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SOPA y PROTECT IP amenazan Internet

Los dos proyectos de ley norteamericanos que apuntan a Internet, SOPA y PROTECT IP, tienen como objetivo acabar con las webs que, sin pagar las tasas correspondientes, faciliten contenido con derechos de autor, lo que pone en alerta a portales y usuarios de todo el mundo. La distribución de estos contenidos se convertiría en crimen, con penas de hasta cinco años de prisión.

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La Stop Online Piracy Act (SOPA) y la Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property (PROTECT IP), son las dos caras de una misma moneda, la de la lucha contra la piratería en Internet por parte del gobierno norteamericano. Ambas son aún proyecto de ley, no están aprobadas y por tanto no tienen una aplicación inmediata, pero su sola mención hace que se tambaleen los cimientos de la Red de Redes.

Aunque la que más esté dando que hablar últimamente sea SOPA, lo cierto es que es posterior a su correspondiente proyecto de ley ante el Senado, PROTECT IP, introducido por Patrick Leahy el pasado 12 de mayo, mientras que la entrada de SOPA en la Cámara de Representantes estadounidenses a cargo de Lamar Smith data del 26 de octubre. Hay que resaltar que en ningún caso son propuestas novedosas, ya que SOPA tiene una estructura similar al Acta PRO-IP del año 2008 y Protect IP se basa en el rechazado proyecto de ley de 2010, Combating Online Infringement and Counterfeits Act, también conocido como COICA e introducida igualmente por Patrick Leahy.

Las líneas maestras de los proyectos actuales, SOPA y PROTECT IP, son que de entrar en vigor se permitiría que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como los propietarios de derechos intelectuales pudiesen obtener órdenes judiciales contra las webs que infringiesen los derechos de autor. Dependiendo de quien sea el que solicite la orden judicial, las acciones contra el sitio web podrían incluir la restricción al acceso a empresas que den un servicio de facilitación de pago, las que ofrezcan dinero a cambio de colocar publicidad online, restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios o el requerimiento a los proveedores de internet para que bloqueen el acceso a dichas webs. Además, el streaming de contenidos con copyright que no haya sido autorizado se convertiría en crimen, con una pena máxima que podría llegar a los 5 años de prisión.

Como toda medida que puede suponer un cambio para millones de personas, se ha generado polémica y las reacciones se suceden, tanto a favor como en contra. Así, se ha hecho público un documento en el que aparecen las 142 empresas que apoyan SOPA, entre las que se encuentran Sony Music Entertainment, ESPN, Warner Music o Viacom. Destacable es la ausencia de BSA (Business Software Alliance), entre cuyos 35 miembros figuran Apple y Microsoft. Por el contrario, los movimientos de denuncia hacia SOPA y las 142 empresas que la apoyan no se han hecho esperar y ya se proponen varias formas de boicot.

Tras el periodo navideño se retomará el debate en el Congreso, aunque por el momento se desconocen fechas concretas a una posible resolución final. Lo que sí se conoce es que la implementación de PROTECT IP está estimada en un coste para el gobierno federal de unos 47 millones de dólares, allá por el año 2016.

Aunque la ley, de aprobarse, sería aplicable sólo para EEUU, repercutiría de forma definitiva en el resto de mercados por el gran número de servidores, buscadores, webs y portales que operan en Norteamérica, además de que se reforzarían leyes contra websites extranjeras.

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