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E-ADMINISTRACIÓN

La Diputación de Lleida presenta la plataforma electrónica destinada a ayudar a los municipios a su transformación digital

La Diputación da un paso más para ayudar a los ayuntamientos a mejorar su relación telemática con los ciudadanos y a cumplir con la nueva Ley 30/2015.

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administración electrónica

El próximo 2 de octubre entra en vigor la Ley 30/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta Ley, entre otras, obliga a una gestión electrónica de los expedientes y por tanto también a la relación telemática con el ciudadano a través del documento electrónico.

Para favorecer el cumplimiento de esta medida, la Diputación de Lleida quiere dotar a todos los ayuntamientos de los recursos tecnológicos necesarios para hacer frente al nuevo reto. Esta actuación se enmarca en el Plan de Ayudas para la Mejora de los Sistemas de Gestión de los ayuntamientos de la Provincia de Lleida que la Diputación lleva a cabo desde el año 1992.

La plataforma electrónica propuesta por la Diputación ha sido desarrollada por la empresa tecnológica ABSIS especializada en soluciones para la Administración Pública.

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Después de su aprobación definitiva por parte del Senado el pasado mes de Septiembre, el 2 de Octubre se publicó en el BOE la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La nueva Ley persigue la implementación general de los medios electrónicos, su simplificación y coordinación interna, así como ciertas medidas de mejora de la transparencia.

La nueva Ley no solo se centra en el uso interno del documento y expediente electrónico, el procedimiento administrativo automatizado y la interoperabilidad, sino también en la parte externa de la administración pública, al tratar las relaciones de esta con los administrados aporta novedades importantes.

Las principales novedades para las personas físicas que podríamos enumerar son las siguientes:

  • Existencia de un único procedimiento común, y eliminación de múltiples procedimientos especiales, así como la creación de un procedimiento administrativo “rápido” para supuestos de menor complejidad.
  • Se prescinde, como norma general, de la solicitud de documentos originales. Tampoco se requieren fotocopias, ya que el envío electrónico será suficiente. Se crea asimismo un registro electrónico general para la recepción de escritos sea cual fuere la administración destinataria.
  • Simplificación de los requisitos de identificación y de firma electrónica, avisos por teléfonos móviles a los ciudadanos y notificaciones electrónicas.
  • Se amplía a todos los procedimientos administrativos la opción de reducir el importe de las sanciones por pago inmediato o por reconocimiento de responsabilidad.

Por lo que respecta a las personas jurídicas, las novedades más destacables serán:

  • Igual que con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, las empresas se dirigirán a todas las Administraciones, obligatoriamente, de forma electrónica.
  • Se prevé la posibilidad de otorgar poderes electrónicamente para la realización de trámites administrativos. En este sentido se crea un registro administrativo de poderes.
  • No se exigirán documentos ya presentados con anterioridad o elaborados por la propia Administración (ej. Licencias o autorizaciones ya expedidas)

(Fuente de la noticia: Absis)


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