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Justicia electrónica como indicador de calidad del sistema judicial español en el marco de la UE

Por Iván Piñeiro Iglesias

Abogado.

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Existen varios indicadores para medir la efectividad y calidad de un sistema judicial determinado, tales como la preparación, formación y grado de independencia de sus jueces, la percepción de la ciudadanía sobre la fiabilidad de la administración de justicia, la facilidad de acceso, la duración media de los procedimientos y el uso de las tecnologías de la información en la dinámica judicial.

Sobre este último punto, y concretamente sobre el grado de acceso electrónico de los ciudadanos a la Justicia en los estados miembros de la UE, centraré el análisis de este artículo analizando los datos expresados en el EU Justice scoreboard 2014 elaborado por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea y el Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas en los estados miembros de la UE, elaborado por el CEPEJ (Comisión Europea para la eficiencia de la Justicia). Ambas herramientas fueron publicadas el pasado mes de marzo con el fin de ayudar a los estados a lograr una justicia más efectiva y accesible, proporcionando datos fiables y fácilmente comparables con los de los demás estados miembros.

Ambos estudios consideran el uso de las TIC en los tribunales indispensable para la efectividad de la administración de justicia. Los indicadores reflejan el grado de empleo de medios telemáticos para el inicio y gestión de procedimientos judiciales, así como para la comunicación y cambio de información entre juzgados y partes, a través de herramientas como formularios web, plataformas de justicia on-line, seguimiento de procedimientos on-line, registros electrónicos, tramitación telemática de deudas de menor cuantía y el uso de videoconferencias para vistas.

Con carácter previo indicar que el grado de acceso a la justicia electrónica en España variará en función de la comunidad autónoma en la que se tramite el procedimiento, admitiéndose en algunos casos la posibilidad de presentación de escritos iniciadores en determinados territorios para órdenes concretos. De todas formas, siendo esta posibilidad más bien residual, para este estudio se estima no posible la iniciación, seguimiento y terminación de un asunto de forma telemática.

La posición de España con respecto a los demás países de la UE en cuanto a uso de las TIC es la siguiente:

1. Presencia de medios tecnológicos en Juzgados: La inmensa mayoría de estados miembros disponen de medios, considerados básicos hoy en día, como procesadores de textos, bases de datos y jurisprudencia online, archivos electrónicos, e-mail propio para tribunales, secretarios y jueces y conexión segura a internet. Únicamente Grecia no dispone de ninguna de estas facilidades y Hungría y la República Checa no cuentan con la posibilidad de archivo electrónico de asuntos.

2. Registro y gestión de asuntos: España consigue la nota máxima en este apartado. Se puede realizar el registro, reparto, tramitación (contemplando todos y cada uno de los distintos estados hasta su finalización) terminación de asuntos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales. Esto se lleva a cabo en las comunidades sin competencias transferidas a través del sistema de gestión procesal MINERVA y en el resto de comunidades a través de sistemas de gestión propios como son el sistema Vereda en Cantabria, Justizia.Bat en el País Vasco, Avantius en Navarra, E-justicia.cat en Cataluña, Cicerone en Valencia, Adriano en Andalucía, Libra en Madrid y Atlante en Canarias.

3. Comunicación entre Juzgados y partes: España consigue un "aprobado raspado" en esta materia. No se permite en nuestro país el registro online de deudas de menor cuantía, el sistema de videoconferencia no está del todo implantado y extendido en todos los órdenes jurisdiccionales, hay carencia de medios tecnológicos y reticencias por parte de algunos órganos a realizar vistas de sala o videoconferencias personales y tampoco existen facilidades para la comunicación telemática de entre los juzgados y las partes. Es cierto que el sistema LexNet permite el intercambio seguro de información con el uso de firma electrónica reconocida, pero no todos los agentes intervinientes en procedimientos y no todos los órdenes soportan este tipo de comunicaciones. En este punto, la habilitación de las comunicaciones para todos los agentes, incluidos abogados, graduados sociales y administraciones, es vital.

¿Cuáles son los puntos a mejorar de la Justicia española? Sin duda, el registro telemático de procedimientos, tanto declarativos como ejecutivos y la posibilidad de seguimiento de los mismos a través de herramientas online, en menor medida la generalización en el uso de la videoconferencia en todos los órdenes jurisdiccionales. El nuevo sistema integrado de Justicia alineado con el eje central de la modernización de la Administración de Justicia: la nueva oficina judicial (NOJ) y el desarrollo e implementación de la un nodo de comunicaciones seguras son sin duda las tareas más necesarias y acuaciantes para conseguir una administración eficiente en términos tecnológicos.

Los países de la Unión Europea que mejores resultados consiguen en esta comparativa son Austria, Estonia, Finlandia, Malta y nuestra vecina Portugal cuyas herramientas de gestión procesal permiten el registro y reparto de reclamaciones de deudas de menor cuantía a través de formularios web, la visualización de estado y seguimiento de un expediente judicial para determinados órdenes y la posibilidad de gestión electrónica de un asunto.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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