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E-JUSTICIA

Sede Judicial Electrónica

Por Iván Piñeiro Iglesias

Abogado especializado en Derecho de Nuevas Tecnologías. Colabora con la Administración en el ámbito de modernización de la Justicia.

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Año 2013. Generalización del uso de las nuevas tecnologías e internet, de los dispositivos electrónicos con acceso a la red, de los trámites telemáticos y servicios públicos digitales, de la supresión paulatina del formato papel y las tediosas gestiones presenciales; madurez, en definitiva, de la administración electrónica.

En este entorno, la Administración de Justicia debería funcionar tal y como demanda la sociedad, adecuándose a las necesidades y peticiones de la ciudadanía. El escenario debería ser una administración de justicia que use los medios y avances tecnológicos disponibles en donde la seguridad y la interoperabilidad sean pilares fundamentales sobre los que se asiente su funcionamiento. Su modernización se ha convertido en una tarea inaplazable que está siendo abordada a través de profundas reformas legislativas, técnicas y organizativas.

A nivel estatal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, su modificación de 23 de diciembre de 2003, la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre para la implantación de la Nueva Oficina Judicial y, sobre todo, la Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia establecen los principios y las medidas necesarias para la modernización de la administración judicial.

Se trata de una apuesta decidida por el uso de las nuevas tecnologías por parte de los funcionarios de justicia en sus relaciones con los profesionales, otras administraciones y ciudadanos al reconocer el uso de las TIC como pieza clave para su funcionamiento eficaz.

Una de las medidas más llamativas e innovadoras de esta ley es la llamada "Sede Judicial Electrónica"

" definida en el art. 9 como la "dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de justicia."

El legislador adopta términos y conceptos reflejados ya en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y dedica 16 artículos al desarrollo del contenido y servicios de los que debe disponer toda sede judicial electrónica.

Estaríamos, por lo tanto, no solo ante un sistema de información que permita la tramitación electrónica del procedimiento judicial y mejore la gestión de la información a nivel interno, sino que abre la posibilidad de presentación y recepción de escritos por medios telemáticos en sede judicial a todos los ciudadanos (en los supuestos recogidos en la ley) y profesionales del derecho. En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley (junio del 2011), las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.

Las posibilidades que ofrecería esta nueva plataforma darían un nuevo sentido al derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, posibilitando la realización de casi cualquier acto procesal de forma segura a través de medios telemáticos suprimiendo procedimientos, requisitos y formalidades innecesarias. Esta y muchas otras tareas, como la de asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia y la cooperación entre las distintas administraciones, son las que tiene encomendado el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, cuya sesión constitutiva se celebró el pasado mes de julio y de la que se esperan proyectos tecnológicos concretos y estrategias para lograr los objetivos marcados.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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