas automatizados de corte de agua en las presas, teniendo que esperar hasta el siglo XX para conocer a los padres de la inteligencia artificial Martin Fischles y Oscar Firschein que definirían la operativa mínima que debe poder realizar cualquier inteligencia artificial con independencia del campo en que se utilice. 

El ámbito jurídico es uno de esos campos donde se podrían aplicar soluciones basadas en una futura inteligencia artificial real, tanto para ámbitos administrativos como judiciales. La cuestión radicaría en como se utilizaría dicha tecnología en la interpretación y aplicación normativa para solucionar todas las problemáticas vinculadas o relacionadas con los procedimientos jurídicos y la sustantación de causas judicializadas. La aplicabilidad de la Inteligencia Artificial al ámbito jurídico debe tener la misma base matemática que en cualquier otro campo científico. La principal base matemática establecida para este campo fue elaborada por Alan Turing con la creación de los primeros algoritmos computarizados, los llamados algoritmos de solución; que pretendían otorgar una solución precisa a la hora de buscar la mejor salida a un problema. La conceptualización puede sonar bien al pensar en otorgar soluciones automáticas a problemas complejos, pero no nos podemos olvidar que la utilización de algoritmos basados en patrones, es difícil de utilizar en un ordenamiento jurídico; pues la falibilidad humana que surge a la hora de interpretar la legislación evidencia el punto débil. La aplicación de soluciones basadas en Inteligencia Artificial implica que el input de datos del software que utiliza dicha tecnología tiene que ser matemático o mensurable, cosa que no sucede en el derecho actualmente al no existir traducción de la ley a ningún lenguaje o arquitectura que pueda entender correctamente dicho software.

Pero existe una técnica en computación llamada Machine Learning que se puede aplicar a futuro software que utilice la Inteligencia Artificial (IA) como motor en el ámbito jurídico. El Machine Learning utiliza algoritmos para intentar realizar predicciones sobre la información existente en una base de datos. La aplicación al ámbito jurídico actualmente está empezando a materializarse al existir algunos programas que diferentes empresas ofrecen como soluciones a la hora de preparar demandas judiciales o elaboración de recursos. La principal premisa de la que parten es que sus programas ofrecen un asesoramiento profesional donde se brindan altos porcentajes de acierto, ¿Pero en base a que?.

 La base que utilizan dichos programas son palabras clave asociadas a descripciones, referencias a articulado utilizado en demandas, recursos, procedimientos, etc de las diferentes resoluciones y fallos judiciales existentes. Todo esto se contrapone a la estrategia jurídica del usuario. El software evalúa todo y devuelve un porcentaje de acierto asociado a una determinada estrategia jurídica o indica como se debería argumentar y que porcentaje de acierto existe si se argumenta en esa linea. ¿Pero hasta que punto esos porcentajes que brindan las aplicaciones son ciertos o certeros? ¿Es correcto el tratamiento del Big Data con esa tecnología aplicado a cuestiones jurídicas? Ahora veremos que sucede y si es tan fiable o son falibles como el ser humano. 

Según García Máynez en su definición del derecho desde el punto de vista del Derecho Natural, el derecho se basa en un orden intrínsecamente justo a un nivel igual o superior al del derecho positivo. El derecho regula de forma justa cualquier situación presente o futura, y admite variaciones sobre el  contenido del mismo derecho aplicado. Todo ello puesto en contexto con las condiciones y exigencias de cada situación, que es considerada especial y única. Por todo ello el Derecho Positivo apela para su aplicación al Derecho Natural como el conjunto de principios generales a utilizar a falta de disposición aplicable, lo cual entronca con los principios básicos a tener siempre en cuenta en Derecho sea quien sea quien lo aplique o interprete.

Las bases las tenemos claras teniendo en cuenta por un lado la finalidad del derecho y por otro el Machine Learning como arquitectura que ayuda a la toma de decisiones a profesionales en derecho. Las aplicaciones existentes basadas en el Machine Learning ofrecen, como decíamos, la posibilidad de evaluar una estrategia jurídica que estemos adoptando o incluso nos ofrece la mejor estrategia con sus respectivos porcentajes de éxito. El software existente en la actualidad funciona mediante el análisis del articulado que se va a aplicar, introduces la problemática existente mediante palabras clave o buscas dentro de un listado de posibles problemáticas y señalas que artículos vas a utilizar entre otras cosas. El software a continuación te devuelve un porcentaje de éxito y te indica que deberías sustituir o mejorar  La evaluación de dichas predicciones evidentemente se basa en la aplicación de algoritmos estadísticos a una base jurídica, pretendiendo entender primitivamente todos los argumentos jurídicos a través de dichas claves. 

La utilización de modelos de predicción matemática al ámbito jurídico es una idea muy buena, pues daría más cobertura al principal concepto del derecho que es el de hacer justicia. El peligro es como utilizar dichos modelos matemáticos a una materia como el derecho la cual no tiene en su contenido ningún aspecto matemático evaluable. Lo único evaluable estadísticamente son los resultados de los diferentes litigios en las diferentes jurisdicciones existentes, que es la actual base sobre la que brinda el porcentaje de éxito a sus soluciones jurídicas; un puro tratamiento estadístico de datos.

La primera problemática viene en el proceso de toma de decisiones en el ámbito jurídico. El gran escollo de estos programas viene dado por la interpretabilidad de las normas aplicada a un supuesto de hecho. Cuando la misma norma aplicada al mismo supuesto con razones y argumentos iguales, pero con leves matices interpretativos diferentes, se aplica de forma contrapuesta con resultados diferentes, el problema para la actual oferta de programas informáticos está servido. La interpretabilidad es la principal problemática para dicho software ya que realmente no es “inteligencia artificial” lo que usa sino algoritmos muy avanzados de tratamiento de datos que se etiquetan comercialmente bajo dicho emblema y que no entienden el contenido del lenguaje jurídico natural.

La interpretación normativa es una de las características básicas del derecho, la contraposición de argumentación jurídica como hemos indicado basándose en la misma normativa es de lo más normal. Por tanto nos situamos en un escenario donde puede haber tres argumentos diferentes, correctamente jurídicos aplicados al mismo hecho (demandante, demandado y juez) donde la solución se sustancia con una tercera vía argumentada jurídicamente con referencias a la misma norma en una segunda o tercera instancia. La toma de decisiones en derecho se basa en la interpretabilidad de la norma a un contexto, esa interpretabilidad no tiene patrones matemáticos ni razones que se basen en un patrón lógico algorítmico exacto del cual se puedan extraer conclusiones equiparables con un nivel de seguridad lo suficientemente alto como para dar soluciones 100% seguras en este momento.

El primer problema descrito nos lleva a descartar por ahora a la IA utilizada en informática jurídica actualmente como faro y guía infalible a la hora de confeccionar recursos o demandas, pues sus aciertos son mera estadística y no un resultado de una argumentación jurídica razonada y estudiada por el programa. Pero como luego veremos si nos puede servir como gran acompañante siendo nuestros ojos y oídos en todos los estamentos jurídico-administrativos.

Pero quizás ese escollo que existe se deba en parte a la calidad legislativa y el factor humano inherente de una legislación elaborada para ser interpretada y aplicada por seres humanos. La calidad de la norma es un aspecto que siempre debe ser depurada constantemente y debe ir corrigiéndose para conseguir una normativa lo más aséptica posible que defienda correctamente los intereses. La normativa que actualmente existe en todos los ordenamientos jurídicos del mundo no está pensada para ser interpretada por máquinas basadas en inteligencia artificial.

Por ello para que pudiera existir una fiabilidad del 100% o lo más cercana posible en la utilización de dicho software de ayuda a profesionales del ámbito jurídico, debería reelaborarse la norma redactándose de forma que siguiera al máximo posible patrones que no den lugar a interpretación, basándose en problemas y soluciones evaluables, con supuestos lo más cerrados posibles para aumentar el porcentaje de aplicabilidad del derecho mediante un software con el menor número de fallos. La posibilidad de interpretación en la norma debe de eliminarse para que dicho software pueda servir con un alto índice de ayuda en cualquier procedimiento.

Ahora, todo ello varía dependiendo de la faceta del derecho que se ejerza, no tiene la misma usabilidad y fiabilidad si se utiliza en la judicatura o en la faceta del ejercicio profesional.

Si atendemos al ámbito del ejercicio profesional, como decíamos, dichas herramientas actualmente nos pueden facilitar la labor, afianzando estrategias de defensa y demanda o rectificando algunos conceptos que no estuviéramos aplicando en su vertiente más correcta. La realidad por lo tanto es que lo que se nos ofrece con este software es un aplicativo que crea la posibilidad de mejorar nuestras argumentaciones jurídicas en base a las indicaciones que nos devuelve un programa. El actual software existente responde parcialmente a las expectativas jurídicas que son necesarias para que sea rentable como ayuda en las labores profesionales del ejercicio del derecho en sus diferentes facetas. A pesar de que dista mucho de lo que hemos hablado en cuanto a capacidades predictivas en materia jurídica, si nos sirve para contextualizar y poder vislumbrar por donde se ajusta mejor nuestra argumentación jurídica en el panorama judicial actual. El aprovechamiento de dichas herramientas pasa porque nosotros llevemos la voz cantante a la hora de interpretar los resultados del software, necesitando profundos conocimientos jurídicos para poder extraer su verdadero potencial. Si analizamos jurídicamente sus resultados contraponiéndolos jurídicamente a nuestras argumentaciones que teníamos planteadas, será un gran compañero de viaje.

Pero en cambio si intentamos aplicar dichos programas a la parte inversa, a la judicatura, nos encontramos con que son inutilizables, puesto que no estaríamos hablando de un programa que busque el mejor enfoque, sino que evalúe la mejor decisión entre dos posturas procesales diferentes.  La capacidad de decisión se basa en la necesidad previa de tener conocimientos para solucionar litigios gracias a la aplicación e interpretación correcta de la norma. El actual software no tiene como fin evaluar la decisión de diferentes posturas vertidas.

El problema aplicarlo a la judicatura radica en el hecho de que se daría una paradoja; dos partes, demandante y demandada estarían bajo una argumentación jurídica correcta, puesto que habrían sido supervisadas por un software de ayuda al ejercicio profesional. Si la mensurabilidad de la norma es algoritmicamente evaluable deberían llegar siempre ambas máquinas a la misma solución y por ende no podría haber litigio, por lo que no sería necesario la existencia de partes sino que directamente se enjuiciaría.

Quizás el problema viene en el enfoque, y sean necesarias dos etapas diferentes partiendo de la situación actual. La primera etapa vendría dada por un software de explotación de Big Data que ayude al desarrollo del ejercicio profesional. La segunda etapa estaría basada en una inteligencia artificial real que razone jurídicamente como un ser humano, no esté vinculada a evaluaciones exclusivamente matemáticas de la norma y razone en base a una normativa mejor estructurada pero sin llegar a  perder la esencia de la ley contando con una capacidad de computar datos muy superior a la biológica.

El hecho de la automatización que pretenden dichos programas es una ayuda muy valiosa para cualquier profesional, pero no hay que olvidarse que actualmente estos programas sólo se dedican realmente a explotar la Big Data existente en todos los estamentos judiciales y la ofrecen de la forma más intuitiva posible. Los porcentajes de acierto o error que aventuran a realizar no es otra cosa que la aplicación de datos estadísticos de litigios ya acaecidos a un futurible resultado. La base no es lo suficientemente sólida como para guiarse por un porcentaje indicado a la hora de cambiar o mantener una estrategia jurídica. El profundo conocimiento del derecho que tienen los juristas y profesionales ayuda a sacar el verdadero potencial de dichas herramientas y las convierte en una gran base de datos donde podemos conseguir grandes argumentos lo suficientemente variados y sólidos como para mejorar nuestros índices de éxito en un gran porcentaje. No podemos olvidarnos que es necesario apelar al razonamiento jurídico del jurista profesional, lo que evidencia un déficit tecnológico.

¿Porque sucede ésto? Porque existe un riesgo de error, porque es un tratamiento derivado de un análisis de probabilidades enfocado a un resultado; tomando el derecho como una “apuesta”. Aventurar una estrategia exclusivamente o decidirla sin ahondar más es un riesgo que quiebra el principio de seguridad jurídica.

La seguridad jurídica debería ser siempre el primer pilar de cualquier avance en materia legal dentro de cualquier ordenamiento jurídico. El caso de la tecnología lleva un suplemento y es que la automatización del derecho, la cual en parte es posible pero en su totalidad no, conlleva a que durante el transcurso de su futura implantación prime la seguridad jurídica.

La necesidad de introducir elementos tecnológicos que ayuden en materia jurídica es necesaria y mediante los aplicativos existentes podemos empezar a cubrir esta necesidad y con grandes resultados. Lo que no podemos hacer actualmente es tomarnos éstas herramientas como una fuente de sabiduría en la que sus resultados son doctrina, puesto que realmente como hemos dicho no atienden a una inteligencia artificial real.

Aunque cabe decir que el gran error de base, parte en pensar que el derecho es totalmente mensurable, evaluable y no tiene la capacidad de aportar diferentes posibilidades jurídicas y diversas soluciones para idénticas o similares problemáticas. La interpretabilidad es la clave, el derecho tiene en su capacidad tuitiva social su pilar, es decir, no existe norma que sea 100% justa. La posibilidad de la falibilidad de la norma es la que otorga protección al administrado. El derecho tiene la capacidad de evolucionar a base de reelaborar sus normas para mejorar las anteriores porque son erróneas o simplemente porque se quieren mejorar. El hecho de intentar automatizar nos puede llevar a un grado de inseguridad jurídica tan alto que el derecho se convierta más en una herramienta penalizante que protectora, de ahí la necesidad de un camino de la mano entre tecnología y profesionales del derecho.

Los actuales programas necesitan todavía mucho recorrido hasta que nos puedan ofrecer un mayor rango de asesoramiento. El futuro va camino no del Machine Learning sino del Deep Learning, como salto previo a la verdadera inteligencia artificial. La diferencia es enorme con el Deep Learning, en lugar de enseñarle a una máquina con una lista enorme de reglas y algoritmos a solventar un problema, le damos un modelo de aprendizaje, es un escalón superior previo en materia de inteligencia artificial, donde ya se puedan ir evaluar ejemplos y exista la capacidad de rectificar por si sola su programación cuando se produzcan errores.

La realidad es que la inteligencia artificial ayudará en el campo del ejercicio de nuestra profesión a disponer de conocimientos antes imposibles por la basta cantidad de datos que cada día nos inundan. El derecho se verá mejorado, pero con unos límites en su aplicabilidad puesto que quien decide el final de un proceso judicial o administrativo, o quien decide que un argumento es correcto, no es otra máquina sino un ser humano que evalúa la idoneidad mediante la interpretación normativa aunque sea ayudado por las nuevas tecnologías.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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