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Carlos E. Jimenez POrtada

‘Son necesarios cambios orientados a un proceso judicial electrónico, eficaz, eficiente, a través de una justicia próxima a la ciudadanía'


Hablamos con Carlos E. Jiménez, experto en justicia electrónica y autor del Informe “Justicia abierta: transparencia y proximidad de la justicia dentro del actual contexto de Open Government”, sobre el panorama actual de la e-Justicia en nuestro país y las posibilidades de la tecnología aplicada a la justicia.

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-  ¿Cómo andamos en nuestro país en materia de e-Justicia con respecto a los países de nuestro entorno más inmediato, y a su juicio cuáles son las principales áreas de mejora que en este ámbito se precisa? 

En general, podemos decir que Estonia viene siendo el país de referencia en este ámbito en Europa. Un reciente estudio sobre e-Government, posicionaba a Estonia como país número uno en el ranking sobre disponibilidad y calidad online de pequeñas demandas, quedando España ubicada en el puesto número 23 de los 28 países de la Unión Europea, sólo por delante de Rumanía, Eslovenia, Chipre, Eslovaquia y Hungría. En un sentido similar se pronuncian otros análisis específicamente realizados para el ámbito de justicia en la Unión Europea, que sitúan a España en desventaja, en general, por debajo de la media. Dichos análisis realizados durante varios años consecutivos, vienen también situando a Estonia como país de referencia.   

En cuanto a las áreas de mejora, en el caso de España, en el plano normativo, por ejemplo, sería necesario acelerar reformas que permitan hablar realmente de una modernización acorde a una sociedad del S. XXI, ya inmersa en la Sociedad de la Información. Son necesarios cambios orientados a un proceso judicial electrónico, eficaz, eficiente, a través de una justicia próxima a la ciudadanía. Un derecho procesal electrónico consolidado será sin duda clave. En el plano de los procesos es preciso poner especial atención en la búsqueda de la optimización de los mismos, a través del máximo aprovechamiento de las prestaciones que nos dan las nuevas herramientas tecnológicas. La innovación es fundamental, también en la justicia.

- Usted ha participado de los trabajos de diseño y construcción del sistema de e-Justicia de Cataluña, varias veces galardonado. ¿Cuáles son las razones que avalan el éxito del Sistema de e-Justicia de Cataluña? 

La colaboración entre los diferentes actores a lo largo de todo el proceso, desde la concepción hasta la implantación en los órganos ha sido un factor crucial. Asimismo, la búsqueda de la mejor respuesta posible a las necesidades de los órganos judiciales, llevó a incorporar desde el inicio a funcionarios de la Administración de Justicia, que sirvieron de insumo para la toma de requerimientos y la construcción de las funcionalidades y los servicios de las aplicaciones. 

A su vez, dicha inclusión ha sido también fundamental en los procesos de gestión del cambio requeridos en la implantación de las aplicaciones en los juzgados, tanto en el plano de la formación, en el de soporte in situ, o en el de la comunicación. Asimismo, los proyectos piloto quedan abiertos a la incorporación de las propuestas y sugerencias de mejora de los propios funcionarios usuarios. Esta participación no sólo se ha consolidado e incrementado tras casi diez años de trabajos, sino que además, el modelo se está utilizando ahora en la puesta en práctica de la reforma de la oficina judicial. 

- ¿Qué opinión le merece LEXNET como sistema de gestión de notificaciones telemáticas entre los juzgados y los profesionales en el ámbito de la Justicia? 

Muy positiva. En  mi opinión LEXNET ha sido una herramienta que ha coadyuvado de forma notable al uso cotidiano de las herramientas telemáticas en el ámbito de la justicia en los últimos años en nuestro país. Esta aplicación del Ministerio de Justicia ha servido como canal para que los sistemas de gestión procesal (tanto propio como de CCAA, como es el caso de Temis2 en Cataluña) pudieran hacer llegar telemáticamente a los profesionales, notificaciones de resoluciones elaboradas en estos sistemas de gestión procesal, así como verificar acuses de recibo, fechas de lectura o cancelaciones.   

Un problema -que no es ajeno a otras aplicaciones- es que con el transcurso del tiempo se ponen de manifiesto nuevos inconvenientes, derivados de la rápida evolución de las tecnologías y rápida obsolescencia de las aplicaciones existentes, junto al notable incremento de los volúmenes de información electrónica a transferir. La sobrecarga en la transmisión puede ralentizar el servicio. Lo anterior acaba afectando al dimensionamiento y la capacidad de procesamiento que repercute en las tareas en tiempo real, siendo, desde el punto de vista tecnológico, un reto en relación con el intercambio de información. 

- El proyecto del expediente electrónico judicial se está demorando “más que las obras de El Escorial”, que diría un castizo. A su entender ¿cuánto en su demora obedece a razones o dificultades técnicas  y cuánto a conveniencias políticas o de otra índole? 

Hay muchos factores determinantes que condicionan el avance, y que no están resueltos aún. En un grado importante es condicionante la propia la cultura e idiosincrasia del ámbito judicial, especialmente conservador con gran resistencia a los cambios. La estrategia y la preparación para avanzar en las diferentes dimensiones de la interoperabilidad es un aspecto también clave, y aún no se ha alcanzado el nivel de madurez necesario. A ello hay que sumar la compleja configuración y actores que intervienen y que afecta a la organización y competencias en materia de justicia, donde todos los actores deberían avanzar en cooperación. En este sentido, entiendo un acierto figuras como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, aunque los resultados dependerán de cómo se articule su funcionamiento, y el alcance del mismo en el futuro. 

A lo anterior hay que sumar las necesidades del rediseño de procesos, de redefinición de funciones de las personas, o la confluencia con el cambio dado por la modificación de 2003 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde además aparece un rediseño de la oficina judicial. Todos estos factores, acaban impactando en el expediente judicial electrónico, pero no son los únicos. Obviamente, la agenda política es un factor determinante y la legislación tiene especial relación con ello. Así, es preciso señalar que no se prepara un marco relativamente adecuado  para comenzar a avanzar de forma sostenible en esta dirección, hasta la Ley 18/2011 Reguladora del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. 

Como he mencionado previamente, abordar el expediente judicial electrónico requerirá de una perspectiva estratégica mucho mayor, quizá a través de un pacto de Estado y una hoja de ruta realista que garantice un avance sostenido entre legislaturas, ya que sus condicionantes y requisitos vendrán dados en cascada (y no afectan solamente a justicia). En este sentido, parte de ellos vendrán determinados por la formación y aptitudes transversales de los actores y operadores jurídicos en el ámbito TIC, la normativa para el proceso judicial electrónico que, a su vez, determinará el expediente judicial electrónico que, a su vez, será fruto de una configuración electrónica de informaciones (documento electrónico), el cual vendrá dado por la configuración de datos electrónicos (cuyo orden y secuencialidad puede implicar información distinta y, por tanto, con implicaciones jurídicas diferentes). Lo anterior, requiere además de estructuras de la información y el conocimiento que permitan un procesamiento ágil y ofrezcan resultados de forma instantánea. 

- Podría definirnos en qué consiste la interoperabilidad en el plano de la e-Administración. Y ya puestos en vista del poco éxito del e-DNI y las dificultades en el arranque/implantación de la firma digital ¿por qué no se dota a cada ciudadano con una cuenta personal de correo electrónico oficial (gubernamental) que permita la comunicación bidireccional con todas las administraciones de una forma cómoda, fácil, ubicua y segura? 

La interoperabilidad es el principio gracias al cual, por ejemplo, al generarse la información de una resolución firme penal en un sistema informático determinado (por ejemplo, el de los juzgados en una CCAA) automáticamente se propagaría y cumplimentaría en otros sistemas que lo requieran en el resto del Estado (por ejemplo, las bases de datos de la Policía o del SIRAJ), evitando que se tenga que repetir el trabajo de introducir manualmente la misma información en otros sistemas informáticos de otros organismos. La interoperabilidad permite desde el mero intercambio de información, hasta la oferta de servicios altamente complejos. 

Utilizando una definición cercana, la interoperabilidad es la capacidad de organizaciones (que no sistemas informáticos) diversas (léase Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados, etc.) para interactuar entre sí, con vistas a alcanzar objetivos comunes mutuamente beneficiosos (por ejemplo, eficiencia en las tareas que les son propias, como reducción de tiempos), a través de la puesta en común de información y conocimiento entre dichas organizaciones, gracias al intercambio de datos entre sus sistemas TIC respectivos. La interoperabilidad a fecha de hoy debe ser aceptada como un Principio clave, transversal, que tiene impacto en todos los ámbitos en la administración pública, y cuya gobernanza es crítica. El ámbito de la justicia no es una excepción. Bien al contrario, en ocasiones podría ser incluso más necesario, si cabe. En el fondo, estamos hablando de optimizar los recursos públicos.

Por lo que respecta a la firma digital, las cuentas personales de correo, etc. hay que pensar también en las consecuencias jurídicas de las diferentes opciones y, por tanto, su viabilidad. Ya existe la vía del e-mail desde hace tiempo facilitada por algunas administraciones. Sin embargo, no puede ser obligatorio ya que, por un lado, desde una perspectiva social y de la ciudadanía, es preciso tener en cuenta que aspectos como la brecha digital o un bajo grado de alfabetización digital, podría suponer indefensión para el ciudadano. Por otro, el uso de esta vía es factible además solo cuando hay unas garantías de seguridad mínimamente aceptables y, en muchos casos, son dependientes de la voluntad del usuario para su acreditación. 

- Cada vez se habla más del e-Government y la e-Democracia y como este año es un año de elecciones, es por ello que muchos nos preguntamos por qué no contamos a estas alturas del siglo XXI con la posibilidad de ejercitar el voto electrónicamente. ¿Qué pasos hemos de andar aún para lograrlo? 

Es importante decir, que hay muchas dudas en cuanto a los beneficios que acarrearía este modelo, frente al modelo actual. Por ejemplo, desde un punto de vista socio-político, la brecha digital y la inclusión del conjunto de la ciudadanía, pero también las dudas sobre la mejora que su implementación supondría para los procesos electorales o la participación política (y, por supuesto, la aceptación del cambio de modelo y reconocimiento por parte de la ciudadanía). 

Desde un punto de vista técnico, asimismo, son también determinantes cuestiones como la viabilidad económica a gran escala relacionada con la infraestructura, la encriptación, los problemas de verificabilidad dependiendo del entorno de ejercicio del voto, y la seguridad y fiabilidad del sistema técnico, 

Todo lo anterior, por último, queda especialmente vinculado a la complejidad que desde el punto de vista normativo supondría, alcanzar todas las garantías requeridas bajo el paraguas de una adecuada legislación. 

En definitiva, existen importantes condicionantes jurídicos, políticos, sociales o económicos, que no son menores. Para llevarlo a cabo, distintos países han creado organismos y comisiones para trabajar específicamente sobre este tema. En este sentido, por ejemplo, la Comisión de Democracia Electrónica del Reino Unido, se plantea poder llevarlo a cabo en torno al año 2020. 

- A buen seguro habrá oído hablar y conocerá el Proyecto Watson de IBM (sistema de tecnología cognitiva e inteligencia artificial) y su potencial en el ámbito del Derecho en tanto en cuanto podrá sustituir en pocos años a los abogados a la hora de aportar sin error respuestas jurídicamente fundadas. Cree usted que el Proyecto Watson aplicado al ámbito de la Justicia podría sustituir algún día a los jueces y con ello erradicar la enorme inseguridad jurídica que supone que ante planteamientos similares existan resoluciones diversas como viene ocurriendo en nuestro sistema judicial? 

En el caso de Watson en el terreno jurídico, éste es la infraestructura que se está usando para experimentos como ROSS, un “abogado” basado en inteligencia artificial. Aunque es cierto que puede ser explotado en muchos ámbitos y significar un avance importante en el razonamiento jurídico, no creo que la inteligencia artificial pueda (ni deba) substituir a los jueces o a los abogados. Ahora bien, sí que ayudará a hacer más accesible y transparente la ley y el derecho. Creo que la inteligencia artificial está suponiendo un cambio importante –aún incipiente- en el mundo jurídico, que puede ayudar a incrementar la calidad del servicio público de la justicia. El razonamiento automatizado y la inteligencia artificial requieren, entre otros, de información estructurada con unas características especiales, que permite a la máquina realizar inferencias. En este sentido, los trabajos que están llevando a cabo universidades como Stanford o el MIT en campos donde están confluyendo el mundo del derecho y la tecnología, son francamente interesantes. Están emergiendo nuevos modelos de negocio en el campo jurídico que están ayudando a conseguir ya una justicia más accesible, a la par que incrementando la calidad de los servicios. Este es el caso, por ejemplo, del software de detección de fallos contractuales o inconsistencias (Legal Analytics & Prediction). 

- Recientemente usted ha desarrollado una importante labor investigadora centrada en las posibilidades de la tecnología en el acceso a la justicia y la transparencia para lograr una Justicia abierta y próxima.  ¿Qué principales recomendaciones propone usted en este sentido? 

Son extraordinarias las potencialidades de la tecnología como palanca de cambio para solucionar de forma definitiva acuciantes problemáticas en este ámbito. La investigación explora el posible encaje de principios relacionados con la filosofía del Gobierno Abierto (Open Government) para ser aplicados en la medida de lo posible al ámbito de la justicia -principalmente participación, colaboración y transparencia-. 

Sin embargo, para romper la brecha –cada vez mayor- existente entre justicia y sociedad, el planteamiento inicial debe ser, ante todo, estratégico. Ante la evolución experimentada por nuestra sociedad, entre otras recomendaciones, se ve necesario el impulso de una política de Estado con una hoja de ruta orientada a “re-inventar” realmente la justicia. Para su estudio, articulación y posterior puesta en práctica, son necesarias nuevas iniciativas y la innovación es un aspecto fundamental. La creación y encaje adecuado de un centro de innovación en justicia en España, permitiría articular nuevas soluciones en este sentido. 

Los resultados íntegros de la investigación pueden encontrarlos en el informe “Justicia abierta: transparencia y proximidad de la justicia dentro del actual contexto de Open Government” sobre el que se puede leer más aquí http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/e-administracion/Informe-Justicia_Abierta-Generalitat_0_813750036.html

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