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Los ciberpolicías

La revolución tecnológica ha supuesto muchos cambios a nivel global, incluidos los relativos a la normativa en materia de ciberseguridad. En este contexto nace el papel del ciberpolicía.

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Álvaro Écija, Socio Director de Ecix Group, analiza en su blog esta controvertida figura dedicada a contralar la seguridad en internet.

Para acceder al texto del post clique en el presente enlace

(Fuente de la noticia: Blog de Álvaro Écija)

A mayor abundamiento: 

Tal como contempla el Memento Procesal Penal cuando trata en sus marginales 5135, 5137, 5139, 5141, 6240 y 6315 los temas regulados en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre técnica probatoria criminal - como son los de la apertura de los archivos y el uso de agente encubierto-, cabe apuntar en este orden de cosas y al hilo de las cuestiones abordadas en el meritado post, lo siguiente: 

Apertura de los archivos 

El control posterior de la entrada y registro informático se produce con la apertura y desprecinto de la documentación que se halle en el registro que ha de realizarse en presencia del secretario judicial, de modo que hay que diferenciar entre el mero volcado informático (volcado de la CPU, utilizando un software que garantice la integridad y autenticidad de la información «volcada»), como simple copia de seguridad, de la apertura de los e-mails u otro tipo de mensajes electrónicos, que, como ocurre con las cartas, la correspondencia, etc., a la que lógicamente ha de equipararse, y por exigirlo así la LECr art.579 a 588 de la misma, debe ser realizada en presencia judicial con citación del interesado por si quiere presenciarlo, y haciendo constar su resultado por diligencia que será firmada por todos los interesados (TS 16-7-02, EDJ 33093). 

La Ley de enjuiciamiento criminal se refiere a la práctica de las pruebas periciales necesarias, al menos, en cuatro momentos distintos de la instrucción:

- en las diligencias de prevención y primeras diligencias (LECr art.13, 282 y 770.3);

- como recogida del cuerpo del delito (LEcr art.334 s);

- como diligencia pericial propia de la instrucción (LECr art.456 s.);

- como prueba pericial anticipada. 

Las dos primeras tienen un inequívoco carácter de urgencia. La recogida de muestras en la investigación de delitos medioambientales, de ordinario, se efectúa antes del inicio de la causa penal, y se efectúa por personal cualificado de la Administración correspondiente, que posteriormente remite su resultado al órgano judicial correspondiente. De no actuar así, teniendo que esperar a que el juez acuerde la recogida de muestras y su análisis, ello daría lugar a concebir el delito medioambiental como de imposible ejecución, pues cuando llegue el perito a recoger la muestra el causante del daño si no está lejos, ciertamente habrá hecho desaparecer todo vestigio, y ello contribuirá, y muy negativamente, a incrementar la sensación de impunidad que existe en relación a estos delitos. 

Ello no es obstáculo para que el imputado o imputados, una vez identificados puedan tomar razón y conocimiento de la analítica efectuada, y poder solicitar contra-informes en otros laboratorios, y contradecir las conclusiones de los peritos. 

Agente encubierto 

Se prevé una figura, auspiciada por convenios internacionales, por la que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada , el juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al juez, pueden autorizar a funcionarios de la policía judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, para actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos (LECr art.282bis). 

La identidad supuesta  será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de 6 meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. 

Tales delitos son, resumidamente, todas aquellos vinculadas a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de órganos humanos, al secuestro o trata de seres humanos, a la prostitución, en ciertos tipos contra el patrimonio, incluyendo el blanqueo, a delitos vinculados a la propiedad intelectual o industrial, contra los derechos de los trabajadores, los ciudadanos extranjeros, el tráfico de especies, de material nuclear, de armas, contra la salud pública, de falsificación de monedas, de terrorismo o contra el patrimonio histórico (CP art.282 bis.4). 

Es de destacar por tanto, que la aplicabilidad de esta figura a estos delitos se circunscribe al delito de tráfico de flora y fauna terrestre (CP art.332 y 334) y que exige los demás requisitos propios de esta figura: que se configure como un fenómeno de delincuencia organizada por medio de la asociación de tres o más personas, para ejecutar dicho delito de forma permanente o reiterada.

El patrimonio histórico solo se protege mediante esta diligencia en cuanto el hecho delictivo consista en el tráfico internacional ilícito del mismo (por remisión al contrabando). 

El Agente encubierto se trata de una figura, auspiciada por convenio internacionales, por la que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada,  el juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a funcionarios de la policía judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, para actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. 

PRECISIONES:

1)  Resumidamente estos delitos  todos aquellas vinculados a organizaciones criminales relacionados con tráfico de órganos humanos; secuestro o trata de seres humanos; prostitución; ciertos tipos contra el patrimonio incluyendo el blanqueo; contra la propiedad intelectual o industrial; contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros; el tráfico de especies, de material nuclear y de armas; falsificación de monedas; terrorismo; contra el patrimonio histórico; y contra la salud pública (LECr art.282 bis.4).

2)  La regulación de la LECr art.282 bis tiene su antecedente en el Derecho alemán. 

Requisitos formales 

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. 

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. 

Esta es una técnica de investigación contra delincuencia organizada , definida por la asociación de tres o más personas para realizar de forma permanente o reiterada, conductas delictivas. Ahora bien, esa organización es un juicio «ex ante» que debe realizarse para motivar la resolución y no necesariamente debe resultar ex post (TS 3-10-07). 

Diferencias con supuestos afines 

El agente encubierto, en nuestro ordenamiento será el policía judicial, especialmente seleccionado, que bajo identidad supuesta, actúa pasivamente con sujeción a la Ley y bajo el control del juez, para investigar delitos propios de la delincuencia organizada y de difícil averiguación, cuando han fracasado otros métodos de la investigación o estos sean manifiestamente insuficientes, para su descubrimiento y permite recabar información sobre su estructura y forma de operar, así como obtener pruebas sobre la ejecución de hechos delictivos. Es preciso diferenciar esta figura del funcionario policial que de forma esporádica y aislada y ante un acto delictivo concreto oculta su condición policial para descubrir un delito ya cometido o cuando un funcionario policial lleva a cabo tareas de investigación antes de llegar a tener el carácter que regula la LECr art.282 bis (TS 25-6-07, EDJ 104570; 6-2-09, EDJ 25544), lo que no implica que no pueda servir válidamente como testigo respecto de lo visto y oído en tiempo anterior lo que diferenciará uno y otro tiempo, es que la exención de responsabilidad penal, para actividades dotadas de proporcionalidad con la finalidad de la investigación y que no constituyan provocación al delito, no será aplicable al periodo previo (TS 29-12-10, EDJ 279606).

Más información publicada en LAW & TIC sobre el tema:

- Noticia: La Comunidad de Madrid desarrollará un proyecto internacional de investigación sobre ciberseguridad

- Noticia: El ministro del Interior destaca que el ciberdelito es ya la tercera forma delictiva a nivel mundial

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