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ECONOMÍA COLABORATIVA

Uber, Airbnb, Verkami y la regulación de la 'economía colaborativa'

Por Xavier Costa Arnau

En muchas ocasiones hemos escuchado que Uber o Airbnb son negocios 'alegales', que viven en un 'limbo jurídico' pero ello no es así. Que no exista, actualmente, una norma que haya sido redactada pensando específicamente en estos nuevos tipos de negocio, no significa que no haya ley ni norma que les sea de aplicación. 

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¿Cuántas veces hemos oído que 'Internet es disruptivo' o que las redes sociales han 'llegado para quedarse'? Efectivamente la 'revolución de Internet', el “nacimiento del 2.0” no ha dejado prácticamente títere con cabeza. Es difícil pensar en algún negocio o sector económico que no se haya visto directamente afectado por el auge de las redes sociales y por los nuevos canales de comunicación entre clientes y empresas.

El llamado peer-to-peer -que podría ser traducido como 'de igual-a igual'-  ha permitido a los consumidores obtener directamente la prestación e intercambio de servicios y productos sin la necesidad de acudir a la intermediación de terceros, con el consecuente ahorro en los bolsillos del usuario-consumidor.

Los sectores tradicionales, sujetos, en muchos casos, a una regulación estricta y extensa y a unos costes de operación nada desdeñables, han visto con impotencia como la aparición de diferentes plataformas online les enfrentaba a un nuevo tipo de competencia, sustrayéndoles cada vez más cuota de mercado. Ello ha sido así en multitud de sectores: Airbnb o Housetrip han afectado al negocio del turismo, el castigado sector del taxi se ha sublevado ante la aparición de Uber, e incluso el sector financiero -y el regulador español- están siguiendo atentamente la evolución de las plataformas de financiación online o crowdfunding.

Disruptivo no equivale a negativo. La reducción de costes, la optimización de recursos, la mayor competencia y cooperación entre consumidores, son efectos claramente beneficiosos para el global de la economía y de la sociedad y es justo reconocer tales atributos a la llamada 'economía colaborativa'.

En muchas ocasiones hemos escuchado que Uber o Airbnb son negocios 'alegales', que viven en un 'limbo jurídico' pero ello no es así. Que no exista, actualmente, una norma que haya sido redactada pensando específicamente en estos nuevos tipos de negocio, no significa que no haya ley ni norma que les sea de aplicación. La inexistencia de normativa específica no equivale a una 'barra libre' en la que los operadores pueden hacer y deshacer sin restricción alguna. Existen normas que regulan las actividades con las que directamente compiten y que les son de aplicación, aunque su modelo de negocio no estuviera ni tan siquiera en el subconsciente del legislador cuando redactó dichas normas.

En este contexto, la necesidad de adaptación de la normativa existente es indispensable para garantizar los derechos y deberes de todos: usuarios, negocios 'tradicionales' pero también de los propios nuevos operadores de 'economía colaborativa'. Regulación no puede tampoco equivaler a restricción puesto que, en un contexto de globalización como el actual, la prohibición expresa o de facto de los negocios de economía colaborativa bien equivaldría a poner puertas al campo, estando condenada a fracasar en el tiempo.

Así, la tarea del legislador, si bien urgente, no es sencilla y deberá trazarla con pincel de brocha fina. Por un lado deberá asegurar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, protegiéndoles ante posibles abusos y garantizando unos niveles mínimos de seguridad y calidad en los servicios peer-to-peer contratados online. Al mismo tiempo, deberá evitar la tentación de prohibir o restringir excesivamente los nuevos modelos de economía colaborativa, aportando la seguridad jurídica necesaria en beneficio de todos los actores económicos implicados.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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