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Lexnet vs. Papel

Por Iván Piñeiro Iglesias

Abogado

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Lexnet se presenta como un firme estímulo a la supresión del papel en la oficina judicial. Sin lugar a dudas el mejor aliado tecnológico para posibilitar una gestión procesal ágil y fiable, al permitir a la oficina judicial recibir asuntos, tramitarlos y emitir las pertinentes resoluciones sin necesidad alguna de acudir al formato físico que supone la impresión en papel.

El pasado 9 de junio conocíamos el acuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española para la integración de éste colectivo en el sistema realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. Este acuerdo se suma al anteriormente firmado con procuradores y graduados sociales, incorporando así al sistema, a todos los operadores jurídicos que pueden ostentar representación procesal en sede judicial. De esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 18/2011 sobre mejora de interoperabilidad entre órganos judiciales y operadores jurídicos, enlazándolo todo ello con los principios de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En un post anterior, comentaba la importancia de que los agentes intervinientes  en todas las variedades de procedimientos pudieran comunicarse de forma telemática con los Juzgados, para poder conseguir una administración de justicia eficiente a nivel europeo. En el ámbito estatal, salvando las peculiaridades de cada uno de los sistemas de gestión procesal de las autonomías, estas comunicaciones se realizan a través de Lexnet.

¿Qúe es LexNET?

Según definición del artículo 2 del Real Decreto que regula su uso, LexNET es un sistema para la presentación de escritos en sede judicial y envío de notificaciones judiciales de forma segura mediante el uso de firma electrónica reconocida, que satisface las características de autenticación, integridad y no repudio mediante mecanismos técnicos de confidencialidad y sellado de tiempo. En el caso de los abogados, según ha adelantado el CGAE, se realizará la autenticación a través del certificado digital de la Abogacía.

Los objetivos que se abordan con su implantación en este colectivo son claros:

  1. Agilidad en las comunicaciones con juzgados a través de un medio seguro
  2. Reducción drástica de los desplazamientos a sede judicial
  3. Supresión paulatina del papel en los órganos

¿Cómo se realizará su implantación en esta fase?

En la instrucción 2/2014 de la Secretaría General de Justicia, que regula el proceso de altas e implantación del sistema, se indica que serán los colegios profesionales los encargados de facilitar el censo de profesionales ejercientes al Ministerio de Justicia, para que normalicen dichos datos en el sistema de gestión procesal y se proceda a tramitar su alta en el sistema. Una vez realizada, solo los profesionales que hayan sido dados de alta en la funcionalidad podrán realizar el envío a oficinas en los que se encuentre operativa. Se contempla una implantación por etapas, es decir, se abordaría en una segunda fase de implantación los asuntos del orden penal, las ejecuciones y determinadas acciones del orden civil.

Una vez implantada la funcionalidad, se establece un período realmente corto de convivencia entre el modo de presentación en papel y en formato telemático de 3 meses, pasado este período solo se admitirían escritos de trámite e iniciadores a través de la plataforma LexNET. Se fija como regla general la no impresión de los escritos y expedientes judiciales que podrán ser revisados a través del sistema de gestión procesal.

Estamos, por lo tanto, ante un firme estímulo a la supresión del papel en la oficina judicial. Si se dispone de una herramienta de gestión procesal ágil y fiable, el órgano podría recibir asuntos, tramitarlos y emitir las pertinentes resoluciones sin necesidad alguna de acudir al formato físico. A pesar de ello, se contempla que los secretarios judiciales estimen en cada caso la necesidad de imprimir los documentos en función del orden, clase, naturaleza y características del asunto y que sirva al adecuado funcionamiento de la función jurisdiccional.

Esta simple medida debería suponer un cambio en la configuración física de los órganos, atestados de expedientes que se amontonan y dispersan en archivos, oficinas, almacenes, lavabos y dependencias diversas. Atañe no solo a la modernización efectiva de la justicia sino a la imagen caduca y decimonónica que se proyecta ante el ciudadano. Una vez completada esta fase, los próximos retos a asumir serán la asunción de la firma digital de documentos por parte de los usuarios de la oficina judicial y la posibilidad de presentación de demandas telemáticas en procedimientos en los que pueda comparecer una persona física, a través de certificados digitales como el DNIe.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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