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Cuestiones generales y consecuencias para mi empresa del traslado del centro de negocio a un país de menor tributación

Por Bartolomé Borrego Zabala

Parte uno (de dos) de la Tribuna: Transacciones electrónicas

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Con el desarrollo de Internet comenzaron a aflorar en el mundo empresarial las transacciones electrónicas, surgiendo casi simultáneamente la figura del comercio electrónico como contraposición al comercio tradicional, implicando una nueva forma de entender las transacciones económicas, nuevos servicios, nuevos medios de pago, nuevos productos,… que colapsan las autopistas de la información.

Hoy día son muchas las empresas que cuentan ya con un website que les permite, no sólo tener una presencia activa en Internet, sino el poder realizar acciones de tipo comercial con un mayor potencial que el obtenido a través de los canales tradicionales que muchos están sabiendo aprovechar, y que permite interactuar con proveedores y clientes extranjeros con la misma facilidad que si de operaciones nacionales se tratara.

Sin embargo, existe un error muy extendido al respecto consistente en la idea que tienen muchos de que el comercio electrónico está destinado únicamente para aquellos productos que viajan por medios electrónicos. Para ello, nada mejor que definir este concepto antes de continuar con la exposición.

El comercio electrónico se puede definir como cualquier forma de transacción comercial en la que un suministrador provee de bienes y servicios a un cliente a cambio de un pago, y donde ambas partes interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. El comercio electrónico implica la realización de negocios on line o, lo que es lo mismo, vender y comprar productos y prestar servicios a través de sites ubicados en la Red, independientemente del canal por el que luego circule el producto o servicio (electrónico o tradicional).

Aunque son muchos los temas que podía analizar sobre este medio en auge, en este primer artículo voy a centrarme exclusivamente en un aspecto que algunos empiezan a plantearse, debido fundamentalmente a las informaciones que últimamente está apareciendo en los medios de comunicación y que han traído a la palestra las grandes compañías tecnológicas que operan básicamente a través de Internet (Apple, Amazon, Google, Facebook, etc.), algunas de las cuales han trasladado sus centros de tributación a territorios off-shore (paraísos fiscales), y otras a lugares donde la tributación es muy inferior al del resto de países de nuestro entorno. Así podremos entender que, por ejemplo, Google evitara pagar en impuestos unos 2.000 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros) gracias a una sociedad pantalla creada en las Bermudas; o que Apple canalizara ganancias a través de filiales constituidas en Irlanda que no declararon residencia fiscal en ningún lugar del mundo y, por tanto, no tuvieron que cumplir sus obligaciones fiscales, lo que le ha permitido pagar en los últimos tres años impuestos equivalentes al 2% de sus 74.000 millones de beneficios en el extranjero. Pero éstas son sólo un ejemplo de las muchas compañías que poseen actividades financieras en paraísos fiscales.

El principal riesgo aparece cuando una empresa de venta electrónica crea una filial en España y dice que funciona como «servicios de soporte y publicidad», y que, por tanto, como no vende en España, tributa en el país donde tiene su sede, que suele ser en muchos de los casos Irlanda o Luxemburgo, donde tienen unas mayores ventajas fiscales. En Irlanda, por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades se grava con un 12,5% los beneficios operativos, mientras que en España el mismo Impuesto es del 30%.

Situaciones como la que comento están llevando a que más de uno piense en trasladar el centro de negocio de su empresa a otros lugares de tributación más baja, una práctica que es perfectamente legal aunque la sociedad en general lo considere injusto, pero también es cierto que todos los Gobiernos, con el de EE.UU. a la cabeza, están intentando estrechar el cerco sobre estas prácticas tendentes a eludir el pago de impuestos que realmente se generan en los países en los que la tributación suele ser más alta. Un ejemplo de estas intenciones lo podemos encontrar en la reunión que ha celebrado el grupo de los Ocho (G8) este mes de junio en Irlanda del Norte, entre cuyos asuntos tratados estaba el de la evasión de capitales. La alarma ha llegado al punto de que la OCDE se ha marcado en su agenda un plazo de dos años para acabar con estas actividades, lo que se va a materializar en acciones como la de la llamada Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos fiscales.

La mayor incidencia desde el punto de vista fiscal que encontramos en este tipo de acciones recae sobre la fiscalidad directa en relación con las operaciones en Internet. La cuestión a tratar en este caso es la del gravamen de las rentas percibidas como consecuencia de esas operaciones, especialmente las obtenidas por sujetos (personas físicas o jurídicas), que desarrollan a través de la Red una actividad de carácter empresarial o profesional. El problema realmente se plantea cuando los sujetos que intervienen en una operación llevada a cabo a través de la Red residen en Estados diferentes.

Es importante tener en cuenta que en caso de que España tenga suscrito con el país de residencia del perceptor de las rentas un Convenio para evitar la Doble Imposición (en adelante CDI), dicho Convenio tiene primacía sobre el Derecho Interno, por lo que se aplicará de acuerdo con su contenido, que está normalmente inspirado en el modelo CDI de la OCDE

Cuando no exista Convenio con el país de residencia del perceptor de las rentas, se aplicará la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, cuyos criterios de interpretación deberán estar en concordancia con las normas reguladoras del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

Para clarificar este tema, el siguiente aspecto a abordar es el del establecimiento permanente, es decir, cualquier lugar fijo de negocios donde los empresarios o profesionales realizan actividades económicas, lugar fijo que requiere, además, de un local o espacio en el que el empresario realice parte de sus actividades (entregas o servicios) o, cuando menos, operaciones preparatorias. Con la aparición del comercio electrónico, el tradicional concepto de establecimiento permanente comenzó a tambalearse y a exigir replanteamientos en torno a esta figura, constituyendo un elemento clave en el Derecho Fiscal internacional por cuanto su existencia determina el derecho a gravar los beneficios obtenidos por una empresa en un Estado distinto al de su residencia.

En relación con este tema, conviene precisar los términos en que se pronuncian cada uno de los Impuestos que inciden o pueden incidir en esta figura: IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los cuales serán tratados en la segunda parte de este artículo.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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