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REDES SOCIALES

La incapacidad temporal del trabajador controlada por las redes sociales como causa del despido

Por Fabián Valero Moldes

Abogado Laboralista (autónomo).

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Toda relación laboral se debe regir por el principio de la mutua buena fe contractual, constituyendo la obligación principal del trabajador el desarrollo de la actividad laboral planificada por el empresario, dentro del legítimo ejercicio del poder de dirección y organización, tal y como se establece en las letras a) y c) del artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. Para garantizar y verificar el cumplimiento efectivo por parte del trabajador de sus obligaciones laborales el empresario se encuentra facultado, tal y como establece el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control sobre el trabajador. En este sentido cabe destacar que el poder de dirección del empresario resulta necesario para garantizar la buena marcha de la organización productiva, y por tanto el poder de dirección empresarial se encuentra vinculado a los artículos 33 y 38 de la Constitución Española.

El control empresarial deberá respetar la intimidad personal del trabajador consagrada en el artículo 18.1 CE , la cual se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el artículo 10.1 CE reconoce e implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" resultando el derecho a la intimidad aplicable al ámbito de las relaciones laborales ( STC 98/2000). Ahora bien, tal y como también ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, "el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho" (SSTC 57/1994 y 143/1994 entre muchas otras).

Partiendo de esta base, la práctica procesal admite como un medio de prueba válido en derecho el obtenido mediante las grabaciones efectuadas por detectives privados para verificar posibles fraudes en las bajas médicas, o también las obtenidas a través de las cámaras de seguridad de los propios establecimientos a la hora de detectar robos, hurtos o acciones inadecuadas por parte de los trabajadores.

La universalización en el uso de las redes sociales y, especialmente, la información compartida por los trabajadores en ellas, ha supuesto la aparición de un nuevo mecanismo que permite al empresario obtener datos relevantes de cara a ejecutar sus facultades de control en el cumplimiento de las obligaciones laborales, especialmente cuando el trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal, pudiendo en caso de incumplimiento grave dar lugar a un despido de carácter disciplinario.

Ahora bien, dado que la obtención de información en las redes sociales puede chocar con el derecho constitucional a la intimidad del trabajador, es importante saber cómo se debe obtener y emplear la información obtenida en las redes sociales de cara a justificar un posible despido disciplinario. En primer lugar, resulta esencial que la información, (como por ejemplo fotografías), se haya obtenido sin necesidad de utilizar clave ni contraseña alguna para acceder a las mismas, es decir, que el acceso a esa información fuera de carácter publico, de modo que se obtuvieron libremente pues al estar "colgadas" en la red pudieron ser vistas sin ningún tipo de limitación. También resulta relevante que las actividades que supongan una contradicción con la situación de incapacidad temporal se hayan realizado en lugares públicos, (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 14 de junio de 2013, Recurso 241/2013). Por último, en relación con la causa de despido prevista en el artículo 54.2 apartado d) del Estatuto, (vulneración de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo), reiteradísima jurisprudencia ha señalado que durante la situación de baja por incapacidad al trabajador le es lícito realizar todas aquellas actividades compatibles con su situación, excluido cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, estimando como compatibles las actividades de mera distracción o lúdicas y todas aquellas que no perturben o retrasen la curación del trabajador, o sean contraproducentes para su enfermedad ( sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1985 [ RJ 1985, 4662] ). Sin embargo, y en sentido contrario, se han considerado contrarias a las exigencias de la buena fe contractual todas aquellas actividades que, o bien resultan contraindicadas para el curso de la enfermedad, o simplemente exponen al que las hace a una recaída en la misma, pues quien desarrolla esa conducta está defraudando a la empresa, a la Seguridad Social y a sus propios compañeros de trabajo; suponiendo una contravención palpable del deber fundamental de colaborar en su curación que tiene el trabajador (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1988 [ RJ 1988, 7533 ] y 14 de mayo de 1990 [ RJ 1990, 4318] ).

En la mayoría de las ocasiones en que un despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual ha llegado a nuestros tribunales superiores de justicia, siendo el origen del mismo un supuesto abuso del trabajador durante una situación de incapacidad temporal detectada a través de las redes sociales, la respuesta judicial se ha inclinado por apoyar la actuación empresarial. Así tenemos la validez del despido de una trabajadora que estando en situación de IT por una estereocolitis colgó un amplio reportaje fotográfico de una boda a la que acudió, (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de marzo de 2012). También fue declarado ajustado a derecho el despido de una trabajadora que padeciendo una supuesta contractura cervical colgó un amplio reportaje fotográfico de su visita al Parque Warner de Madrid al día siguiente de iniciar la incapacidad temporal, (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 14 de junio de 2013). Otro ejemplo sería el de un trabajador que padeciendo un cuadro ansioso depresivo colgó en una famosa red social diversas fotos que reflejaban salidas nocturnas y el consumo de bebidas alcohólicas, algo incompatible con la medicación pautada, (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de enero de 2012), o por último, el caso de un trabajador que aprovechó una situación de incapacidad temporal para poner en marcha diversas páginas webs dedicadas a la venta de productos alimenticios a través de internet, lo cual chocaba abiertamente con la actividad profesional para la cual estaba contratado por la empresa que le despidió disciplinariamente, (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 16 de julio de 2012).

Estas son las primeras de las muchas sentencias que, sin duda, iremos conociendo en los próximos años, las cuales permitirán crear una doctrina judicial más consolidada sobre esta materia.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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