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DATOS PERSONALES

“Derecho al olvido”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 2014, Google

Por Cristina Espín

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1. Hechos.

El Sr. Costeja González presentó el 5 de marzo de 2010, una reclamación contra Vanguardia Ediciones S.L. y contra Google Spain, S.L. y Google Inc. ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En la reclamación solicitaba que se exigiese a La Vanguardia: que modificara o eliminara las páginas en las que aparecía un embargo al que se vio sometido el Sr. Costeja González en su día y estaba totalmente solucionado desde hacía varios años y carecía actualmente de interés alguno; o que utilizara las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger esos datos. Asimismo, el Sr. Costeja González solicitaba que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que ocultaran o eliminaran sus datos personales, para que no se incluyesen en los resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los ya mencionados enlaces de La Vanguardia. 

Tras haber estudiado el caso, la AEPD desestimó la reclamación contra la editorial y estimó la reclamación realizada contra Google Spain, S.L. y Google Inc., instándoles a retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. Como consecuencia del fallo, Google Spain, S.L. y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la resolución de la AEPD. 

La Audiencia Nacional suspendió el procedimiento y planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales: 

•        La aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE;

•        La determinación del alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva 95/46/CE

•        Y el alcance del derecho de cancelación y oposición en relación con el derecho al olvido. 

2. Pronunciamientos.

Primeramente, el TJ califica como “tratamiento de datos personales” la actividad de los motores de búsqueda consistente en “hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado”, convirtiendo, así, en responsable de este tratamiento al gestor del motor de búsqueda, el cual habrá de garantizar la satisfacción de las exigencias de la Directiva 95/46/CE, así como la protección plena y efectiva de los derechos de los interesados. 

En lo que respecta a la aplicación territorial, el TJ rechaza el argumento presentado por Google de que Google Search no efectúa un tratamiento de datos de carácter personal en la actividad que desarrolla en España. El TJ otorga la condición de establecimiento, en los términos establecidos por la Directiva, a Google Spain, S.L., por ser la filial de Google Inc. en España y realizar en dicha filial un tratamiento de datos “en el marco de las actividades” del establecimiento del estado miembro (España), siendo su objetivo vender o promocionar sus bienes o servicios en dicho Estado. 

En cuanto al alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva, el TJ establece que el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados generada tras realizar una búsqueda a partir del nombre de una persona, los enlaces a las páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona. Además, el TJ añade que esa obligación existe también en el caso en el que ese nombre o información no se borre previa o simultáneamente de esas páginas web, aunque la publicación sea lícita. El TJ argumenta que una visión estructurada de la información relativa a esa persona afecta potencialmente a su vida privada. 

Finalmente, el TJ instaura la posibilidad de que pasado un tiempo, el afectado, en ejercicio del derecho al olvido, solicite la supresión de la lista de resultados obtenida. Si se comprueba que la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y los enlaces que figuran en ella deberán eliminarse. Serán incompatibles todos estos datos cuando se revelen inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos en relación con los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido. 

3. Comentario.

Esta sentencia ha tenido un impacto importante en el tratamiento de los datos personales en la Unión Europea y ha dado lugar a un debate profundo en la materia. La sentencia del TJ abre la puerta a los ciudadanos que formen parte de la Unión Europea a requerir la eliminación de enlaces en la red que resulten “incompatibles” en el sentido explicado anteriormente.

El TJ determina la necesidad de ponderar, por un lado, el derecho de acceso a la información del usuario, y por el otro, el derecho a la protección de los datos de carácter personal del afectado. Este equilibrio depende de la naturaleza de la información de que se trate y de la función social que desempeñe el afectado. 

Actualmente, los motores de búsqueda deben evaluar cada solicitud de eliminación de enlaces, dejando únicamente los resultados en los casos de interés público. 

Según el Informe de Transparencia de Google, en poco más de seis meses de la sentencia, Google ha recibido  203.000 solicitudes de aplicación del derecho al olvido que afectan a un total de 738.000 URLs.  

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 , relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

ENGLISH VERSION  

“The right to be forgotten”. Judgment of the Court of Justice of 13 May 2014, Google (C-131/12). 

1. Background.

On 5 March 2010, Mr. Costeja González lodged a complaint with the Spanish Data Protection Agency (AEPD) against Vanguardia Ediciones S.L. and against Google Spain, S.L. and Google Inc. In his complaint he requested that La Vanguardia be ordered to either remove or alter the pages containing an announcement concerning attachment proceedings involving him, which had been fully resolved for a number of years and so the reference to them was now entirely irrelevant, or to use certain tools made available by search engines in order to protect that data. Mr. Costeja González also requested that Google Spain or Google Inc. be ordered to remove or conceal his personal data so that it would cease to be included in the search results and would no longer appear in the aforementioned links to La Vanguardia. 

After studying the case, the AEPD rejected the complaint against the newspaper and upheld the complaint against Google Spain, S.L. and Google Inc., ordering them to remove the data from their index and to prevent access to the data in the future. Google Spain, S.L. and Google Inc. filed appeals with the Spanish National High Court seeking to overturn the AEPD’s decision.

The National High Court stayed the proceedings and referred a number of questions to the CJ for a preliminary ruling. Those questions addressed the following issues:

•        The territorial application of Directive 95/46/EC;

•        Determination of the extent of the responsibility of search engines as providers of content in relation to Directive 95/46/EC; and

•        The scope of the right of erasure and the right to object in relation to the right to be forgotten.

2. Findings.

The CJ first of all classifies the activity of search engines consisting of “finding information published or placed on the Internet by third parties, indexing it automatically, storing it temporarily and, finally, making it available to Internet users according to a particular order of preference” as “processing of personal data”, which therefore makes the operator of a search engine the controller of that data processing and the party responsible for ensuring satisfaction of the requirements laid down in Directive 95/46/EC and guaranteeing the effective and complete protection of data subjects’ rights.

As regards territorial application, the CJ rejects Google’s argument that Google Search does not process personal data as part of its activities in Spain. The Court regards Google Spain, S.L. as an establishment within the meaning of the Directive, since it is Google Inc.’s subsidiary in Spain and since the processing of personal data is carried out “in the context of the activities” of the establishment in the Member State (Spain), with the aim of selling or promoting its goods or services in that State.

As regards the extent of the responsibility of search engines as providers of content in relation to the Directive, the Court holds that the operator of a search engine is obliged to remove from the list of results displayed following a search made on the basis of a person’s name links to web pages published by third parties and containing information relating to that person. The Court adds that this obligation also exists in cases where that name or information is not erased beforehand or simultaneously from those web pages, even when the publication is lawful. The Court argues that a structured overview of the information relating to that individual can potentially affect his private life.    

Lastly, the Court establishes the possibility that, after a certain time, the data subject, exercising the right to be forgotten, may request erasure from the list of results. If it is found that the list is, at this point in time, incompatible with the Directive, the information and links that it contains must be erased. The information will be considered incompatible when it appears to be inadequate, irrelevant or no longer relevant, or excessive in relation to the purposes of the processing at issue and the time that has elapsed.

3. Remarks.

This judgment has had a significant impact on personal data processing in the European Union, and it has led to profound debate on the topic. The CJ’s judgment enables EU citizens to require the removal of Internet links which are “incompatible” in the sense described above.       

The CJ establishes the need to weigh up the user’s right to access information with the data subject’s right to protect personal data. This balance will depend on the nature of the information concerned and the public role of the data subject.

Search engines must currently assess each request for the removal of links, and can only continue to show results in cases involving public interest.       

According to Google’s Transparency Report, within little more than six months of the judgment Google had received 203,000 requests to exercise the right to be forgotten, affecting a total of 738,000 URLs. 


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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